El ingreso mínimo empezará a cobrarse en junio y costará 3.000 millones al año

La Seguridad Social destinará unos 6.500 millones hasta finales de mayo para costear exoneración de cuotas, ayudas a autónomos y moratorias de pago

José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones durante la rueda de prensa telemática con motivo de los datos de afiliación de abril de 2020.
José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones durante la rueda de prensa telemática con motivo de los datos de afiliación de abril de 2020.

El nuevo ingreso mínimo vital para un millón de hogares en los que residen tres millones de personas sin ingresos o rentas bajas se aprobará en el consejo de ministros en la segunda mitad de mayo, de forma que los primeros beneficiarios puedan empezar a cobrar esta nueva prestación de la Seguridad Social ya en el mes de junio. Así lo ha confirmado hoy el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, al tiempo que ha cifrado el coste de esta nueva prestación del sistema en 3.000 millones anuales, cuando esté plenamente implantada.

Escrivá no ha dado más detalles de este nuevo ingreso salvo que existirá un mínimo nacional común para todo el territorio y que será compatible con determinados umbrales de ingresos bajos en familias vulnerables, como ya había explicado antes, pero aún se desconocen las cuantías de dicho mínimo estatal o de los umbrales de renta con los que se podrá compatibilizar.

Sí precisó que en el diseño de esta nueva prestación de la Seguridad Social, los técnicos está "explorando un sistema multicanal de solicitudes" para poder llegar a colectivos que no acceden a las ayudas públicas por no tener ni acceso a los canales habituales de las Administraciones.

Escrivá hizo estas declaraciones durante la rueda de prensa en la que ha detallado los datos de afiliación a la Seguridad Social en abril, cuando según ha detallado se ha estabilizado el mercado laboral frenando la destrucción masiva de empleo, ya que en el mes el sistema apenas ha perdido 49.000 cotizantes, debido fundamentalmente al dique de contención que han supuesto los Expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que afectan a 3,4 millones de personas, según se ha sabido también hoy.

Precisamente, el titular de Seguridad Social ha destacado que hay 5,8 millones de personas afectadas por la crisis del Covid-19 que reciben rentas del sistema de protección social. Se trata de los citados 3,4 millones de afectados por ERTE, 1,4 millones de autónomos que recibirán la prestación extraordinaria por cese de actividad (ya la cobran 1,2 millones, ha precisado) y 950.000 trabajadores temporales que perdieron su ocupación en marzo fundamentalmente y reciben la prestación por desempleo. A este amplio colectivo se deben sumar los dos millones de perceptores de ayudas por desemplo que ya las cobraban antes de la crisis.

Por lo que respecta a la Seguridad Social exclusivamente, sin contar la nómina de las prestaciones por desempleo, Escrivá ha cifrado el esfuerzo financiero del sistema para mitigar la crisis en unos 6.500 millones de euros entre el 12 de marzo y lo previsto hasta final de mayo. Esta cantidad está formada fundamentalmente por las exoneraciones de cotizaciones a empresas con ERTE de fuerza mayor, el pago de la prestación extraordinaria por cese de actividad a autónomos y unos 750 millones de liquidez por las moratorias y aplazamientos de pago de cotizaciones solictadas por las empresas.

Además de comentar los datos de afiliación, el ministro ha avanzado otras cifras que se están produciendo en el registro de la Seguridad Social en los días que llevamos de mayo, fundamentalmente ayer, primer día laborable tras el puente, que apuntan a lo que ha llamado "normalización" y estabilización del mercado de trabajo. Ha señalado, por ejemplo, que en estos días el número de cotizantes ha aumentado en 85.000 personas y se han reincorporado a la actividad 30.000 trabajadores que estaban afectados por un ERTE.

No obstante, Escrivá ha llamado también la atención sobre el hecho de que la mitad de las personas que ha perdido su empleo en esta crisis tenían menos de 35 años y casi el 80% de todos los que se han quedado en paro tenían un contrato temporal. Por ello ha urgido a la necesidad de abordar "esa gran reforma laboral contra la precariedad".

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