La gran industria de EE UU pide a España que no cierre centrales nucleares

Avisa que dañara la competitividad de las empresas

Reclama que las renovables se incorporen al sistema siempre mediante subastas

Jaime Malet, presidente de la Cámara de Comercio de EE UU en España.
Jaime Malet, presidente de la Cámara de Comercio de EE UU en España.

España está tan comprometida con la transición energética para pasar de combustibles fósiles a recursos menos contaminantes que le ha puesto el apellido de “transición ecológica” al nuevo ministerio que gestiona esas competencias. Los objetivos que se han marcado desde Bruselas es que en el año 2020 el volumen de emisiones de CO2 habrá bajado un 20% con respecto a las cifras registradas en 1990. En esta reducción jugarán un papel decisivo la industria, las eléctricas y la aviación intraeuropea, con unos objetivos más ambiciosos que la agricultura, el transporte o los residuos. También para 2020, las energías renovables deberán representar un 20% del consumo final de energía y un 10% en el sector del transporte, mientras que las distintas acciones de eficiencia habrán provocado un ahorro energético del 20%.

En este contexto, las 300 empresas españolas y americanas que pertenecen a la Cámara de Comercio de EE UU en España han realizado un informe, al que ha tenido acceso Cinco Días, para expresar su opinión ante esta transición energética. En este organismo están representadas, dentro de la categoría de Energía, por parte de EE UU empresas como General Electric o Schneider Electric y por la parte española participan CLH, Disa, Enagás, Repsol o Iberdrola. Sin embargo, el listado de afectadas por criterios más restrictivos desde el punto de vista medioambiental se amplia a las farmacéuticas, con gigantes como Abbott, AstraZeneca, Johson & Johnson o Lilly, a la industria pesada (Alcoa o Honeywell) o al gran consumo (Nike, Costco o KFC).

En el informe, las compañías se muestran especialmente preocupadas por cómo puede afectar esa transición a la competitividad. “La minimización de costes pasa por hacer el mayor y mejor uso posible de los activos actualmente disponibles en el sector energético. Es poco recomendable deshacerse de ciertos activos que cumplen o ayudan a cumplir el objetivo pretendido de reducción de emisiones, como por ejemplo, nucleares en funcionamiento con nulas emisiones de CO2; ciclos combinados, necesarios para aportar firmeza y flexibilidad al sistema eléctrico como red de seguridad última del suministros; o redes de gas para el suministro de energía necesario en procesos industriales y para atender las necesidades de climatización en lugar de otros combustibles más emisores”.

Con esta posición, las empresas tratan de convencer a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para que modere el anuncio hecho antes de verano de que tanto las nucleares como las centrales de carbón tenían fecha de caducidad. En su primera comparecencia en el Congreso, Ribera anunció que no habrá centrales nucleares en 2028, fecha en la que se cumplen el límite de 40 años de la central de Trillo (Guadalajara), la última que se abrió en España. Asimismo avanzó que en 2020 cerrarán 7 de las 15 centrales de carbón “que no han realizado las inversiones medioambientales necesarias”.

Las empresas exigen que la inversión se ligue a la madurez de las tecnologías existentes para evitar sobrecostes

Aunque la principal preocupación de las empresas asociadas en la AmCham se centra en el futuro que le espera al gas. “La industria consume en España alrededor del 25% de la energía final del país y es vector de crecimiento económico, empleo y prosperidad. El gas natural suministra las necesidades energéticas (no eléctricas) de nuestra industria en cerca de un 60%, y a pesar de que nuestro sector industrial ha hecho una clara apuesta por la eficiencia, invirtiendo de manera significativa en tecnologías como la cogeneración, existe aún un importante recorrido para actuaciones rentables de renovación y sustitución de combustibles altamente contaminantes”.
Unos argumentos que en julio no parecían convencer a Ribera, que en su comparecencia en el Congreso llamó “a evaluar y ponderar” si las instalaciones actuales de gas eran suficientes o si hay que aumentar la capacidad. “Siempre con una extraordinaria cautela respecto a delirios de grandeza en el impulso o crecimiento de un recurso del que España carece y que no tiene, a priori, una larga vida por delante”, recalcó.

Ante un escenario en el que las renovables ganen peso en el mix energético, las empresas de la Amcham reclaman un coste de desarrollo mínimo. “Las nuevas incorporaciones de renovables se deberán realizar cumpliendo las indicaciones de la directiva, mediante subastas que permitan desarrollar las nuevas instalaciones al menor coste posible en cada momento”. En ese mismo sentido apuestan porque el Ejecutivo module el ritmo inversor “en función de la madurez tecnológica de las distintas soluciones y su curva de aprendizaje, evitando tanto apostar por soluciones inmaduras bajo una lógica industrial, que llevaría a incurrir en sobrecostes”, recalca el texto.

El precio de la luz y las subastas de renovables

Máximo en diez años. El precio del megavatio hora arrancó ayer con un precio de 74,58 euros, lo que supone el máximo registrado en ese ejercicio y el más elevado en septiembre desde 2008. En este contexto de subidas permanentes, la titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera, comparecerá en dos semanas en el Congreso de los Diputados para tratar de justificar el encarecimiento del recibo de la luz y los planes que prepara para cortar esa tendencia.

Fotovoltaica. En las dos últimas subastas para adjudicar activos renovables, 4.608 megavatios correspondieron a energía eólica, 3.910 a fotovoltaica y 219 a biomasa y residuos. El objetivo del Ministerio de Transición Ecológica es relanzar esas subastas en los próximos trimestres para atraer inversiones por 35.000 millones de euros.

Coste. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, calcula que la transformación del modelo energético en España hacia la descarbonización significará un volumen de inversiones de entre 70.000 y 80.000 millones de euros hasta 2030 y será una oportunidad para la creación de empleo verde. Entre los desafíos se encuentra la adaptación energética de los edificios donde se ha tomado como ejemplo a Holanda, que en 2030 no tendrá suministro de gas en ninguna casa.

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