La creación de empleo, otro reclamo para acelerar la transición energética

El carbón es el primer sector que genera paro en el proceso de cambio de modelo energético. En alerta, el petróleo o la nuclear El diálogo social o la formación de los trabajadores, clave para la reconversión laboral en actividades menos contaminantes

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Malas noticias. La intensidad de los fenómenos atmosféricos (tifones, huracanes, gota fría) por el cambio climático está afectando al medio ambiente, a los ciudadanos, pero también al empleo. La Organización Mundial del Trabajo (OIT) calcula que en 2030 se destruirán más de 70 millones de puestos de trabajo en el mundo, equivalentes al volumen de horas perdidas por desastres naturales como los ocurridos recientemente en España en el municipio mallorquín de Sant Llorenç o la localidad malagueña de Ronda, por citar dos ejemplos cercanos.

El paro se produce, por tanto, en el sector primario (agricultura, pesca, ganadería) y en el área de infraestructuras residenciales y de transporte. Además, las jornadas de trabajo surgidas se dedican a reponer daños en vez de a modernización, lo que se computa como gasto y no como inversión, señala Joaquín Nieto, director de la Oficina de la OIT para España.

La transición va a permitir la creación de numerosos empleos y mantendrá otros que, de no llevarse a cabo, se perderían Joaquín Nieto (OIT)

De ahí que el deterioro medioambiental no es el único argumento para la aceleración de la transición energética. “Va a permitir la creación de numerosos empleos y mantendrá otros que, de no llevarse a cabo, se perderían”, afirma con optimismo Nieto, quien no se refiere solo a los que ya destruyen las altas temperaturas, sino también a los que desaparecerán por el abandono de las actividades más contaminantes.

El gran perjudicado

El carbón es la primera víctima. El último informe del centro de investigación y asesoría científica de la Comisión Europea, el Joint Research Centre (JRC), calcula que 160.000 de los 240.000 puestos actuales en las minas y centrales térmicas se verán perjudicados en Europa en 2030. En España, el estudio cifra la pérdida en 5.400 de los 6.700 existentes. Y el petróleo, sus combustibles derivados y las nucleares están en alerta.

Por eso, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, insiste en sus comparecencias públicas en el concepto de transición justa, que busca mitigar el impacto negativo del cambio de modelo económico en los colectivos más vulnerables y que se ciñe a los principios de derecho laboral de la OIT.

El Gobierno acaba de cerrar un pacto con sindicatos y patronal mineros de Asturias, Castilla y León y Aragón para favorecer el desarrollo verde

Y ya se han cosechado los primeros frutos. Ante el inminente cierre de las explotaciones por mandato europeo, el Gobierno cerró ayer un acuerdo con los sindicatos del sector minero de Asturias, Castilla y León y Aragón (UGT-FICA, USO y CC OO) y la patronal Carbunion, que incluye ayudas estatales y comunitarias para las prejubilaciones, bajas indemnizadas y un plan de desarrollo sostenible para las comarcas afectadas entre 2019-2027, que está dotado de 250 millones de euros en los primeros cinco años, informa el Ministerio.

El objetivo es crear “contratos de transición justa", es decir, lograr a través del diálogo social un compromiso de actuación y seguimiento a largo plazo entre todas las partes involucradas: el Ejecutivo, los trabajadores, empleadores y comunidades autónomas. Una estrategia, aún en fase diagnóstica, que es “prioridad absoluta” para este Gobierno y que “tiene que ser una política de Estado”, declaran desde el ministerio. Los recursos de este plan se destinarán para la generación de empleo verde y la restauración de las minas, precisan. 

Cifras

4 puestos de trabajo creados por cada uno destruido es el pronóstico que hace la OIT a 2030.

5.400 empleos se perderán en el carbón por el cierre de minas y centrales térmicas.

250 millones es el monto que el Gobierno destinará entre 2019 y 2023 a las comarcas afectadas por el cierre de la minería.

“Es conveniente acompañar esta transformación con el diálogo social y territorial; con políticas públicas e inversión privada para que la pérdida de empleo sea temporal. Que haya un sistema de protección y formación lo suficientemente amplio y eficaz que permita reubicar a estos trabajadores en la nueva actividad”, considera Nieto, quien avisa de que la recolocación no necesariamente sucederá en el mismo lugar.

Con todo, el informe Perspectivas sociales y del empleo en el mundo 2018, publicado hace poco por la OIT, prevé la creación de cuatro puestos de trabajo por cada uno destruido en el proceso de reconversión energética global, “y en España no tiene por qué ser diferente”, augura Nieto. Unas previsiones que sirven de base al Ministerio para la Transición Ecológica, porque en España no se ha contabilizado el impacto total, aunque sí se han dado a conocer algunas cifras sectoriales como es el caso del carbón. En este sentido, la OIT, que colabora con el Gobierno en todo este proceso, prepara para la primavera un informe específico para España.

El cambio de modelo energético depende de la acción público-privada, añaden los expertos

“El mercado laboral español necesita como el aire que respira una modernización y la transición es el vector principal para conseguirlo. España ha tenido demasiados retrasos en su proceso de desarrollo económico; este no se lo puede permitir”, advierte Nieto.

El cambio, que requiere ahora “medidas drásticas y urgentes”, como han reclamado los expertos de la ONU (IPCC) en un informe de principios de este mes –el calentamiento mundial ya está en un grado–, dependerá de la acción público-privada. Y lo que está claro, pese a los efectos, es que ya no hay marcha atrás.

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Una oportunidad para crear 200.000 puestos en España hasta 2030

Organismos internacionales, Gobierno, agentes y sindicatos coinciden: la transición energética creará más empleo del que destruirá. Sus efectos serán más positivos que negativos. Pero ¿cuántos se crearán en España? No hay datos homogéneos, sino previsiones sectoriales, europeas y globales.

La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) calcula que el sector renovable puede crear entre 130.000 y 200.000 nuevos puestos de trabajo y aportar 19.000 millones de euros al PIB en 2030. Hoy, cuenta con 78.667 trabajadores y suma 9.300 millones a la economía. En Europa, el Parlamento Europeo augura unos tres millones derivados de las tecnologías limpias y otros cinco millones en eficiencia energética. Y en el mundo, el pronóstico es de 24 millones en el mismo periodo, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

¿Dónde? Las contrataciones se producirán en el autoconsumo, en hogares comercios e industrias; la electrificación de la economía y el transporte, en general, y la eficiencia energética, con el foco puesto en la rehabilitación de edificios, detalla Joaquín Nieto, director de la Oficina de la OIT para España. También se demandarán  gestores y expertos en redes eléctricas, infraestructuras de recarga, biomasa, economía circular o huella de carbono, recoge el informe IPM Los empleos en la transición energética, elaborado por el analista Javier García Brea.

Incluso, las empresas dedicadas a la quema de combustibles fósiles se convertirán también en fuentes de trabajo verde. “El cambio lo estamos viendo ya en el mundo empresarial y es una opción de futuro”, percibe Nieto. De hecho, petroleras como Repsol, BP o Cepsa han comenzado a expandir o incursionar en negocios de electrificación, gas natural, renovables  o desarrollo de productos menos contaminantes. Y esa transformación está calando de tal forma que hace poco Antonio Brufau, presidente de Repsol, en una entrevista al Financial Times, consideró “ilógico” la inversión en exploración (upstream) a largo plazo por la volatilidad de los precios y la evolución de la demanda.