Por qué no es fácil que suban más los salarios
Las alzas salariales mejoran renta disponible e ingresos públicos, pero ponen en riesgo la competitividad externa
El Gobierno se ha convertido en los últimos meses en el primer y más activo defensor de las subidas de los salarios y de las rentas de los pasivos, sacrificando el dogma que ha envuelto a la política económica de los últimos años, que proconizaba el control de todos los costes como el camino más recto y más corto a la estabilización de las variables macroeconómicas, a la recuperación del empleo y las rentas reales de los hogares, y a la recomposición de la delicada situación financiera de la economía nacional. Ha firmado un acuerdo trianual con los sindicatos de los funcionarios en el que admite subidas superiores al 8% en las tres anualidades próximas a poco bien que se comporten la inflación y el crecimiento de la economía; ha establecido con el PSOE un acuerdo de revalorización del Salario Mínimo Interprofesional que lo lleva al umnbral de los mil euros al mes en el medio plazo, y ha desterrado sus propios temores de condicionar los costes laborales de las empresas; ha cerrado un pacto parlamentario que restablece subidas mínimas iguales al IPC para las rentas de los pensionistas, mayores para las cuantías más bajas, poniendo incluso en riesgo el objetivo del déficit fiscal de obligado cumplimiento, hasta ahora considerado sagrado, y transmitiendo incluso la especie de que la Seguridad Social goza de buena salud; y ha instigado pactos salariales interconfederales, sin éxito, en los que patrocinaba subidas de sueldos más generosas de las que las empresas y los comités están firmando en los convenios.
El gusto súbito del Gobierno por las subidas generosas de salarios, que anticipó Luis de Guindos hace más de un año en este periódico como un deseo razonable, y que esta semana ha reiterado Mariano Rajoy si se hace con moderación, arranca en la constatación de que subidas reales reiteradas del producto superiores al 3% como las de los últimos años no tienen un reflejo directo y proporcionado en la recaudación del Estado y la Seguridad Social, o al menos no las necesarias para atender sin ahogo algunas de las demandas de que todo tipo se han de desatar en los años preelectorales, y que han empezado a levantar dolores de cabeza a Cristóbal Montoro como guardián de la caja de caudales públicos. Además, la defensa ultramontana del control de los costes, aunque es básica para corregir los desequilibrios de la economía, no vende, no la compra nadie, en tanto que sí lo hace un reparto más equitativo de los beneficios de la recuperación de la economía, que deben pasar no ya solo por una generosa creación de empleo nuevo, que es real y a tasas superiores al PIB, sino por una remuneración más alegre de tal empleo nuevo.
Pero la aplicación de los deseos de mejora remunerativa, compartidos por los sindicatos y no del todo repudiados por la patronal CEOE (otra cosa son los empresarios que contratan y que pagan) tiene sus inconvenientes. Porque la política económica en los países con fuertes desequilibrios financieros suele ser una manta corta, que nunca es suficiente para cubrir todo el cuerpo, que si abriga por un lado descuida el otro. Una subida de los salarios puede convertirse en un magnífico estimulo de la demanda por el avance monetario de la renta disponible; pero puede activar la espiral inflacionista, por limitada que sea, y cuestionar la ganancia real de renta; y desde luego activa los costes laborales unitarios en un momento en el que su avance puede no ser neutralizado por subidas de precios, sobre todo en los mercados con alta competencia (como los exteriores), y pone en riesgo la competitividad de la economía y el saldo por cuenta corriente, además de comprometer la posición internacional de inversión, que no está precisamente como para tirar cohetes, aunque haya mejorado mucho en los últimos años.
Aunque Hacienda estima que tiene financiado ya el sobrecoste del pacto de pensiones cerrado con el Partido Nacionalista Vasco con una tasa sobre las grandes compañías tecnológicas, sabe que la fiabilidad de tal financiación es endeble, y que precisa de un movimiento más acelerado de las bases imponibles tanto en los impuestos generales como en las cotizaciones para lograr al menos intentar cumplir los objetivos de déficit fiscal del 2,2% prometidos a Bruselas.
Los ingresos tributarios crecerán un 4,5%, según el proyecto de Presupuestos, acordes con un avance de las rentas de los hogares del 4,5%, imputables a un avance del 4,8% de las rentas salariales (1,5% el salario medio, tal como dicen los convenios firmados hasta ahora, y el resto por la generación de nuevo empleo), y a una masa de pensiones que avanzará un 4,5% tras el pacto con los nacionalistas, en vez del 3,5% estimado en el proyecto de cuentas públicas, previo a tal acuerdo. Incluso en los presupuestos de la Seguridad Social se manejan subidas de las bases medias de cotización del 1,1%, como consecuencia de que persiste la entrada en el sistema de sueldos más bajos que los vigentes, que restan pulso al motor de los ingresos.
Un avance adicional de un punto completo en la masa salarial supondría una aportación extra a los ingresos tributarios de unos 1.500 millones de euros, siempre que tal subida fuese en vena al consumo y a la recaudación por IVA, así como una sobrecotización de unos 1.100 millones adicionales.
Pero, qué coste tienen estos ingresos extra para la actividad económica. No son fáciles de cuantificar, pero un punto adicional de salarios es tanto como duplicar el incremento del coste salarial (ahora los convenios recogen una subida del 1,5%), que aunque tenga un riesgo limitado de desatar una espiral inflacionista, pone en cuestión los números de una franja importante de empresas que están aún al filo de las pérdidas, y modifica el ecosistema de control de los costes laborales unitarios que está detrás de la recuperación de la economía española, y que ha cambiado notablemente el modelo de crecimiento, aunque solo sea intensificando las cuotas del mercado exportador.
El mejor indicador de la solidez del modelo de crecimiento actual es la acumulación de seis años completos de superávit por cuenta corriente (siete con el actual), que ha frenado el desequilibrio exterior (España llegó a tener un déficit del 10% del PIB, superior incluso al de Estados Unidos) y ha comenzado a sanear las cuentas pendientes con los financiadores del crecimiento actual y pasado. Este fenómeno, desconocido en la historia de la economía democrática española, ha sido posible, ante la imposibilidad de devaluar una divisa que compartimos, con un control férreo de los costes de producción, fundamentalmente los salarios, aunque su peso han tenido los precios bajos de la energía y la acaparación de los flujos turísticos.
Los costes laborales unitarios, el fiel de la balanza que inclina la ganancia o pérdida de competitividad de las empresas, sobre todo de las exportadoras, han estado en valores negativos durante todos los años de este segundo decenio del siglo, y solo en 2017 se han acercado al avance de los competidores más directos (los de las empresas de la zona euro y otros desarrollados de la OCDE). En concreto, y en valores absolutos, el coste laboral por hora está estancado en España entre 19 euros de 2009 y los 19,8 de 2017.
Lógicamente, hay una parte de la economía que esquiva la competencia y se desenvuelve en espacios locales, aunque su influencia es cada vez más limitada, dado el creciente peso de la industria y los servicios de mercado en la producción del país. Prueba de ello es que en los últimos años las exportaciones han crecido más deprisa que las importaciones (España vende más del 35% de su PIB); sigue intensificándose el número de empresas que venden fuera (8,6% más que hace un año); se gana cuota exportadora mundial (llega al 2%, frente al 1,82% de 2012); y comienza a detectarse cierta sustitución de la importación tradicional por la demanda de producto nacional, según el Banco de España. Todos estos datos de color festivo pueden tornarse en tonos oscuros si se rompe la disciplina de los costes laborales apuntada, y ahí es donde está el verdadero riesgo de una subida de los salarios: tapamos con la manta la renta interna disponible, destapamos la competitividad exterior y el reequilibrio de la cuenta corriente.
Este ha sido el tránsito de la producción y comercialización de bienes: pero en los servicios, donde España muestra otra ventaja superavitaria, existe el mismo riesgo. La fortaleza de los ingresos por turismo es poderosa, con sucesivos récords de visitantes e ingresos, y con avances en aquellos procedentes de los niveles más elevados de renta y capacidad de gasto. Pero los precios turísticos han subido mucho en los últimos años, tal como recogen las estadísticas oficiales, entre otras cuestiones espoleados por la fuerte afluencia de consumidores, que llevan aparejado el riesgo de que se frene la demanda. Los propios hoteleros advierten de las preferencias crecientes de los turistas por destinos similares a los españoles y con tarifas más atractivas, como los países del norte de África y las costas turca y griega. España ha sido hasta ahora el oasis de seguridad relativa frente a países con riesgo terrorista (del que nadie es ajeno, como comprobó España en Barcelona el verano pasado), pero puede empezar a cambiar. Esa combinación de costes y mejora de la seguridad puede costarle a España una buena porción de su saldo turístico.
A resultas de todos esos movimientos puede desestabilizarse la variable última de la relación de España con el exterior, cual es la posición internacional de inversión, pero que es a la vez la más sensible de todas, y que mide como ninguna otra la confianza que los inversores externos y las financiadores de la economía española tienen en el país.
Aunque en términos absolutos se ha deteriorado ligeramente la PII (posición internacional de inversión) de España (la deuda externa neta), ha mejorado en términos relativos por el avance nominal del PIB. El saldo deudor es de 940.000 millones de eutros, según el informe último del Banco de España, pero en relación a su producción en 2017 se redujo en 2,2 puntos porcentuales, hasta el 80,8% del PIB. Ha descendido nada menos que 17 puntos desde el máximo alcanzado en 2014, pero sigue muy alejado de las posiciones que proporcionan comodidad financiera a una economía dependiente del exterior. Los baremos considerados aceptables por los organismos internacionales para la deuda externa neta son del 35% del PIB, pese a estar integrada España en una zona monetaria más o menos óptima.
Hay que recordar que Alemania tiene un saldo superavitario (posición acreedora) por valor del 60% de su PIB, y que Francia o Italia tienen déficit, pero de dimensiones mucho más manejables que España: en torno al 15% del PIB. Solo acercarse a los valores del 35% aleja a España de los riesgos de los episodios críticos en los mercados financieros y de súbitas subidas de los tipos de interés. En definitiva: subir los salarios puede aliviar los ingresos públicos y las rentas de los hogares, pero deteriora la competitividad y la financiación de una economía muy necesitada de asistencia.
