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El Foco
Tribuna
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¿Ha mejorado Bolonia la educación universitaria?

La aprobación del plan ha traído mejoras, pero no ha logrado acabar con los viejos defectos del sistema

Pablo Monge

Se cumplen 20 años desde la Declaración de la Sorbona, suscrita por Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, instando a la creación de un Espacio Europeo de Educación Superior. Mucho ha llovido en el panorama europeo desde entonces y, hoy, hasta vemos a uno de los firmantes en trance de salir de la Unión Europea por decisión soberana de sus ciudadanos. Al menos de esa decisión no podrá culparse también a la universidad y lo universitario, pues como es sabido, la Unión Europea no tiene competencias en materia de educación.

En este proceso, abundante en reuniones y declaraciones, la más famosa de todas la de Bolonia, vemos las luces y sombras de un deseo aspiracional de una Europa unida y sin fronteras para el conocimiento, la ciencia, las universidades y los universitarios, en el firme convencimiento de que solo así podrá recuperar puestos en el panorama internacional una envejecida Europa, hoy sobrepasada en el ámbito universitario por el modelo educativo norteamericano y crecientemente amenazada por la pujanza asiática.

La implementación práctica de los distintos principios y bases de entendimiento para crear un Espacio Europeo de Educación Superior, tal y como se promovió en la universidad parisina, se ha desplegado de muy distinta forma en los diferentes países, que exceden propiamente hablando de los integrantes de la Unión Europea.

La legislación española es un buen ejemplo de lo que la universidad no necesita para ser competitiva en el ámbito internacional

Por lo que toca a España, distintas reformas legislativas y la voluntad decidida de la universidad y los universitarios ha permitido, por ejemplo, hacer realidad una mayor y creciente movilidad estudiantil a través del exitoso programa Erasmus. También debemos a Europa y a este proceso una mayor concienciación en las universidades públicas de algunos posicionamientos que las privadas tuvimos claros desde nuestros primeros reconocimientos, tales como la preocupación por la empleabilidad y el contacto vivo con la sociedad a la que servimos a través de las empresas; o la necesidad de contar con un sistema de gobernanza más adaptado al mundo actual y no necesariamente basado en representaciones estamentales más propias del Medievo que de la posmodernidad.

También la toma de conciencia de que nuestro sistema universitario debe compararse con los demás a nivel global, de que es fundamental establecer sistemas de mejora continua o del hecho de que las universidades, amén de garantizar la universalización del conocimiento a través de la democratización en el acceso a los estudios superiores, deben preocuparse también de rendir cuentas, fomentando la transparencia y eliminando, en la medida que resulte conveniente, la recurrente endogamia. Todos ellos son efectos benéficos de este proceso de reconversión universitaria aún inacabado.

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Con todo, el sistema universitario español, integrado por universidades públicas y privadas, además de la rara avis que suponen las universidades concordatarias es, objetivamente, un buen sistema que pese a sus defectos y carencias ha demostrado no solo la inquietud, sino en buena medida, la capacidad de integrarse en este nuevo y exigente entorno. Y aunque no todos nos hemos adaptado al nuevo paradigma a la misma velocidad o con la misma intensidad, en tanto que sistema, pienso que los españoles podemos estar orgullosos; y lo estaremos más aún a medida que los más reticentes, por comodidad o ideología, vayan cediendo a la inapelable realidad.

Pero el camino no está aún expedito para alcanzar la universidad que necesitamos y querría referir ahora algunas de las amenazas, las sombras que planean sobre nosotros y que podrían resumirse en tres: la hiperregulación limitante de la autonomía universitaria, la burocratización de la actividad académica y, finalmente, los obsoletos sistemas de financiación de la educación superior.

En cuanto al primero, tras dedicar buena parte de mi vida profesional al derecho universitario, estoy en condiciones de afirmar, hondamente convencido, que la legislación universitaria en España es un buen ejemplo de lo que un sistema universitario no necesita para ser competitivo a nivel internacional. La autonomía universitaria se cercena con demasiada frecuencia bajo la excusa de una planificación interesada políticamente y las universidades bregamos por un maremágnum normativo estatal y autonómico que resulta cualquier cosa menos incentivador de la sana autonomía y de la innovación. El ejemplo que nos brindan las escuelas de negocios españolas, a la cabeza de las clasificaciones internacionales en buena medida por haber carecido de normatividad en su actividad, debería hacer reflexionar a legisladores y políticos.

En cuanto al segundo, la burocratización de la actividad académica, pienso que también debe reformarse hondamente el modo en el que hemos implementado nuestra preocupación por la calidad y los medios y formas de objetivarla, que a mi juicio deberían orientarse a resultados de creación científica, internacionalización y empleabilidad de egresados, sin caer en la paralizante acumulación de evidencias sin sentido o endiabladas justificaciones de lo evidente.

Finalmente, en lo que toca a la financiación del sistema, tanto en su actividad docente como investigadora, resulta ineludible para el éxito no solo comprometer más fondos con políticas favorecedoras de la interacción público-privada, que desde luego, sino incrementar la competencia entre todas las universidades del sistema por los siempre escasos recursos, por los mejores estudiantes y por los mejores profesores. Eso puede hacerse, por ejemplo, con fórmulas de financiación más comprometidas con la excelencia y la racionalidad que con el equilibrio territorial o las situaciones de facto que cuesta demoler por su coste político y que llevan a abusar con demasiada frecuencia de un proteccionismo que genera manifiestas ineficiencias y que hoy, en un entorno global, no nos podemos permitir.

Juan Cayón Peña es rector de la Universidad Nebrija.

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