Arnaldo Muñoz, director general de Airbnb en España.
Arnaldo Muñoz, director general de Airbnb en España.

Airbnb rechaza ceder los datos de sus clientes como reclama Hacienda

Solo aportará detalles personales en el contexto de un proceso judicial

Considera que Bruselas le ampara para no perseguir actividades ilegales

El pasado viernes, la Dirección General de Tributos, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, publicó el borrador de un decreto con el que pretende endurecer el control sobre Airbnb. En ese texto, el departamento dirigido por Cristóbal Montoro establece la obligación a la plataforma de presentar “periódicamente” una declaración informativa especial, que incluirá el nombre de los titulares de las viviendas, de los clientes que se alojan en ellas, los días que pernoctaron, el importe abonado y un número de referencia catastral. En la exposición de motivos, Hacienda admite que el objetivo es la "prevención del fraude fiscal" al aumentar los controles sobre "las personas o entidades, en particular, las denominadas plataformas colaborativas, que intermedien en el arrendamiento o cesión de uso de viviendas con fines turísticos".

Un proyecto que trata de disipar el enfado vecinal en Madrid y Barcelona, los dos principales focos del fenómeno de la turismofobia, y de frenar las críticas de hoteleros y apartamentos turísticos ante lo que consideran un foco de “economía sumergida”. El último en arremeter contra los pisos turísticos fue el consejero delegado de NH, Ramón Aragonés. “La turismofobia la han provocado los alojamientos ilegales. Es un fraude fiscal con una tolerancia difícil de entender. Hay ciudades con más oferta no reglada que reglada”, aseguró en la última junta de accionistas

Montoro exige el nombre de clientes y propietarios, el número de pernoctaciones, el importe abonado y la referencia catastral

Ni la presión de Hacienda ni la de los hoteleros ha hecho salirse del guión que lleva defendiendo desde hace varios meses la compañía norteamericana. “Los anfitriones de Airbnb desean pagar los impuestos correspondientes en España y queremos trabajar con los políticos para que el proceso sea simple y claro para todos. Por esta razón, hemos implementado una serie de herramientas que ayudan a simplificar los impuestos para los anfitriones, como recordatorios, historiales de transacciones descargables y enlaces a recomendaciones independientes sobre fiscalidad”, apuntan fuentes de la plataforma. Esa guía fiscal ha sido elaborada por la consultora EY, en la que se especifica como tributan los rendimientos derivados de alquilar una casa a través de Airbnb y cómo deben realizar las declaraciones de IRPF.

El punto innegociable para la compañía es que no cederá los datos personales de sus clientes. Y se escuda en la directiva comunitaria de protección de datos. “Esta indica que los datos personales son aquellos que identifican a una persona y que están sujetos a leyes de protección y privacidad muy estrictas”, recalcan esas fuentes, que señalan que solo cederán datos personales, tal y como reclama Montoro, si la petición se realiza a través de la justicia. “La acción de compartir datos solo puede ocurrir en respuesta a una petición legal válida, en el contexto de un proceso legal válido”, aseguran.

Otra directiva emanada de Bruselas, la relativa a comercio electrónico, es la que le sirve a la compañía con sede en San Francisco para defenderse de las acusaciones de no perseguir el fraude de aquellos inquilinos que no pagan los ingresos recibidos. “Es importante destacar que, bajo la legislación de la Unión Europea, los estados miembros no pueden imponer a las plataformas colaborativas, en la medida en que prestan servicios de alojamiento, una obligación general de monitorizar o buscar de manera activa hechos o circunstancias que indiquen actividades ilegales”, asegura uno de los artículos de la directiva.

Por su parte, otra plataforma, HomeAway, mostró este jueves sus dudas también sobre las competencias del Estado para solicitar los datos personales de los usuarios y propietarios de la plataforma de alquiler vacacional, aludiendo a las normativas europeas en materia de protección de datos. No obstante, se mostró abierta a colaborar con Hacienda para lograr “una mayor transparencia” sobre los gestores y propietarios de los pisos.

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