Un manifiesto empresarial para activar la transición energética
Asociaciones, fundaciones, ecologistas y expertos, impacientes ante la falta de concreción gubernamental En los últimos meses se han publicado más de una decena de informes de todos los agentes implicados
Por propuestas que no quede. Si 2018 no fuera el año de la transición energética en sí misma, que nadie dude que lo será al menos de su diseño. Mientras –a día de cierre de esta información– en el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (Minetad) contestan: “No tenemos fechas de la ley por la que preguntas”, un buen puñado de estudios y documentos sí han visto la luz en los últimos meses.
Hipótesis para distintos escenarios y matices que vienen a demostrar que es tan posible como necesario transformar el modelo energético del país.
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética fue anunciada por el presidente del Gobierno en 2015, tras el Acuerdo de París, en el que España se comprometió, junto a sus socios de la UE, a reducir un 40% las emisiones de CO2 en 2030 con respecto a las de 1990 y contar con al menos un 27% de renovables en su consumo total de energía, porcentaje que el Parlamento Europeo propuso elevar al 35% en enero.
Casi tres años después de ese anuncio no se conoce aún ni un borrador que detalle la estrategia española hasta 2050, cuando se deberá lograr una producción de electricidad libre de carbono.
En 2050 se deberá lograr una producción de electricidad totalmente libre de carbono
“Una revolución a escala global que va a generar enormes oportunidades”, reseñan las grandes del Ibex 35 en el manifiesto que difundieron el mes pasado, bajo la coordinación del Grupo Español para el Crecimiento Verde (GECV), y en el que reclaman a los poderes públicos “un soporte legal y unas rutas definidas para aprovechar la buena posición que, sin duda, tienen muchas empresas españolas y que no queremos ceder por no llegar a tiempo. El reto requiere planes sectoriales que reduzcan su complejidad”, explica Gonzalo Sáenz de Miera, director de cambio climático de Iberdrola.
“Esta iniciativa aquí pionera, en otros países ya ha funcionado. Las grandes empresas tienen más capacidad de actuación que los usuarios, aunque también ellos vayan modelando la demanda y promoviendo el cambio y desde luego, una visión más a largo plazo que los horizontes políticos”, afirma Valentín Alfaya, presidente de GECV y portavoz de este grupo de 32 empresas, además de director de calidad y medio ambiente de Ferrovial.
Las firmantes del manifiesto
Abertis, Acciona, Asociación Forestal de Soria, Bankia, BBVA, Climate&Strategy, Contazara, Ecoacsa, Ecoalf, Ecoembes, Ecoterrae, Endesa, Eulen, Ferrovial, Fraternidad Mutrespa, Iberdrola, Ikea, Inclam, Ineco, Lafargeholcim, Logista, Mapfre, NH Hotel Group, OHL, PWC, Red Electrica, SicaSoft, Siemens Gamesa, SinCe02, Sust4IN, Teimas, Telefonica, Vestas y Willis Towers Watson.
Días antes de la presentación de dicho documento empresarial, la Comisión de Expertos sobre Transición Energética –de 14 miembros, cuatro designados por el Gobierno, uno de cada grupo parlamentario y tres de UGT, CC OO y CEOE– estrenaba abril con su informe Análisis y propuestas para la descarbonización, “un estudio profundo, cuya contribución será decisiva en el marco del proceso de elaboración del plan integrado de energía y clima de España a 2030”, comentan desde el GECV.
Por contra, otros no ven en él planteada “una verdadera reforma del mercado eléctrico”, aseguran en el sector. Aunque el análisis propone un encarecimiento del gas del 5,8%, así como de derivados del petróleo –especialmente el gasóleo, que subiría un 28,6%, frente a un alza del 1,8% de la gasolina–, abaratando el precio de la electricidad en un 6,8% para el consumidor doméstico, según el escenario manejado, puesto que plantea cuatro supuestos diferentes. Y también ha reactivado la conveniencia de mantener la vida de las centrales nucleares y reconoce complicado el alcanzar el 35% de energías renovables”.
Jorge Sanz Oliva, el técnico que preside la comisión, considera que “son planteamientos sólidos mientras se espera que se hagan explícitos los objetivos interministeriales. Por primera vez se han puesto números sobre la mesa, y esto asusta. Hemos demostrado que se puede lograr consenso entre perfiles políticos distintos, precisamente por el grado de tecnificación conseguido”.
“Y no hay tiempo que perder”, continúa Sanz. “Si la electricidad no crece, ¿cómo vamos a descarbonizar? Es imprescindible no penalizar su consumo y evitar las señales confusas que le llegan al usuario sobre los precios. Su problema es ese cuello de botella del 25% que supone su peso en la demanda final. Todo esto necesita un campo de batalla neutral, ajeno a discusiones, puesto que se saldará con ganadores y perdedores, según se sepa dar la mejor tarifa, la mayor eficiencia. Lo de quien contamina paga, es para todos, salgas favorecido o no. Y lo que es evidente es que la eólica y la fotovoltaica son las más baratas de las renovables”.
En este terreno, en la primera subasta de renovables realizada por el Gobierno, Engie España acaba de firmar un acuerdo de compraventa de energía que garantiza la creación de nueve parques eólicos en Zaragoza, el proyecto Goya. “Se trata de un PPA, vehículo financiero aquí pionero que facilitará todo el desarrollo, en un plazo previsto de doce años”, comenta Alfonso Pascual su director de regulación, relaciones institucionales y RSC.
“El momento es trascendente, por los compromisos asumidos en el ámbito internacional y el grado de involucramiento de la Unión Europea en ello. Hay que estar ahí ”, concluye Sanz.
Subámonos al tren y que empiece a coger velocidad. Como referente, el que ya corre por raíles australianos solo usando energía solar. Y es apenas un ejemplo.
Sube el listón de los objetivos
Hacia una transición energética sostenible: propuestas para afrontar los retos globales contiene más de 200 medidas “tan posibles como ineludibles, para actuar sobre la demanda y mejorar la gestión del sistema”.
“El ciudadano y la ciudad como protagonistas para reducir el consumo de petróleo del 50% al 22% en 2030 y la dependencia, del 83% al 50%. El precio del crudo alarma. No se aprende. No ha habido política energética nunca, con ningún Gobierno. Y ya toca, con la fiscalidad como herramienta y el sentido común. Prohibiendo, pero con alternativas”, opina Fernando Ferrando, presidente de Fundación Renovables.
El sistema energético no es solo lo eléctrico
Único sentido: 2025 sin carbón ni energía nuclear divulga los estudios del Instituto Tecnológico de la Energía, “única institución con el software de simulación, que ha publicado sus resultados originales tal cual”, comenta Raquel Montón, responsable del departamento de energía y cambio climático de Greenpeace.
“Queríamos dar una visión integral y validar la viabilidad técnica del sistema eléctrico, en tres supuestos, varios escenarios, tres niveles de demanda y tres hipótesis de renovables, siempre poniéndonos en las peores condiciones. Y la diferencia entre cerrar centrales y no hacerlo supone 186 millones de euros”, añade.
Mantener carbón y nuclear hasta solucionar el almacenamiento
Mientras no se desarrollen tecnologías para almacenar la energía, y las baterías no den respaldo al sistema eléctrico, hay que mantener abiertas todas las opciones de generación para conseguir las metas de descarbonización en 2030.
Esta es una de las conclusiones de Una transición inteligente hacia un modelo energético sostenible para España en 2050, informe de la consultora Deloitte que contempla cuatro escenarios: continuista, de reducción convencional (eficiencia sin electrificación de la demanda), electrificación de la demanda y alta eficiencia.
El cierre las plantas de carbón nacional obligaría a construir nuevas centrales térmicas para 2025, con un coste de 6.800 millones.
Las petroleras, no ajenas al cambio de ciclo
Tanto Repsol como Cepsa ya han anunciado la revisión de sus planes estratégicos para incluir todo lo relativo a energías limpias en mayor proporción. Perspectiva para la reducción de emisiones de CO2 en España a 2030: el papel de los productos petrolíferos, estudio de la consultora KPMG y de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), da cuenta de esta tendencia y exige la adopción de medidas ambiciosas para reducir las emisiones de efecto invernadero al menos en un 40% en un plazo de doce años y la contribución y aporte de todos “los sectores implicados”. Hasta entonces, se plantea extender la vida útil del parque existente en España.
