Sánchez da garantías a Bruselas y al mercado
El tándem Nadia Calviño-María Jesús Montero aleja al Ejecutivo de aventuras con el gasto público Las decisiones que busquen la adhesión social no podrán costar dinero, salvo que sea privado
Cuando José Luis Rodríguez Zapatero llegó al Gobierno en marzo de 2004, con parecido nivel de sorpresa al que ha rodeado ahora a Pedro Sánchez, pero pasando con éxito por las urnas, todos los círculos políticos y económicos avisados daban por hecho que quien había sido su más cercano asesor en materia económica sería también su ministro de Economía. Pero Miguel Sebastián, cuyo destino previo había sido el servicio de Estudios del BBVA del que salió de mala manera, tuvo que conformarse con un departamento subsidiario de Economía: Industria. El presidente escuchó los consejos de los dirigentes históricos del partido y unas cuantas opiniones empresariales y optó por Pedro Solbes. Así mantenía la línea de la ortodoxia en política económica y presupuestaria, y acaparaba bajo la misma égida tanto Economía como Hacienda. Pedro Solbes, que ya había sido titular de ambas carteras entre 1993 y 1996, era además el depositario de las esencias económicas de la Comisión Europea, en cuyo colegio de Comisarios estaba cuando aceptó la vicepresidencia con Zapatero.
Pedro Sánchez ha repetido el viaje. Aunque deambuló por terrenos muchos más radicales tras su destitución como secretario general del PSOE en 2016, llegando a hacer planteamientos propios de Podemos, con quien no descartaba pactos de Gobierno, llegada la hora de la verdad se ha aferrado también a la ortodoxia, a perfiles reconocibles, a valores de demostrado rigor fiscal, incluso a curriculos de corte liberal.
Si agitó la bandera más social de la izquierda con postulados económicos y sociales diseñados por quien terminaría siendo después responsable de Economía de su Ejecutiva, Manuel Escudero, lo hizo, además de por su libre convicción, porque tácticamente lo necesitaba para reclamar el favor de las bases del PSOE, más volcadas a la izquierda que su electorado.
Ahora ha abrazado el Presupuesto de Rajoy y ha buscado precisamente en el tupido organigrama de Bruselas hasta encontrar en Nadia Calviño, directora general de Presupuestos de la UE, a la nueva responsable de Economía. Lleva un decenio completo en las instituciones comunitarias y previamente ha trabajado tanto con Luis de Guindos como con Pedro Solbes en los departamentos más liberalizadores de la administración, como la dirección de Competencia. Conoce todos los resortes del Ecofin, ha valorado las últimas cuentas de Rajoy en Bruselas y defiende el valor tanto de la liberalización económica como del rigor fiscal. Es, por tanto, una garantía absoluta para las dos cuestiones en las que más celo ponen tanto las autoridades comunitarias como el mercado financiero que financia el descomunal endeudamiento público y privado de España: el rigor en las cuentas públicas y la liberalización de los mercados para expandir el crecimiento potencial.
Para esta tarea formará tándem con María Jesús Montero, la nueva titular de Hacienda, que con guante de seda durante los últimos años ha puesto en orden los pagos más que los ingresos de la Junta de Andalucía, especialmente en la sanidad y en la educación. Montero tiene ante sí también el reto de difícil cuadratura de la nueva financiación autonómica, que tendrá que seguir esperando a mejor oportunidad, dada la inevitable provisionalidad del Gobierno, su escasa musculatura parlamentaria y la necesidad de contar con el Partido Popular, que controla la mitad del poder regional.
Aunque con la nueva ministra de Hacienda trata también Sánchez de neutralizar las reservas de su adversaria interna en el partido, Susana Díaz, la misión del tandem Calviño-Montero es más técnica que política, y serán las eficientes guardianes de la caja que evitarán veleidades aventureras con el gasto público, tentación natural de los gobiernos de izquierdas.
Pero esa apuesta por el rigor fiscal y el compromiso táctico con los financiadores de que se cumplirán los objetivos de déficit, no impide que pueda tratar el nuevo Ejecutivo de flexibilizar la senda del déficit del Programa de Estabilidad, (alguna señal envió Sánchez en el debate de la censura), o que no se puedan tomar algunas decisiones de carácter social que generen adhesión de su electorado natural, pero que no cuesten dinero, o al menos dinero público. Pero tales iniciativas quedarán en manos de los departamentos de Igualdad, Medio Ambiente o Empleo, sobre el que pondrá Europa como única vigilancia el mantenimiento de la reforma laboral de Rajoy (Bruselas siempre ha pedido más) y el procedimiento de apremio para la reforma que dé viabilidad a las pensiones.
Entre las iniciativas que promoverá el Gobierno con repercusión social estará una mejora general de los salarios, contando ahora con el entusiasmo sindical para cerrar un pacto hasta ahora desestimado. Tal iniciativa no tiene coste público y genera ingresos por IRPF y cotizaciones, aunque aplicada con intensidad puede erosionar la competitividad de la economía. Y para mejor legislatura quedará la recuperación del ideario socialdemócrata que lleve la presión fiscal al 43% que recogen los papeles económicos del PSOE.
El núcleo duro del equipo económico tendrá que esquivar o soportar la presión de los socios parlamentarios de Podemos, cuya agenda social es muy intensa y con calendario cerrado; pero contará con el apoyo de las instituciones comunitarias, asunto nada baladí, ya que estos mismo días han bloqueado al Gobierno italiano de los extremos por tener un titular de Economía que cuestiona abiertamente el euro.
En tal sentido puede interpretarse también la designación de Teresa Ribera en Energía y Medio Ambiente, o de Josep Borrell en Exteriores, quizás la persona más beligerante del PSOE con el independentismo catalán, que tendrá que desmontar en todas las cancillerías el relato torticero de Puigdemont.