Madrid y Barcelona: dos maneras opuestas de controlar el fenómeno Airbnb

Colau apuesta por sanciones para regular la oferta y sacar los pisos ilegales

Carmena quiere limitar a 90 días los alquileres y descarta multas a las plataformas

Madrid y Barcelona: dos maneras opuestas de controlar el fenómeno Airbnb

Airbnb se ha convertido en el enemigo público número uno de Madrid y Barcelona. Lo que empezó siendo una aventura romántica de unos cuantos ciudadanos que alquilaban sus casas a través de la plataforma para sacarse unos ahorrillos a final de mes ha evolucionado hacia un negocio especulativo gestionado por grandes fondos que ha roto el clima de convivencia entre vecinos y turistas en el centro de las ciudades. Lo que comenzó siendo un fenómeno minoritario ha mutado en otro de masas. El portal Airbnb Inside, uno de los más fiables a la hora de valorar el número de inmuebles que están registrados en el centro de Madrid, calcula que solo en Madrid hay más de 13.000 viviendas alquiladas a través de esta plataforma y que el número en Barcelona es todavía mayor (18.000).

La manera de afrontar este fenómeno es radicalmente diferente. Cataluña fue pionera a la hora de detectar el problema del turismo masivo y de tratar de poner freno a sus consecuencias (ausencia de oferta, precios desorbitados o incremento del gasto en servicios). Fue la primera autonomía que puso en marcha una tasa turística en 2012 (en la actualidad recauda 2,5 euros por cada estancia en un hotel de cinco estrellas o en una vivienda de uso turístico en Barcelona) para obtener fondos con los que hacer frente al sobrecoste derivado de la llegada masiva de turistas. Una medida enfocada hacia Barcelona, que recibe el grueso del turismo de Cataluña. Esta comunidad es la más visitada de España, con 19 millones de turistas extranjeros en 2017, un 23,2% del total.

El ayuntamiento de Barcelona también fue pionero a la hora de establecer una moratoria hotelera, que impedía la construcción de nuevos alojamientos. Esa norma se mantuvo en 2015 y 2016 hasta que en enero de 2017 entró en vigor el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos de Barcelona (PEUAT). Ese plan dividía la ciudad en cuatro zonas concéntricas. En la zona 1, que recogía los barrios del centro, no se concedían licencias;en la zona 2 solo se otorgaban si otro proyecto cesaba previamente, y las zonas 3 y 4, en el extrarradio, crecerían con límites.

Esa política de mano dura es la que ha llevado la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, con Airbnb, que solo en esa ciudad cuenta con una oferta de 18.000 pisos. A diferencia de Madrid, el diagnóstico de la comunidad autónoma y del ayuntamiento (pese a estar dirigidos por formaciones políticas diferentes) sí coincide. La norma autonómica obliga a los propietarios que alquilen casas para turistas a disponer de un número de registro (Madrid no lo exige) para que entren dentro de un censo oficial y que al mismo tiempo estén obligados a pagar la tasa turística, en vigor desde 2012. En paralelo, el ayuntamiento puso en marcha un plan de choque en 2016, combinando inspecciones masivas para detectar pisos ilegales y la imposición de sanciones, tanto a los propietarios de las viviendas de uso turísticas como a las plataformas que los anunciaban.

El ayuntamiento de Barcelona ha logrado cerrar 2.332 pisos ilegales en un año

El primer balance de ese plan de choque (de julio de 2016 a julio de 2017) muestra que en ese período se abrieron 6.197 expedientes (el doble que en los dos años y medio anteriores), se impusieron 3.473 sanciones y se ordenó el cierre de 2.332 pisos ilegales. Esa cifra coincide con el número de viviendas que retiró la plataforma el pasado ejercicio. “Las conversaciones con las autoridades de Cataluña y Barcelona son positivas, y seguiremos reuniéndonos con el Ayuntamiento de Barcelona y el departamento de Turismo de la Generalitat para cumplir con nuestra colaboración para eliminar a los malos actores y promover el home sharing responsable”.

En este cambio de actitud ha tenido un peso definitivo la firmeza del ayuntamiento contra las viviendas ilegales. Colau impuso a finales de 2016 una sanción de 600.000 euros a Airbnb, ante la falta de colaboración para legalizar su oferta, y en verano de 2017 amenazó con imponer otra multa de la misma cuantía si seguía sin adecuarse a lo que se le pedía. “Seguiré multando a Airbnb hasta que cumpla la ley. Está traspasando todos los límites legales”, apuntó en un mensaje en Twitter.

El Ayuntamiento de Madrid quiere limitar el alquiler a 90 días y a las viviendas habituales

Otro factor que muestra el compromiso de Barcelona contra la oferta irregular de pisos turísticos es la creación de la figura del “visualizador” en el plan de choque. En el primer año había 20 visualizadores y en el segundo hay 40. Estas personas realizan un trabajo previo al de los inspectores y se encargan de comprobar insitu si las direcciones de las viviendas corresponden con las reales y de realizar entrevistas con los turistas para conocer posibles fraudes. En tres meses han realizado 3.300 búsquedas por internet y 1.157 visitas a pie de calle, que han permitido identificar 630 pisos ilegales, a los que se multará con 60.000 euros si no son retirados de la plataforma.

En el otro lado aparece Madrid, donde la discrepancia política ha evitado la aplicación de medidas de calado. La Comunidad de Madrid está presidida por la popular Cristina Cifuentes y el Ayuntamiento de Madrid lo dirige Manuela Carmena, de Ahora Madrid con el apoyo del PSOE. Las diferencias políticas han sido determinantes para que el fenómeno de los pisos para turistas le haya explotado a ambas administraciones en las manos. El ayuntamiento es el que cuenta con las competencias urbanísticas y la comunidad con las turísticas.

El portal Airbnb Inside, uno de los más fiables a la hora de valorar el número de inmuebles que están registrados en el centro de Madrid, calcula que en la actualidad hay más de 13.000 viviendas alquiladas a través de esta plataforma (los hoteleros lo elevan a 20.000) y las asociaciones de vecinos del centro se han levantado contra la falta de control de este fenómeno.

El gobierno de Cristina Cifuentes redactó un borrador de ley, actualmente en trámite de consulta pública, que ha soliviantado por su tibieza a la industria hotelera y a los vecinos. Las dos principales novedades se centran en que las plataformas como Airbnb serían consideradas como empresas turísticas y estarán sujetas al régimen sancionador de la Ley de Ordenación del Turismo si la incumplen (las multas podrían llegar a los 300.000 euros) y que las comunidades de vecinos tendrían potestad para prohibir los pisos para turistas, siempre que las decisiones se adoptarán por mayoría y se recogieran en los estatutos.

Gabriel García, presidente de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid, ha acusado a la Comunidad de beneficiar a ciertos intereses económicos, en alusión a los grandes fondos inmobiliarios, y considera imprescindible limitar el número de días que un particular pueda alquilar y eliminar la posibilidad de alquiler por habitaciones. “En Berlín se ha llegado a prohibir de manera absoluta la actividad de las viviendas de uso turístico porque la disponibilidad de las viviendas a precios asequibles se ha visto gravemente amenazada”, dice.

Fuentes de la Comunidad de Madrid apuntan que se busca un “texto garantista” que tenga en cuenta el criterio de libertad para la economía colaborativa defendido desde la Comisión Europea y que valore las sentencias judiciales en contra. El actual decreto, en vigor desde julio de 2014, se tuvo que rectificar tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que consideró que uno de los artículos (que establecía estancias mínimas de cinco días) “era un restricción injustificada contra la competencia”. Esas mismas fuentes huyen del alarmismo general por los pisos turísticos. “Es una actividad que se tiene que ordenar, no prohibir”. Y para ello exponen el número de denuncias que se han recibido por pisos ilegales para turistas. “Desde julio de 2014 hasta enero de 2018 han llegado 341 denuncias, lo que supone una media de 8 al mes. Hay que abordar el problema, pero sin alarmismos”, subrayan.

El diagnóstico del ayuntamiento es radicalmente diferente. En primer lugar consideran que los pisos turísticos sí son un problema y que es necesario limitarlos. En esta línea encaja la moratoria establecida de forma temporal. Hasta que la nueva norma autonómica no entré en vigor, el ayuntamiento prohibirá la conversión de suelo terciario en residencial en el centro. Desde la Comunidad critican la medida. “Se ha hecho una moratoria que no afecta a Airbnb, sino a los promotores que quieran convertir residencial en terciario”, precisan.

El resto del plan pasa por limitar a 90 días el plazo en el que un particular puede alquilar una vivienda a turistas, que solo salgan al mercado viviendas habituales y que las plataformas paguen una tasa para financiar los sobrecostes (transporte, limpieza o agua) generados por el impacto de esa actividad.

Andalucía y Baleares, dos caras de la misma moneda

Airbnb hizo oficial el jueves el acuerdo alcanzado con la Junta de Andalucía. A partir de mayo obligará a todas las personas que quieran alquilar su vivienda a través de la plataforma en esa comunidad a registrarla previamente. Con ese procedimiento obtendrán el número de registro que reclama el Ejecutivo andaluz para llevar un censo oficial de viviendas. Este número de registro será visible en el anuncio. ¿Podría llevar el pacto sellado en Andalucía al fin de las hostilidades con el resto de ayuntamientos? La plataforma sí lo cree y pone como ejemplo los acuerdos alcanzados en Portugal o EEUU. Los responsables políticos de Baleares, Madrid o Cataluña discrepan y consideran que el acuerdo solo será posible, si al margen de legalizar toda la oferta, se establecen límites para evitar la proliferación masiva de pisos de turistas en los centros de las ciudades y los problemas de convivencia que han surgido con los vecinos.

En el otro lado se sitúa Baleares. Fue la primera administración que puso límites a Airbnb. Desde el pasado 9 de agosto, fecha en la que entró en vigor la nueva ley turística, el número de plazas de alojamiento para turistas (hoteles, apartamentos o viviendas de uso turístico) quedó fijada en 623.624, de las que 435.707 (el 70%) están en Mallorca y más de la mitad en manos de establecimientos hoteleros. El objetivo a largo plazo del Ejecutivo autonómico es ir reduciendo la oferta paulatinamente, hasta que finalmente quedé limitada en torno a 300.000 plazas. La plataforma tachó de “compleja y confusa” la nueva norma balear. La firma consideró un error que la nueva normativa no diferencie entre las familias locales “que comparten sus hogares” y los operadores profesionales, que son a los que, a su juicio, deberían afectar todas las limitaciones. La plataforma argumenta que cada casero en Baleares gana de media 6.300 euros alquilando su casa 40 noches al año.

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