Adigital urge a la CNMC a impugnar el decreto de Hacienda para controlar a Airbnb

Creen que podría poner en riesgo la viabilidad de muchas empresas La Agencia Tributaria reclamará los primeros datos de clientes en octubre

Logo de Airbnb.Efe

Se refieren al real decreto que establece la obligación a estas plataformas de presentar periódicamente una declaración informativa especial, que incluye el nombre de los titulares de las viviendas, de los clientes que se alojan en ellas, los días que pernoctaron, el importe abonado y un número de referencia catastral. Una medida, que según al departamento dirigido por Cristóbal Montoro, busca prevenir el fraude fiscal al elevar los controles sobre las personas o entidades que intermedian en el arrendamiento o cesión de uso de viviendas con fines turísticos.

El director general de Adigital, José Luis Zimmermann, ha explicado esta mañana que el real decreto pone en riesgo la actividad de estas plataformas en España, que supone un 1,4% del PIB, al imponerles multas millonarias por incumplir con una obligación de información que muchas veces les resulta imposible cumplir al no disponer siquiera de la mayoría de esos datos sobre sus usuarios. Las multas podrán ir desde los 80.000 euros a los 2,4 millones de euros.

Fuentes de Hacienda consultadas por este periódico rechazan las acusaciones de Adigital y precisan que los datos que serán obligatorios dentro de la declaración informativa son los mismos que se establecieron en el real decreto publicado en el BOE el pasado 30 de diciembre: el titular de la vivienda, la persona a la que se cede el derecho a alquilar la vivienda si no es el titular de la vivienda, las personas que lo alquilan, la referencia catastral y la dirección del inmueble, el número de días de alquiler, el importe percibido y el contrato entre el titular y la persona a la que se cede el derecho de alquiler. El modelo de declaración informativa en la que se incluirán todos esos datos se desarrollará en una orden ministerial, aún pendiente de publicación y que todavía está en período de observaciones.

En este contexto, Adigital ha pedido a la CNMC que actúe de oficio y denuncie ante los tribunales la nueva normativa. “Ante la amenaza que estas dificultades suponen para la economía digital, hacemos un llamamiento a la CNMC para que intervenga de oficio, interponiendo un recurso contra el decreto de manera proactiva con el objetivo de proteger el interés general”, ha añadido Zimmermann, que aseguró que esta norma "está levantando barreras competitivas en el mercado europeo, especialmente para las empresas más pequeñas con menos músculo para atender los requerimientos de Hacienda".

Zimmermann también apuntó que se han reunido con la Comisión Europea para exponerle “la gravedad del asunto” y que valoran la posibilidad de interponer una queja formal ante Bruselas, “pues consideramos que el decreto es contrario a la Directiva de Comercio Electrónico, a la Directiva de Normas y Reglamentaciones Técnicas y la Directiva de Servicios”. Desde Adigital insistieron en que bajo la legislación de la UE, los Estados miembros no pueden imponer a las plataformas colaborativas, en la medida en que prestan servicios de alojamiento, una obligación general de monitorizar o buscar de manera activa hechos o circunstancias que indiquen actividades ilegales, tal y como consta en uno de los artículos de la directiva de comercio electrónico.

Las multas a las empresas que no ofrezcan datos a Hacienda irán desde 80.000 a 2,4 millones de euros

Adigital ha criticado duramente la insistencia del Gobierno español de aplicar un decreto “hecho de forma apresurada, sin entender el modelo de negocio de las plataformas y en el que se piden datos que las plataformas no poseen”. La asociación no entiende como el Gobierno sólo ha dado 24 horas desde que se publica el decreto (30 de diciembre de 2017) hasta que ha entrado en vigor, el pasado 1 de enero.

"La Hacienda francesa ha aprobado un decreto similar (aunque con muchas menos exigencias sobre la información que se reclama a las plataformas) y ha dado cuatro años, del 2016 al 2020, para que las empresas puedan ajustar su operativa a las obligaciones con Hacienda", destacó.

Los datos de los clientes alojados en el primer semestre se podrán presentar a final de año

“El hecho de no aceptar, y ni siquiera abrirse a negociar la información que las plataformas pueden recoger y que sí pueden ofrecer a la administración fiscal, nos hace dudar sobre la verdadera finalidad recogida en el decreto, que es la lucha contra el fraude fiscal, y pensar que en realidad es una regulación encubierta de la economía colaborativa”, resaltó Zimmermann.

Desde Hacienda también rechazan esas acusaciones y remarcan que la primera declaración informativa que tendrán que cumplimentar las plataformas será la correspondiente al tercer trimestre del 2018 y deberán presentarla en octubre. Todos los datos correspondientes a los dos primeros trimestres del año podrán adjuntarlos a final de año, con lo que el departamento que dirige Cristóbal Montoro considera que existe tiempo de sobra para ajustar la operativa de las compañías a los nuevos requisitos.

El presidente de Adigital insistió en que las plataformas no se oponen a ofrecer a Hacienda los datos de los que disponen que sean necesarios para prevenir el fraude fiscal, como los datos económicos de las transacciones, la identificación del usuario o del inmueble, pero “otros datos simplemente no pueden darlos porque no los tienen. Y tampoco entendemos para que quiere Hacienda la referencia catastral", resaltó Zimmermann.

Estas empresas no solo consideran que es un “requisito insostenible” facilitar los datos de más de 9 millones de viajeros extranjeros, sino que “difícilmente se justifica” en base al objetivo primordial de controlar el fraude fiscal. Además, recordaron que el sector hotelero no está obligado a comunicar estos datos a Hacienda y que el Ministerio de Interior ya está trabajando en una normativa por su parte para regular este asunto.

“Tanto las plataformas como Adigital seguimos abiertos a colaborar con Hacienda, pero nos estamos encontrando con muchas dificultades”, destacó. El representante de la asociación explicó que, entretanto avanzan la petición de intervención de la CNMC y con la Comisión Europea, continuarán sus conversaciones con las embajadas de diferentes países, especialmente aquellas de los que España recibe más viajeros, con el fin de comprender en qué medida este decreto cumple o no con las regulaciones vigentes en materia de protección de datos. Adigital aseguró que confía en que el tema sea valorado en la reunión que mañana mantendrán las autoridades españolas de competencia en Madrid. El plazo para presentar recurso finaliza el próximo 28 de febrero.