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Fomento se hará en marzo con las autopistas quebradas para venderlas en dos lotes este año

Prevé ingresar entre 700 y 1.000 millones que minorarán el impacto de la RPA en el déficit

El primer concurso engloba las autopistas de Madrid y el segundo, las de Levante

El ministerio de Fomento va a sacar al mercado en dos lotes las autopistas quebradas por la falta de tráfico, con una previsión de ingresos que va de 700 a 1.000 millones de euros por su nueva privatización por 25 años. La Seittsa, sociedad estatal encargada de aglutinar las nueve autopistas en liquidación, comenzará a gestionar los activos entre febrero, cuando se espera la reversión de la radial 4 de Madrid, y el mes de marzo, cuando deberían nacionalizarse las radiales 2, 3 y 5; la M-12 que enlaza la capital con el aeropuerto de Barajas; la AP-36, que presta servicio entre Ocaña y La Roda; la circunvalación de Alicante (Ciralsa), y la autopista Cartagena-Vera (Aucosta). El calendario final depende del juez que tramita estas liquidaciones.

Todas ellas avanzan hacia la reversión a la Administración, mientras la AP-41 Madrid-Toledo tiene sin someter a la junta de acreedores el convenio. Pese a ello, Fomento prevé la próxima resolución de los contratos concesionales en Consejo de Ministros, y la relicitación allá por el mes de junio. El montante de las adjudicaciones dependerá del marco tarifario y de los estudios de demanda, aún en elaboración. Y en el caso de la AP-41, podría anticiparse el concurso pese a no haber sido liquidada.

Las nueve autopistas han cerrado 2017 con una intensidad media 4.200 vehículos diarios, lo que implica un incremento medio del 8,6% respecto a 2016. Ese año los activos ya mejoraron un 7,6% en número de usuarios, y en 2015, punto de inflexión para el tráfico tras la crisis, la demanda media creció un 5,2%.

Faltan por estimar las cuantías con que el Estado debe compensar a las concesionarias por el lucro cesante en función de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA). Y es que quedará establecido que la reversión a manos públicas de estas concesiones se ha debido a causas ajenas a las operadoras. La caída de demanda por la crisis y los sobrecostos en expropiaciones son las dos grandes losas que han pesado sobre estas infraestructuras, ambos problemas inesperados por Fomento en el momento de su licitación.

El ministerio tendrá seis meses a partir de la transmisión de los activos a la Seittsa para establecer la cifra de la citada RPA, que se antoja multimillonaria y computará en déficit. Como aproximación, el Gobierno fijó un impacto de 2.000 millones en el plan presupuestario de 2018 enviado en octubre a Bruselas. De esa cifra, que está en la mitad de lo que calculan los acreedores de las concesionarias, titulares de la RPA por la pignoración de esta garantía para cubrir los créditos de construcción, habría que restar la cantidad obtenida por la relicitación. En definitiva, Fomento quiere aglutinar todas estas operaciones en 2018 para tener un solo impacto en déficit.

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