Cuatro años atrás en pensiones: España tendrá otra gran crisis fiscal

El acuerdo entre Gobierno y PNV acaba con la reforma más profunda del Gobierno

No hay garantía de que el déficit pueda reducirse para garantizar la confianza de los inversores extranjeros

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Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, bajo los aplausos de Alfonso Dastis, ministro de Exteriores, y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. ©GTRESONLINE

Cara factura la que van a pagar todos los españoles por el apoyo de los cinco diputados del Partido Nacionalista Vasco (PNV) al proyecto de Presupuestos del Estado para este año: el fin de la reforma más profunda que el Gobierno había operado sobre el desbocado gasto público de las próximas décadas; el fin del factor de sostenibilidad que ligaba las cuantías de las nuevas pensiones al crecimiento económico, el avance de la riqueza y a la esperanza de vida; el fin del recorte sostenido y necesario del gasto público.

No es fácil hacer una cuantificación de la nómina que supondrá el acceso al apoyo de los diputados del PNV a un Presupuesto que ya estaba negociado, pero se puede aventurar que si la lucha contra la crisis fiscal estaba entrando en vías de solución, ya no lo está. No hay ninguna garantía de que el déficit pueda viajar hasta los umbrales del cero por ciento para garantizar la confianza de los inversores extranjeros que financian nuestros excesos pasados y presentes, y se puede asegurar que no tardará en haber otra crisis fiscal en España, porque el gasto público ligado al envejecimiento es una fiera enjaulada que se liberará por si sola con el paso de los años.

Si la apuesta es que España puede afrontar los volúmenes de gasto que se avecinan, y que realmente el factor de sostenibilidad de la Seguridad Social era un cepo innecesario, vayamos preparándonos para severas subidas de los impuestos: solo con ellas será sostenible el Estado de Bienestar que los políticos disputan por engordar, pero sin una solución de cómo pagarlo.

Habrá una nueva crisis fiscal. El gasto de las pensiones a partir de los próximos años habrá que afrontarlo igual; si se hace desde 2023, será más dramático que si se afronta desde 2019, como estaba previsto. Y quede clara una cosa: habrá que hacerlo, gobierne quien gobierne. El Partido Popular queda bastante desautorizado para hacerlo tras esta especie de enmienda a la totalidad a si mismo, a todo el rigor aplicado en sus políticas en los últimos años y en el sacrificio presente y futuro propuesto a los españoles.

El factor de sostenibilidad de las pensiones se aplica en muchos países europeos, y para España fue una imposición germánica en 2012 y 2013 para salvar el euro, como lo fue en Grecia, Portugal o Irlanda. Cambiar el artículo que limitaba constitucionalmente la deuda (el 135 de marras) es una sutileza política; pero lo realmente gordo, al bazuka contra el gasto era y es, aunque parece que dajará de serlo, el factor de sostenibilidad. Una herramienta que determina la cuantía de las pensiones en función del paisaje económico y de la esperanza de vida en cada momento; una herramienta que puede llegar a recortar las pensiones iniciales en los años más duros de la presión demográfica hasta un 20%.

Cara factura la que se cobra la miserable práctica política española, más encaminada al mitin, la demoscopia y las intrascendencias, que a la reflexión y el rigor que precisan los problemas reales de los administrados. Cara factura por el apoyo de los nacionalistas a un Gobierno de Madrid que debería haber pactado esta reforma con los partidos responsables, el PSOE, para salvar el país. Han preferido salvar su particular proyecto para poner en grave riesgo el proyecto nacional.

La reforma de pensiones del año 2013 ha muerto. Ni factor de sostenibilidad, ni mecanismo de revalorización que valga, que también ha saltado por los aires entre las lubricadas manos de Aitor Esteban. 

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