Ribera reitera que el parque nuclear echará el cierre en 2028, con la clausura de Trillo
La ministra de Transición Ecológica se mantiene fiel al programa electoral del PSOE La Ley de Cambio Climático obligará a las cotizadas a informar de sus emisiones cada año
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha confirmado hoy la voluntad del Gobierno de cerrar el parque nuclear a medida que las centrales nucleares cumplan sus 40 años de vida útil tecnológica, tal como figura en el programa del PSOE. Durante su primera comparecencia ante la Comisión para la Transición Ecológica, Ribera expresó su “convicción clara” al respecto.
Ribera aludió a las interpretaciones de los distintos grupos parlamentarios sobre lo que se entiende por vida útil: para algunos es la fecha en que hay que cerrar la central, mientras que otros abogan por clausurarlas “más allá del plazo tecnológicamente previsto”. Por tanto, la voluntad expresada por la ministra llevará al apagón nuclear en 2028, cuando la nuclear más joven, la de Trillo (Guadalajara), cumple los 40 años. En cualquier caso, para la ministra es preciso abordar las “obligaciones” relacionadas con ese final, ya sea adelantado o postergado, tales como las de los coste financieros, las necesidades técnicas y de ingeniería, la gestión de los residuos peligrosos.
Ribera denunció la falta de un plan nacional de residuos radiactivos, por lo que España está “incumpliendo una obligación comunitaria” y señaló que se desconocen aspectos como el coste de la gestión de los residuos nucleares e incluso su volumen. La cuestión requiere, en su opinión, un análisis “más profundo” así como entender los escenarios económicos y financieros.
La titular de Transición Ecológica auguró que en 2020 cerrarán 7 de las 15 centrales de carbón que no han realizado las inversiones medioambientales obligatorias y condicionó la supervivencia de las otras ocho que sí que han invertido para continuar funcionando.
Las centrales que no han han invertido “no tienen mucho margen para pensar en cómo poder seguir funcionando cuando el marco comunitario les obliga a cerrar”, señaló tras puntualizar que “los plazos vienen dados” por la propia Comisión Europea. En este sentido, invitó a los grupos políticos a proponer medidas para “incentivar o facilitar el proceso de transición” para “modular” esta “salida de las centrales, antes o después”.
Sobre el gas, Ribera llamó “a evaluar y ponderar” si las instalaciones actuales son suficientes o si hay que aumentar la capacidad. Siempre con una “extraordianria cautela respecto a delirios de grandeza en el impulso o crecimiento de un recurso del que España carece y que “no tiene, a priori, una larga vida por delante”.
En su comparecencia para exponer las líneas de su departamento, aseguró que antes de fin de año remitirá a las Cortes un borrador de proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Una norma que incluirá la obligación de que las empresas cotizadas presenten un informe anual de evaluación del riesgo climático y de carbono de su actividad. Aunque la mayoría de las sociedades del Ibex proporcionan esta información en sus informes de sostenibilidad, no tienen la obligación. Ribera señaló que esos informes influirán en el diseño de sus estrategias de negocio y serán un reflejo de si están haciendo bien las cosas.
Otra medida de la futura ley será la publicación por parte del Banco de España de informes periódicos sobre el estado de la economía española, sus vulnerabilidades, riesgos y fortalezas frente al cambio climático. También establecerá la inclusión de criterios verdes obligatorios en la contratación pública y una reforma que avance en la fiscalidad ambiental en España.
En este caso, la ministra dijo que hay que adecuar el sistema tributario a la realidad climática y señaló que la integración de modalidades que permitan fijar un precio al carbono es algo que no se puede obviar. Sin embargo, respecto a una posible subida de impuestos que pudiera afectar a este carburante, se remitido a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero,
Ribera reconoció que “no partimos de cero, tenemos una mochila a las espaldas”, en alusión a los impactos que la transición tendrá sobre ciertos sectores económicos y ciudadanos. En este sentido, promtetió una “transición justa” en la que “todos sean actores del cambio”. En particular, las comarcas que dependen de uno o dos centros de producción que se vean afectados (como las centrales de carbón), a las que se destinarán inversiones.
Teresa Ribera anunció un primer paquete de medidas urgentes, de las que no dio muchos detalles. Entre ellas, una revisión del tratamiento a la cogeneración, la regulación del autoconsumo y un marco previsible y estable para los inversores. Ribera se mostró partidaria de aprovechar el potencial del IDAE, que se ha limitado en los últimos años a expedir certificados.
En su intervención recordó que “el diésel tiene los días contados” y que su “impacto” en la calidad del aire “es lo suficientemente importante como para ir pensando en un proceso de salida”. Y defendió “señales fiscales y regulatorias” para apoyar a los gobiernos municipales “en ese proceso de cambio”.
Bono social para el gas y el agua
La ministra para la Transición Ecológica anunció ayer la voluntad del Gobierno de abrir un “debate social” para ampliar el bono social de la luz para paliar la pobreza energética a otros suministros como el agua o el gas.
Ribera ve necesario “impulsar” un proceso estratégico en torno a la lucha contra la pobreza energética en la que se impliquen todos los agentes. de hecho, eñ Ejecutivo defenderá que se declare el agua como un derecho humano, según reconoce la ONU.
La ministra ha recordó que en 2016 el 15% de la población fue considerada como vulnerable y sufre pobreza energética, al no poder mantener la temperatura de su hogar o tuvo que dejar de pagar alguno de los recibos.
Entre las medidas urgentes que se aplicarán está la prohibición de cortar el agua a quien no pueda pagarla, “mientras se tramitan las ayudas sociales necesarias sobre estas personas” que puedan permitir atender a la cobertura de necesidades básicas y haya resolución administrativa sobre las mismas.
Ribera criticó duramente la política en materia de agua realizada por el anterior Gobierno y opinó que “no son de recibo para un nivel de desarrollo de España los deficientes y preocupantes” niveles de depuración de aguas residuales, por lo que spaña se enfrenta a multas por 46,5 millones de euros.
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