La gran distribución pide beneficiarse de las moratorias fiscales aprobadas para las pymes
La patronal Anged dice que los estímulos fiscales tienen que "llegar al conjunto del tejido productivo, no sólo a pymes y autónomos"
La gran distribución vuelve a reclamar al Gobierno medidas para mitigar el impacto que el estado de alarma está teniendo en sus negocios, que ha provocado el cierre temporal de la gran mayoría de sus tiendas. La patronal de El Corte Inglés, Carrefour o Ikea, Anged, ha insistido hoy en que las medidas tomadas por el Gobierno para paliar la situación en las grandes empresas son insuficientes, si se comparan con las que han acometido otros países del entorno durante esta crisis.
"El paquete de estímulos fiscales tiene que llegar al conjunto del tejido productivo, no sólo a pymes y autónomos", reclama la asociación, que insiste en que "si se debilita la posición de las grandes empresas, también lo harán sus cadenas de producción y valor, de las que dependen miles de pymes".
Anged pide al Gobierno que impulse "beneficios fiscales" como los que ya se han tomado en Francia, Alemania, Italia o Portugal, así como "rebajas en las cotizaciones sociales para amortiguar la pérdida de empleos". Respecto al primer punto, la asociación apunta que hasta 22 países en Europa han extendido los plazos para el pago de los impuestos a todo tipo de empresas, tanto grandes como pequeñas, ya sea a través de la ampliación de los tiempos para presentar los impuestos o con la suspensión de los mismos. En España, las moratorias de impuestos se han dirigido a las pymes que facturen hasta 600.000 euros, una medida que se dirige a 3,4 millones de empresarios. A través de valoraciones del vicepresidente de CEOE Íñigo Fernández de Mesa, Anged recoge que el grado de respaldo a las empresas a través de moratorias fiscales y apoyo en liquidez en Francia equivale al 23% del PIB, el de Alemania, al 60% o el de Italia, al 21%, mientras que en España alcanza el 11%.
También reclaman el aplazamiento o suspensión de las cotizaciones sociales que se ha acometido en Francia, donde se han diferido los pagos, o en Italia, donde se han suspendido las cotizaciones para los sectores afectados por el confinamiento entre marzo y abril.
La gran distribución facturó el año pasado un total de 250.000 millones de euros en España. Esta pide que el Estado amplíe los avales para acceder a la financiación bancaria para aliviar los problemas de liquidez de las empresa; o suspender el pago de tributos y bonificaciones fiscales en el IVA, IRPF o las cotizaciones a la Seguridad Social "en aquellos sectores y empresas más golpeadas por el descenso de la actividad".
Además, afea al Gobierno "no haber tomado apenas medidas en este sentido" mientras que "la mayoría de las CC AA (15 hasta la fecha) han ampliado plazos de presentación de autoliquidaciones de pagos de tributos propios y cedidos".