Hacen falta 50 presas nuevas para afrontar un porvenir con menos lluvia

Los expertos piden mayor mantenimiento de las presas y una agencia de seguridad que vele por su buen estado

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La presa de Santomera, en Murcia, tuvo que abrir sus aliviaderos tras las lluvias torrenciales que afectaron a la zona el pasado septiembre.

Estos son algunos de los efectos del cambio climático en España: llueve cada vez menos; en algunos sitios, cuando lo hace, es de manera torrencial y provoca inundaciones, y los periodos de sequía son cada vez más largos.

Recoger este agua que cae de forma escasa o desmesurada, y evitar que se pierda, es un objetivo primordial para afrontar un futuro con garantías para el abastecimiento humano, el riego, la producción de energía o usos industriales.

El cambio climático obliga a replantearse todas estas obras

“Necesitamos construir al menos unas 50 grandes presas más en España”. Con esta rotundidad se expresa Carlos Granell, secretario general del Comité Nacional de Grandes Presas, un organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica. Su titular, Teresa Ribera, declaró el pasado mes de septiembre en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados que no era partidaria de incrementar las obras hidráulicas a no ser que fuera necesario.

Estos nuevos embalses, que vendrían a unirse a los más de 1.300 que ya existen, deberían hacerse, según Granell, en todo el país, pero sobre todo en aquellos lugares “donde llueve poco y en un periodo corto de tiempo”. Son las zonas donde hay con regularidad ciclos de sequía e inundaciones, lo que “denota que faltan estas infraestructuras”.

El objetivo primordial es recoger el agua que cae de forma desmesurada o escasa y evitar que se pierda para el consumo

Menos taxativa es Marisol Martín-Cleto, la presidenta de Fidex, la asociación que engloba a las principales empresas de ingeniería civil. Es también partidaria de hacer nuevas presas, “deberían ser parte de la solución”, pero se inclina por impulsar un plan de mantenimiento y conservación. “Deberían tener una supervisión más severa”, dice, y recuerda que algunas tienen ya muchos años. El último plan se hizo para el periodo 2006-2010.

Martín-Cleto advierte de que estas revisiones se realizan, “pero no siempre con la periodicidad” requerida, y pone el acento en la titularidad. “A veces el titular de las presas no tiene el dinero para hacerlo”, añade Granell. Un 46% son de compañías hidroeléctricas, un 28% del Estado y un 26% de particulares (datos de Fidex). Ambos coinciden, sin embargo, en que no hay actualmente ningún riesgo de rotura de ninguna de estas construcciones.

Invertir en mantenimiento y mayor seguridad es también la apuesta de Francisco Javier Martín, director de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid. Señala a la crisis económica como la causante del descenso importante de la inversión en estos aspectos y reclama “una mayor dotación” presupuestaria.

Para solventar esta situación, la presidenta de Fidex propone la creación de una agencia de seguridad de las presas, que vigile su estado y haga cumplir las obligaciones a sus titulares. El Gobierno, por su parte, tiene previsto aprobar en 2020 un real decreto con las normas técnicas de seguridad que deben cumplir las presas.

También los regantes

Los regantes se muestran preocupados por la política hidráulica, tanto en España como en la Unión Europea. El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), Andrés del Campo, no comparte la teoría del ministerio de que España “es un país hidráulicamente maduro que no necesita más infraestructuras”. Tampoco la de la UE, a la que acusa de estar en contra de las obras de regulación, “como si estuvieran pasadas de moda”, dice.

Del Campo defiende la elaboración de un plan nacional de infraestructuras hídricas. A su juicio, “van a ser más necesarias que nunca” para mitigar los efectos del cambio climático y las menores lluvias.

Las normas según el riesgo

Tres clasificaciones. Las grandes presas se clasifican en tres tipos. A, B y C, dependiendo del riesgo que su funcionamiento incorrecto tiene para las personas y bienes aguas abajo.

Más inspecciones. Los embalses clasificados en el grupo A están obligados a un mayor mantenimiento e inspecciones. El explotador tiene que elaborar un informe anual. Un consultor independiente debe hacer un examen cada cinco años. Y ha de haber una inspección si se ha producido un evento extraordinario, como un terremoto o una DANA.

Planes y presupuesto. El último plan de mantenimiento destinó un total de 138 millones de euros para la conservación.

Fenacore quiere aprovechar que está próxima la finalización del segundo ciclo de planificación (previsto para 2021), para “coordinar, ajustar y prever” en un nuevo plan hidrológico todas las obras recogidas en los proyectos de las 25 demarcaciones demográficas (algunas de ellas se vienen arrastrando desde hace años) y “terminar algunas de esas infraestructuras en las cuencas que son deficitarias”, prácticamente todas. 

Con estas medidas y obras se culminaría la planificación hidrológica nacional, según Del Campo. Pero no mantiene muchas esperanzas de que se pueda hacer lo que propone, ya que denuncia que el problema del agua en España “viene de la contaminación política. El agua ya no es de todos los españoles, sino del que la tiene más cerca”, concluye.

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