La mejor defensa reputacional ante el caso Villarejo es la transparencia

Pese a las limitaciones de la investigación, la gestión que el banco ha realizado hasta el momento de esta crisis es manifiestamente mejorable

El mercado reaccionó ayer con serenidad a la petición efectuada por la Fiscalía Anticorrupción ante la Audiencia Nacional para que esta impute a BBVA como persona jurídica en la investigación del caso Villarejo. El informe de la Fiscalía solicita investigar al banco por presuntos delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción entre los negocios entre particulares, al tiempo que se opone a la posibilidad de que este se persone como acusación particular como perjudicado por los hechos. Anticorrupción defiende que de la documentación incautada en diferentes registros, así como de la aportada por el propio banco, se puede constatar que la contratación y los pagos presuntamente ilicitos que se realizaron a la sociedad Cenyt, propiedad del entonces comisario Villarejo, afectaron a áreas sensibles de la entidad y a varios de sus ejecutivos durante un amplio periodo de tiempo. La solicitud de la Fiscalía involucra en la investigación al banco como corporación empresarial, tras haber llamado ya a declarar como imputados a nueve personas, entre ellos el exconsejero delegado, Ángel Cano, y varios directivos más.

Como señalaba ayer el banco con razón, la condición de imputado en un procedimiento penal no implica una acusación formal por la comisión de un delito, aunque sí supone la existencia de indicios que justifican esa imputación. Tanto la Fiscalía como la propia dirección de BBVA han confirmado que la entidad está colaborando activamente con la investigación judicial, una cooperación que incluye compartir los hallazgos de la investigación interna que BBVA encargó hace seis meses a Garrigues, Uría Menéndez y PwC. Esa información, como ha explicado el banco, no puede hacerse pública por el momento para no interferir con la actuación judicial, protegida por secreto sumarial.

Pese a las serias limitaciones que todo lo anterior entraña y a la primacía sin ambages de la investigación judicial sobre cualquier otro interés, la gestión que el banco ha realizado hasta el momento de esta crisis es manifiestamente mejorable. Extremos como la tardía explicación que se ha ofrecido sobre las razones que impiden hacer pública la investigación forensic transmiten la imagen de una entidad atrincherada, opaca e incluso reticente a asumir el difícil papel de impulsar unas pesquisas internas sobre hechos muy graves cometidos bajo la dirección de la anterior etapa del banco. Precisamente por esa dificultad y por el severo daño reputacional que esta causa puede provocar al banco independientemente de su desenlace, este debe adoptar un papel lo más proactivo y transparente posible en la gestión de la crisis.