Seguridad Social

La ley dejará fuera del ingreso mínimo a los propietarios de casas de alto valor

La nueva prestación empezará beneficiando, de oficio, a 100.000 familias vulnerables que no tendrán ni que solicitar la ayuda

El Ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá.
El Ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá.

El Gobierno quiere cumplir su compromiso de aprobar el ingreso mínimo vital en mayo. Por ello, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que es el máximo responsable de su diseño, confirmó ayer en RNE que será el último Consejo de Ministros de este mes, del próximo día 26, el que aprobará el real decreto que recoja esta nueva prestación asistencial.

Tal y como anunció la semana pasada el vicepresidente de Políticas Sociales, Pablo Iglesias, la intención del Ejecutivo es que esta ayuda se empiece a cobrar tan pronto como se apruebe, sin esperar a junio. Así, Escrivá detalló ayer que “de manera inmediata” será cobrada por alrededor de 100.000 familias. Si bien llegará a más de un millón de hogares cuando esté plenamente implantada. Inicialmente, esta ayuda podría arrancar en unos 460 euros por familia y se incrementaría si hay más adultos sin ingresos y por cada niño, aunque son cifras que quedan por cerrar con las comunidades.

Según explicaron fuentes conocedoras del diseño de esta prestación, el cobro por parte de este primer grupo de 100.000 hogares se hará “de oficio”, sin necesidad siquiera de que tengan que hacer la solicitud. Esto podrá ser así porque se trata de familias a las que ya se tiene detectadas que cumplen los requisitos.

Pero el resto sí deberá solicitarla, aunque aún no se conoce a través de qué organismos tendrá que pedirse. Escrivá solo reiteró que se tratará con seguridad de una fórmula “multicanal” para asegurarse que llega a familias o personas que, por ejemplo, no se relacionan con las Administraciones públicas. De hecho, aseguró que en otros países con ayudas similares han visto que un porcentaje significativo de hogares que lo necesitan no la piden por su situación de marginalidad.

Test de patrimonio neto

En cuanto a los requisitos para solicitar la renta mínima que ya han trascendido está el tener al menos 23 años y acreditar ausencia de ingresos o rentas bajas (aún por determinar), incluyendo un “test de patrimonio neto”. Este test, según explicó ayer Escrivá, tendrá en cuenta los activos de la familia menos su deudas. Aunque de esta evaluación del patrimonio se excluirá la vivienda habitual hasta un determinado valor que aún no se ha concretado.

Esto quiere decir que la ley fijará un valor medio de vivienda habitual por encima del cual, los propietarios quedarán fuera de esta ayuda asistencial, al entender la Administración que podría utilizar su vivienda como herramienta financiera para obtener ingresos necesarios para vivir en ausencia de otras rentas. Si bien, el precio de la vivienda es muy diferente según las zonas. Según quienes están diseñando esta renta, serán una minoría muy pequeña quienes queden fuera de esta ayuda por el valor de su vivienda habitual.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) será quien controlará que los beneficiarios cumplan los requisitos y comprobará que los hogares sean reales, es decir, que no se generen de forma “espuria” para cobrar la renta mínima. Para verificar dicha realidad usarán el libro de familia o el padrón.

La prestación será compatible con otras rentas mínimas autonómicas o con rentas salariales de un empleo a tiempo completo o parcial, siembre que no supere el umbral mínimo de rentas que se determine para su acceso. Y, sobre todo será complemento de los empleos de “baja intensidad”, que son aquellos que se producen de forma esporádica. No obstante, aún quedan flecos por cerrar respecto a si será compatible, por ejemplo, con la renta activa de inserción o el subsidio agrario de Extremadura y Andalucía.

Cuando esta nueva ayuda esté plenamente implantada supondrá un coste presupuestario de más de 3.000 millones de euros, que se financiarán con impuestos, como el resto de las prestaciones asistenciales.

Por otra parte, Escrivá sugirió que la prestación extraordinaria por cese de actividad para los autónomos se mantendrá hasta el 30 de junio y se verá como extenderla más allá para algunos sectores, como el turismo. Esta ayuda que cobran 1,3 millones de autónomos está vigente ahora hasta el último día del mes que finalice el estado de alarma.

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