Los títulos universitarios españoles siguen sin ser europeos
La equiparación de los títulos académicos españoles al marco europeo de cualificaciones (EQF, por sus siglas en inglés) está en entredicho. Pese a las iniciativas que el Gobierno tomó para que esta equivalencia quedara clara e incontestable, la cuestión no está resuelta, indican fuentes de la Comisión Europea (CE) consultadas por Cinco Días.
El pasado 23 de enero el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 22/2015, con el que se modifica la normativa que implementó en España la remodelación de la universidad prevista por el plan Bolonia. La disposición final segunda establece que los niveles académicos actuales, es decir, técnico superior, grado, máster y doctor, corresponden a los niveles 5, 6, 7 y 8 del EQF, respectivamente. Basándose en esta medida, el Ministerio de Educación está expidiendo documentos que certifican, para cada título, dicha correspondencia.
Sin embargo, ¿el Real Decreto 22/2015 y los certificados que avala tienen plena validez en Europa? Tras haber contactado con la CE, la Federación de Asociaciones de Ingenieros Industriales (FAIIE) se inclina por la negativa y, en un comunicado, advierte de que, debido a ello, “los profesionales universitarios españoles pueden continuar siendo cuestionados en concursos a licitaciones de obras o en convocatorias de empleo internacionales”. El presidente de la asociación, Luis Manuel Tomas Balibrea, afirma que los certificados de correspondencia que otorga Educación “solo tienen eficacia de este lado de los Pirineos”.
Desde la Dirección General de Asuntos Sociales de la CE así lo confirman: “No existe reconocimiento a nivel europeo, si un título español quiere ser reconocido en otro país, tiene que seguir los procedimientos de aquel país”.
La pieza que falta, siempre según fuentes comunitarias, es un informe de correspondencia entre el marco español y el europeo que España debería remitir al comité de expertos del EQF y que no ha llegado todavía. Este periódico ha intentado reiteradamente preguntar al ministerio las razones del retraso, sin éxito. El procedimiento, detalla Bruselas, prevé que, “cuando compara su propio sistema de cualificaciones al EQF, cada país debe cumplir con diez criterios. El comité de expertos del EQF comprueba que se cumplen dichos criterios, discute el informe y lo aprueba”.
Bien es verdad, como subrayan fuentes del departamento que dirige Íñigo Méndez de Vigo, que desde sus despachos salió, hace casi un año, un documento parecido. Sin embargo, afirman desde la Comisión, solo se trató de una autocertificación que no establece una equiparación con el EQF, sino con el marco europeo de cualificaciones de la educación superior (EHEA, por sus siglas en inglés). Este marco solo “cubre los títulos de la educación superior, mientras el EQF, todos”, explican las mismas fuentes.
Según manifiesta Educación en su propia web, el único marco que podría compararse con el EQF es el Marco Español de Cualificaciones (MECU). Pese a que su implementación estuviera prevista para 2014, el MECU nunca llegó a aprobarse, como admitió el ministerio en la memoria de análisis de impacto normativo del proyecto de Real Decreto 22/2015. “Mientras el MECU no esté, no hay nada equiparado al marco europeo”, concluye Balibrea.
Desde la Dirección de Asuntos Sociales de la CE destacan que la participación en el proceso de armonización de los distintos sistemas educativos nacionales con el EQF se desarrolla de forma “voluntaria”. En este sentido, “España no tiene por qué justificar el desarrollo de su propio marco nacional y la correspondencia de éste con el EQF”. Sin embargo, añaden las mismas fuentes, “España ha anunciado que presentará este informe en 2016”. Lo que supone que el Ejecutivo que salga de los comicios convocados para el 20 de diciembre será también el heredero de esta asignatura pendiente.
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