Fomento y los fondos, abocados a pactar para evitar una guerra por las radiales
Los acreedores aportarán sus fórmulas de rescate sin impacto en déficit El PSOE es reacio a la relicitación urgente tras la reversión de las concesiones
El próximo ministro, o ministra de Fomento, a la vista de que Beatriz Corredor es favorita en las quinielas para ocupar la cartera de las obras públicas y vivienda, tendrá que lidiar con las autopistas quebradas como primer y complicado toro.
Tras la reversión de las concesiones y puesta bajo control de la firma pública Seittsa, el ex ministro Íñigo de la Serna había marcado un calendario de relicitación que comenzaba con el lanzamiento de los pliegos en este mes de junio. Una decisión que motivó fuerte contestación entre los grupos opositores, y sobre la que el PSOE defendió que cabía analizar la gestión pública, especialmente cuando esas autopistas están remontando en tráfico y suman ingresos superiores a los 100 millones anuales.
Siete de las ocho concesiones que no superaron la crisis están ya integradas en la citada Seittsa, esperando salir de nuevo a concurso. Justo en el momento en que la Administración se fue haciendo cargo de las mismas comenzó a funcionar el reloj para el cálculo de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), por la que se compensará a los fondos acreedores de las concesionarias por la reversión anticipada por causas económicas ajenas a la gestión.
En el entorno de Pedro Sánchez se prevé la búsqueda de un pacto en el Congreso sobre política de financiación de infraestructuras
El vuelco en el Gobierno se tramita en medio del plazo de seis meses que Fomento tiene para fijar la cuantía de las compensaciones. Con la suma ya determinada, vuelve a correr un periodo de tres meses para el pago.
La previsión del Gobierno de Mariano Rajoy era que la RPA no superaría los 2.000 millones, mientras los fondos (los principales son King Street, Taconic y Attestor Capital) tienen cálculos que superan los 4.000 millones. Ante esta sustancial diferencia, tanto Fomento como los titulares de la deuda estaban seguros de que tendría que ser un juez quien fijara la RPA definitiva de cada una de las autopistas rescatadas.
Esa batalla judicial, aseguran fuentes cercanas a este proceso, aún podría evitarse con un pacto entre Gobierno y acreedores. Los fondos, representados por la firma Houlihan Lokey, presentaron distintas fórmulas al anterior gabinete de Fomento que conseguían evitar el impacto de las compensaaciones en el déficit. Las mismas fuentes aseguran que estas soluciones contaban con la bendición de Hacienda, pero la cifra seguía por encima de los cálculos del departamento de Íñigo de la Serna, por lo que el posible pacto entró en vía muerta.
El relevo al frente del país reactiva la vía del diálogo y se da por descontado que Ejecutivo y el ramillete de fondos oportunistas (compraron la deuda bancaria de las concesionarias con descuentos hasta del 70% a la espera de un acuerdo o proceso judicial) volverán a sentarse a negociar sobre la fórmula de cálculo de la RPA y la cifra resultante.
La controversia sobre la relicitación de los peajes quebrados, sin deuda de construcción ni riesgo expropiatorio, se suma a posiciones contrarias a la vuelta a manos privadas de las autopistas de próximo vencimiento
En todo caso, el PSOE debe medir las consecuencias de cada centímetro de avance en este terreno. Sus votantes, y nuevos apoyos, difícilmente entenderían un pacto económico con los conocidos como fondos buitre cuando el PP eludió esa posibilidad. También está por ver cómo vuelven los Presupuestos Generales del Estado del proceso de enmiendas en el Senado.
Calendario casi agotado
De la situación de las cuentas públicas dependerá la urgencia, o no, de hacer caja con la relicitación. El anterior equipo de Fomento calculó que se ingresarían entre 700 y 1.000 millones por la concesión de esas nueve carreteras (520 kilómetros de los 3.000 kilómetros de peajes en España) en dos lotes. Una suma que se restaría al importe de la RPA en este mismo ejercicio 2018 para reducir la aportación al déficit del Estado.
Lo que no tendrá el Ejecutivo socialista es apenas tiempo para analizar nuevas salidas. “No hay que descartar que Fomento soporte el impacto de la RPA de las radiales en el déficit y se dé tiempo para decidir, con el mayor apoyo posible en el Congreso, si relicita o no esas autopistas”, explica una fuente conocedora del problema de las carreteras de peaje quebradas.
El Gobierno tiene ya las llaves de la R-3 Madrid-Arganda; R-5 Madrid-Navalcarnero; la R-4 Madrid-Ocaña; la R-2 Madrid-Guadalajara; la M-12 Madrid-Aeropuerto de Barajas; de la AP-36 Ocaña-la Roda; la circunvalación de Alicante y del tramo de la AP-7 entre Cartagena y Vera. Faltaría por revertir la AP-41 Madrid-Toledo.
La controversia sobre la vuelta de estos peajes a manos privadas, esta vez sin deuda de construcción ni riesgo expropiatorio, se suma a la posición contraria de los grupos que han aupado al PSOE al frente del Gobierno respecto a la relicitación de las autopistas de próximo vencimiento, entre este 2018 y 2021. Se trata de la AP-1 (Burgos-Armiñán), el tramo catalán de la AP-7, la AP-4 (Sevilla-Cádiz) y la AP-2 (Zaragoza-Mediterráneo). La primera está bajo la gestión de Itínere y las otras forman parte de la cesta de Abertis.
Urge, por tanto, un pacto de Estado sobre la política de financiación de infraestructuras. Primer asunto en la mesa del futuro ministro.
Una historia de finales de los noventa
Constructoras y bancos. Las concesionarias de las autopistas que han visto rescindidos sus contratos de explotación estaban participadas por firmas como ACS, Ferrovial, Abertis, Globalvía, Sacyr u OHL. Fueron licitadas entre 1998 y 2003, y en su financiación participó la banca española en pleno. Tras la cascada de concursos de acreedores, entre 2008 y 2012, las entidades vendieron sus posiciones a fondos oportunistas. Veían pasar los años y el único plan sobre la mesa, apadrinado por Ana Pastor, era cobrar con bonos a 30 años tras una fuerte quita.
Varios impactos. Las concesionarias se vieron afectadas por la crisis de tráfico en los años de recesión. Además, las titulares de las autopistas madrileñas recibieron el impacto de los sobrecostes por expropiaciones y modificados de obra demandados por la Administración.
Posiciones. El Pleno del Congreso aprobó en febrero una proposición no de ley en la que se exigía al Ejecutivo de Mariano Rajoy la renuncia al plan de dar en concesión, por otros 25 años, las autopistas rescatadas. En esa votación, PP y Foro Asturias se quedaron solos ante el resto del arco parlamentario.
Reactivación. Las nueve autopistas cerraron 2017 con una intensidad media de 4.200 vehículos diarios, lo que implica un incremento medio del 8,6% respecto a 2016.
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