Airbnb exige a las autonomías que permitan alquilar habitaciones a turistas

Diez regiones, entre ellas Cataluña y Madrid, lo prohíben en sus normativas

Cierra el primer pacto con Andalucía, donde también se puede arrendar la vivienda habitual

viviendas turísticas pulsa en la foto

Airbnb se encuentra en una encrucijada de difícil solución. La irrupción de su negocio ha generado una serie de efectos adversos en algunas comunidades autónomas, donde se ha generado un sentimiento de rechazo hacia esa actividad nacida en la economía colaborativa. Madrid y Cataluña, las dos autonomías con más viviendas turísticas, ejemplifican ese sentimiento de resistencia con normativas que tratan de frenar las denominadas externalidades, como la subida de precio del alquiler de la vivienda o los conflictos entre vecinos y turistas ante las dificultades de convivencia. En paralelo, el Ministerio de Hacienda aprobó el pasado 30 de diciembre un real decreto que establecía la obligatoriedad a todas las plataformas que alquilen pisos para turistas de ofrecer información periódica. En concreto, el 31 de octubre de 2018 tendrán que ofrecer la información de los clientes que se han alojado en las viviendas en las que se alquilan, los ingresos que han percibido y la identificación con nombre y apellidos. A finales de diciembre, tendrán que hacer lo mismo con los restantes tres trimestres.

La pasada semana, la CNMC emitió un requerimiento a Hacienda para que rectifique ese decreto al considerar que los requisitos que se les exige a las plataformas exceden de sus competencias. Al mismo tiempo, el Supremo también admitió a trámite el jueves el recurso presentado por la asociación Adigital, que representa a las empresas ligadas a la denominada economía colaborativa, como Uber, Cabify o Airbnb, contra el decreto aprobado por Hacienda.

La decisión de la CNMC ha escocido a los hoteleros, que han denunciado un trato fiscal favorable a este tipo de plataformas si finalmente se les exime de la obligación de ofrecer información. Juan Molas, presidente de la patronal Cehat, se mostró indignado con la decisión de Competencia y aseguró no entender las razones por las cuales no tienen que ofrecer datos de sus clientes y de sus ingresos, “si todas las pymes en España están obligadas y además lo hacen de forma telemática”

La hoja de ruta de Airbnb para lograr la paz con todos los agentes privados y públicos, sin embargo, ya está trazada. En el caso de las administraciones pactará solo con los ayuntamientos y comunidades autónomas que acepten sus requisitos. “Nuestra líneas rojas son que los particulares puedan alquilar sus viviendas habituales y que también puedan hacerlo por habitaciones”, recalca Sergio Vinay, responsable de iniciativas de políticas públicas de Airbnb. Unos requisitos que no casan con la normativa de las 17 comunidades autónomas, que son las que tienen competencias en materia turística, ni con las de más de 8.000 ayuntamientos, que lo tienen en materia urbanística. Un informe elaborado por el despacho de abogados Serrano Alberca & Conde, a partir de las 17 legislaciones autonómicas en esa materia, destaca que solo hay tres comunidades autónomas (Asturias, Madrid y La Rioja) que prohiben a los particulares alquilar su vivienda habitual, mientras que las catorce restantes sí lo permiten. En el caso del segundo requisito (alquiler por habitaciones), la legislación autonómica es más restrictiva y solo hay siete que permiten el alquiler por habitaciones (Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, País Vasco, Extremadura, Murcia y Navarra).

Vinay pone como ejemplo de colaboración el acuerdo alcanzado con Andalucía, la primera con la que pacta un sistema para crear un mapa oficial de viviendas turísticas. El acuerdo con la Junta establece que a partir del 1 de mayo, los usuarios que publiquen un anuncio en Airbnb tendrán que acogerse a dos modalidades de forma obligatoria: adquirir un número de registro para que su vivienda forme parte de un censo o para declararse como excepción, ya que no va a cumplir algunas de las normas fijadas por la Junta para las viviendas turísticas. Toda esa información se pasará a los servicios de inspección del gobierno andaluz. “Este sistema es mucho más ágil que el de obligar a tener un número de registro, ya que muchos particulares o profesionales lo pueden falsificar”, remarca Vinay. En septiembre u octubre se procederá a la asignación de un número de registro con carácter retroactivo.

La posibilidad, sin embargo, de que este modelo sea exportable a otras autonomías es muy difícil. En primer lugar, Andalucía tiene una de las legislaciones más laxas en España, ya que no fija estancias mínimas, no prohíbe el alquiler por habitaciones, permite arrendar la vivienda habitual y no establece la posibilidad de que la comunidad de propietarios vete la existencia de pisos turísticos. Solo exige un número de registro y que haya una comunicación responsable. En segundo lugar, el parque de viviendas de Andalucía en Airbnb está muy centrado en áreas de sol y playa, donde los problemas generados en las grandes ciudades, como Madrid y Barcelona, no se han producido. En último lugar, Cataluña y Madrid, las dos autonomías más afectadas por el boom de los pisos para turistas, no están dispuestas a plegarse a las exigencias de Airbnb. El caso más claro es el de Barcelona, cuya alcadesa Ada Colau, puso en marcha un plan de choque entre julio de 2016 a julio de 2017, que se cerró con 6.197 expedientes, la imposición de 3.473 sanciones y el cierre de 2.332 pisos ilegales. Desde Airbnb se critica que ese anuncio se hizo con réditos políticos y que la medida se llevaba negociando muchos meses antes.

Una tregua difícil con Hacienda y los hoteleros


Información. Desde Hacienda guardan silencio sobre el requerimiento hecho público por la CNMC para rehacer el decreto aprobado en diciembre que regula la obligación de información de los propietarios de viviendas de uso turístico. Fuentes del departamento dirigido por Cristóbal Montoro subrayan que el requerimiento no cuestiona todo el decreto, solo la parte de la obligación de información. “Si la CNMC decide finalmente impugnarlo y acaban dandole la razón, sencillamente habrá que cambiarlo. Pero por ahora ese no es el escenario”, recalcan.

Primeros anuncios. El entendimiento con los hoteles parece también difícil, aunque hay muchos empresarios que ya se han mostrado receptivos a alcanzar un acuerdo con la plataforma, a la que consideran como un canal adicional de ventas muy importante por el gran número de usuarios que tiene. De hecho, Airbnb ha firmado un acuerdo con Site Minder, una plataforma de servicios en la nube para la gestión de reservas hoteleras en todo el mundo, para que algunos establecimientos que cumplan con los estándares que marque la plataforma puedan anunciarse en su web. Mateus Coelho, director de SiteMinder para España y Portugal, resalta que este pacto no está dirigido a las grandes cadenas, “sino a hoteles singulares y pequeños que quieran ofrecer su experiencia a los millones de clientes que usan los servicios de Airbnb a diario”.

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