La Ley de Cambio Climático prohibirá en 2040 la venta de coches que emitan CO2

Entre los objetivos está subastar 3.000 MW de renovables al año

Se prohibirá la exploración y producción de hidrocarburos

Vista de vehículos en la A-6, en Madrid.
Vista de vehículos en la A-6, en Madrid. EFE

El Ministerio de Transición Ecológica adelantó ayer las líneas generales de lo que será su propuesta de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, cuyo objetivo “es cumplir el Acuerdo de París, acelerar la plena descarbonización de la economía y la implantación de un modelo de desarrollo sostenible con empleo estable y de calidad y dé estabilidad y seguridad a los inversores”.

Con esta premisa que figura en un documento sumario elaborado por el departamento que dirige Teresa Ribera, el objetivo es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 90% en 2050 respecto al nivel de 1990 y que para ese año el sistema eléctrico funcione solo con fuentes de energías renovables.

En una primera fase, en 2030, las emisiones deben reducirse un 20%; las renovables deben representar el 35% del consumo de energía y un 70% de la generación eléctrica habrá de ser verde. Las emisiones están ahora un 17% por encima de 1990, por lo que el objetivo es reducirla en 37 puntos.

Una de las medidas más relevantes son las relativas a la movilidad. Así, se establece como objetivo para 2050 un parque de turismo y vehículos comerciales ligeros sin emisiones de CO2. Para ello, a partir de 2040 la ley no permitirá la matriculación y venta de coches que utilicen combustibles que emitan CO2 (diésel y gasolina, híbridos y butano). Además, se obligará a instalar puntos de recarga eléctrica en las estaciones de servicio, en distintos plazos y según su volumen de ventas.

El Gobierno recuerda que esta propuesta de prohibición de vender coches de carburantes en 2040 es similar a la anunciada por Reino Unido y Francia. En el caso de otros países, la meta es más ambiciosa: Dinamarca, Irlanda, Alemania y Holanda quieren lograrlo en 2030 y Noruega (productor de petróleo), en 2025.

Algunos fabricantes, tal como recuerda el Gobierno, ya han dado pasos en este sentido: Volvo solo venderá coches eléctricos a partir de 2019 y Toyota, pionero en la producción de híbridos, dejará de vender los diésel este año. Algunas comunidades autónomas se han adelantado: Baleares prohibirá los coches diésel en siete años y fija en su normativa que todo el parque sea eléctrico a mediados de e este siglo.

Hidrocarburos

En el marco de estas prohibiciones, la propuesta de Transición Ecológica es que a partir de la entrada en vigor de la ley no se otorguen en España nuevas autorizaciones para realizar actividades de exploración, permisos de investigación ni concesiones de explotación de hidrocarburos (incluido el fracking), el consumo de combustibles fósiles no contará con subsidios o incentivos económicos y se revisará “su régimen fiscal” para frenarlo. Las prórrogas vigentes de estas concesiones no podrán ampliarse más allá de 2040.

En esta línea, el Estado no realizará inversiones en participaciones o instrumentos financieros cuya actividad incluya la explotación, extracción, refinado o procesado de combustibles fósiles. Asimismo, se dará el mandato al Gobierno para que fomente el biometano y otros combustibles sintéticos de origen renovable y el de biocaburantes sostenibles en el transporte aéreo.

Por otra parte, un 20% de los Presupuestos del Estado deberán impactar de forma positiva en la lucha contra el cambio climático. Por ejemplo, se tendrá en cuenta la huella de carbono en la contratación de las Administraciones y las edificaciones nuevas que se liciten deberán ser de consumo de energía casi nulo.

Un apartado importante es el relacionado con el impulso de las energías renovables y las redes eléctricas. A través de planes quinquenales, el Gobierno impulsará la instalación de un mínimo de 3.000 MW de potencia renovable al año hasta 2030. Para ello convocará las correspondientes subastas y otorgará “nuevos instrumentos para el fomento de las renovables”. El objetivo será fijar un marco regulatorio “predecible y estable”, con simplificación de cargas y procedimientos administrativos. Las renovables tendrán prioridad en el acceso y conexión a las redes.

La planificación de las líneas de transporte de electricidad estará dirigida a facilitar los objetivos de renovables y se podrá obligar a los titulares de las redes de luz y gas a informar sobre el cumplimiento de la planificación. El regulador podrá establecer mecanismos que minore la retribución de las empresas si se producen retrasos injustificados.

En esta área, se fijarán las condiciones para determinar qué se considera red de distribución eléctrica cerrada. El gestor de una red de distribución cerrada estará obligado a ponerla a disposición de la red pública cuando sea necesario garantizar el servicio. En el caso de las islas, contarán con una planificación propia y se promoverá el almacenamiento.

Tal como anunció recientemente Teresa Ribera, se aprobará un estatuto de consumidores electrointensivos que reconocerá las particularidades de este tipo de industrias, con un elevado consumo en horas valle y una curva predecible y estable.

El motor "rechaza de plano" la propuesta

La Asociación Nacional de Fabricantes de Coches (Anfac) ha “rechazado de plano” la propuesta del Gobierno. La patronal ha segurado este martes que la medida “es excesiva en sus objetivos y acelerada en sus plazos”. En un comunicado, ha considerado que la transición hacia una movilidad de cero y bajas emisiones ha de ser ordenada, justa y rentable, desde el punto de vista social y económico”. Y ha añadido que “sin un plan de acompañamiento, que apueste por una transición industrial y que impulse la venta de estos vehículos de manera masiva, no es viable el cumplimiento de estos objetivos”.

Mario Armero, vicepresidente de Anfac, ha comentado ante las cámaras de TVE que esta medida del Gobierno "puede tener un impacto laboral negativo". Anfac ha remarcado, a su vez, que esta medida no es comparable a las prohibiciones que ha establecido Reino Unido, ya que este país ha aprobado “un plan estructural de apoyo a los vehículos alternativos y de gestión de infraestructuras de recarga de 1.500 millones de libras”.

Por su parte, Faconauto, asociación que representa a los concesionarios, ha manifestado su preocupación “por el clima negativo que hay alrededor del automóvil”, que podría “convertir en estructural la actual caída de las matriculaciones”, en referencia a la bajada de un 22% de las ventas que, según sus datos, se está produciendo en noviembre.

Por contra, Arturo Pérez de Lucía, el presidente de Aedive, la Asociación Para el Impulso de la Movilidad Eléctrica, ha dicho que este anuncio “es positivo”. En su opinión, “plantea objetivos claros y temporales en línea con los de la descarbonización del transporte y de una Ley de Cambio Climático que tiene que dar respuesta a los requerimientos que se nos exige (...) desde la Comisión Europea”.

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