Concesiones para un país sediento de inversiones

El dinero privado podría reducir el déficit en infraestructura

El sector pide tarifas razonables y un retorno atractivo

Día Mundial del Agua
Estación depuradora de La Cartuja, en Zaragoza, que opera Veolia.

El desafío lanzado este año por Naciones Unidas con ocasión del Día Mundial del Agua es: “No dejar a nadie atrás”, para recordar que dos millones de personas viven todavía sin este servi­cio básico. En España, la cobertura es universal y sus 225.000 kilómetros de redes de distribución podrían dar la vuelta a la Tierra cinco veces y media. Así que el problema no es el acceso, sino el estado de las instalaciones.

El 39% de las tuberías de suministro y el 58% de las de alcantarillado tienen más de 30 años, según la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS). A pesar de su antigüedad, solo el 0,6% de las redes de agua potable y el 0,38% de las de desagüe se renovaron en el último año.

“En el caso de las líneas de distribución, eso nos lleva a una vida útil de más de 160 años, cuando lo óptimo serían 50, y en las de saneamiento, a más de 260, cuando debería estar en el entorno de los 70”, advierte Pablo Sáez, director gerente de la Asociación de Empresas de Construcción y Explotación de Infraestructuras (Acex).

“Lo deseable sería que las tuberías se renueven cada 50 años en función de las características del terreno y del agua. Sin embargo, la mayoría de las poblaciones españolas están muy lejos de esa cifra”, confirma Manel Poch, investigador del departamento de Inge­niería Química, Agraria y Tecnología Agroalimentaria de la Universitat de Girona.

El deterioro de las instalaciones provoca que el 22% del recurso se pierda por fugas y que la calidad del mismo pueda verse comprometida por la entrada de microorganismos a través de las zonas de rotura. “Por desgracia, las infraestructuras están envejeciendo”, dice José Manuel Marín, director técnico de agua de Veolia España, quien, como la mayoría de expertos, achaca esta situación a la falta de inversión pública generada por las políticas de control presupuestario.

“La fuerte disminución de las inversiones públicas a partir de 2009 ha tenido una influencia negativa en la conservación de las infraestructuras; tanto, que las está poniendo en grave riesgo. Por eso, se impone revertir la tendencia y dedicar a esta labor un esfuerzo sostenido en el tiempo del 3% al 5% del PIB”, indica Antolín Aldonza, portavoz de la junta directiva de Asa­gua, asociación española de empresas tecnológicas.

Las cifras

26 euros por habitante destina España a infraestructuras hídricas, frente a los 49 de la UE, según Acex.

0,11% del PIB es lo que invierte el país en agua. Asagua pide elevarlo a entre el 3% y el 5%.

46.000 millones es lo que el Gobierno estima que hace falta invertir hasta 2023 para cumplir con Bruselas.

En 2009, la Dirección General del Agua licitó obras por 1.088 millones. Desde entonces, la inversión ha venido cayendo de manera sistemática. Este año, el Gobierno tenía previsto destinar 706 millones a infraestructuras del agua, pero el rechazo parlamentario a los Presupuestos ha obligado a prorrogar los de 2018. Con un cerrojo: para gastar por encima del 50% de los créditos asignados, los órganos rectores deben solicitar autorización a Hacienda. “Las elecciones generales de abril y las autonómicas de mayo dificultarán aún más el cumplimiento”, razona Aldonza.

De todos modos, si bien los 706 millones propuestos por el Ejecutivo saliente mejoran en un 2,5% los 689 millones de 2018, son “totalmente insuficientes”, afirma Rubén Ruiz, director de operaciones de Suez España. De hecho, recuerda que la misma Dirección General del Agua ha estimado en 46.000 millones de euros las inversiones que harán falta en infraestructura hídrica hasta 2023 para cumplir la directiva europea sobre tratamiento de aguas residuales urbanas.

La norma manda que todas las ciudades dispongan de sistemas colectores. El verano pasado, el Tribunal de la UE multó a España con 12 millones, más otros 11 por semestre de retraso derivados de una condena anterior, por incumplir el plazo fijado para poblaciones de más de 15.000 habitantes. El día que se dictó el fallo, todavía había nueve municipios que no cumplían la directiva.

“Si se tiene en cuenta la sentencia, harán falta depuradoras en todos los municipios de 15.000 habitantes que aún no cuenten con ellas, pero también en las localidades más pequeñas. Esto hace difícil calcular el número exacto de estaciones, así como la inversión necesaria, ya que no solo hay que considerar el coste de la construcción, sino también su operación y mantenimiento”, explica Marín, de Veolia.

Harán falta 650 depuradoras hasta 2027, a las que habría que añadir otras 500 de tamaño pequeño

David Casero, experto en gestión del agua de EOI

David Casero, director técnico del Máster Executive en Ingeniería y Gestión del Agua de EOI, estima que, en un primer horizonte, hasta 2027 faltarán 650 depuradoras. A estas habría que añadir otras 500 de tamaño muy pequeño. “Entre estaciones y redes de saneamiento estaríamos en una cantidad aproximada de 2.500 millones de euros”, precisa.

Para Pablo Sáez, de Acex, el auténtico problema no es cuántas depuradoras necesitamos, sino la conservación y mantenimiento de las 2.300 que ya tenemos construidas. “Solo el 25% de ellas está en buen estado, mientras que el 21% no tiene capacidad suficiente de depuración, el 31% no recibe mantenimiento adecuado –sobre todo las de municipios pequeños– y el 23% de las plantas están obsoletas”, denuncia.

El problema real no es cuántas estaciones se necesitan, sino mantener las 2.300 que ya tenemos

Pablo Sáez, director gerente de Acex

Si el Estado no suelta los fondos requeridos, ¿a qué alternativas de financiación puede recurrirse? “Nos guste o no, no queda más remedio que ir a la colaboración público-privada basada en el pago por uso que preconiza la UE”, contesta Sáez. Pero agrega que, para que esta fórmula funcione, hará falta voluntad política y un marco de seguridad jurídica que inspire confianza al inversor.

Sobre este último punto, Ruiz, de Suez, mantiene que la mejor forma de garantizar al inversor el retorno de su dinero es que el precio del servicio recoja los costes asociados. Pone como ejemplo la gestión del agua y saneamiento de Barcelona que el Ayuntamiento ha entregado en concesión a Agbar, filial de Suez, por un periodo de 35 años y cuyas inversiones la empresa amortiza vía tarifa.

Biofactoría Sur de Granada
Biofactoría Sur de Granada, que gestiona el municipio en sociedad con Suez.

Tarifas y rentabilidad

Pero el caso de Agbar es una excepción. Las tarifas varían mucho de un municipio a otro y no cubren los costes del servicio. El metro cúbico de agua doméstica en España cuesta una media de 1,84 euros (sin IVA). Acex calcula que con ese precio, uno de los más bajos de Europa, se puede disponer de 1.000 botellas de un litro, que en un supermercado costarían unos 390 euros.

Además de un precio razonable, para que los inversores privados se animen a financiar la construcción y mantenimiento de cualquier infraestructura, ya sea hídrica o de transporte, hace falta que la rentabilidad sea lo suficientemente atractiva. Según Valentín Estefanell, presidente de Fidex, foro que agrupa a las 10 principales ingenierías españolas, hay fondos de inversión extranjeros que no están dispuestos a participar en proyectos que ofrezcan un retorno por debajo del 6% u 8%.

El problema –expone– es que España aprobó en 2017 una Ley de Desin­dexación de la Economía que elimina las subidas automáticas de precios en función del IPC en el sector público, reduciendo a mínimos la rentabilidad de las concesiones. Es más, la norma especifica que un contrato de esta naturaleza a más de cinco años no puede superar el valor de la deuda del Tesoro a 10 años más un diferencial de 200 puntos básicos. Esto deja la ganancia de estos proyectos en un 2% o 3%, “lo que ahuyenta a los inversores”.

Por eso, Fidex pide al Ministerio de Hacienda que modifique el artículo 10 de esta norma, a fin de impulsar fórmulas de colaboración público-privada en infraestructuras de agua, que considera la única vía de financiación posible para poner en marcha proyectos que cifra en más de 12.000 millones de euros.

“El año pasado, la Junta de Castilla-La Mancha estuvo a punto de sacar a concurso plantas de tratamiento por 600 millones de euros, pero en el último momento tuvo que cancelarlo porque los interventores del Estado querían que el concesionario acepte como riesgo condiciones que escapan a su control”, comenta.

Argumenta que un adjudicatario puede comprometerse a garantizar la disponibilidad del servicio las 24 horas del día y que el agua cumpla ciertos estándares de calidad, pero no la cantidad de agua que llega a la depuradora, porque esta depende de variables que no controla, como los cambios demográficos, la regularidad e intensidad de las lluvias o la evolución de los planes urbanísticos e industriales. “En proyectos a 20 años, es muy difícil que un privado asuma estos riesgos”, apunta.

Corrección. Este artículo se actualizó para reflejar que la estación depuradora de Veolia que aparece en la foto principal se encuentra en Zaragoza y no en Sevilla como se indicó originalmente por error.

La lucha por un derecho universal

Trasvase Tajo-Segura
Canal del trasvase Tajo-Segura, en Albacete. Getty Images

El agua es un bien escaso por el que muchos están dispuestos a pelear, como ha demostrado la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre el trasvase del Tajo-Segura, que obliga a la Confederación Hidrográfica a fijar caudales mínimos que preserven la flora y fauna del río.

En otras latitudes, 423 millones de personas se abastecen de agua procedente de pozos y manantiales no protegidos y 152 la recogen sin tratar de lagos, estanques, ríos o arroyos, denuncia la Fundación We Are Water, que ha lanzado una campaña para promover el acceso universal a este recurso.

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