El Tesoro deja de pagar por el rating de S&P y trabajará solo con DBRS

Cree que ya no son necesarios los servicios de S&P, Moody's y Fitch por la mejora económica Las agencias seguirán concediendo su rating, que ahora será no solicitado

España rescindirá este año su contrato con la agencia de calificación financiera Standard & Poor's, con lo que pondrá fin definitivamente al pago por los servicios de las tres principales agencias del mundo. Ya rescindió el contrato con Moody's en 2016 y el de Fitch, en 2017.

Después de la mejora de calificación financiera lograda el pasado viernes por parte de Fitch, el Tesoro cree llegado el momento de prescindir de la calificación obligada de su perfil crediticio por parte de estas agencias. “Consideramos que no es necesario trabajar con todas ellas, dado el clima de confianza que existe en la actualidad en la economía española, a diferencia de otras épocas” señalan fuentes del Tesoro.

La institución explica que la renuncia a recibir el rating ya es una práctica común en otros países desarrollados y que, en cualquier caso, las agencias seguirán emitiendo la calificación habitual sobre la deuda soberana española, aunque a partir de ahora el Tesoro deje de contratarlas para ello. Solamente se mantendrá el contrato con la agencia canadiense DBRS, la única que calificará de forma individualizada las distintas emisiones de deuda del Tesoro

España seguirá por tanto contando con el rating de las principales agencias de calificación financiera, aunque será no solicitado. Después de todo, el rating soberano es referencia obligada para establecer el nivel de riesgo de las empresas y entidades financieras de un país. Las agencias necesitan de hecho conceder un rating, aunque sea no solicitado, al riesgo soberano de un país para poder calificar las emisiones corporativas.

Desde Standard & Poor’s, confían en seguir ofreciendo un rating soberano de calidad a pesar de la finalización del contrato. “Creemos que tenemos acceso a suficiente información pública fiable y de calidad con la que sostener nuestros análisis”, explica la agencia en un comunicado. S&P apunta además que hay interés de mercado en que la agencia conceda un rating no solicitado, como referencia para los inversores y para otros tantos emisores españoles, empresas y también corporaciones públicas al margen del Tesoro.

“En la práctica, el trabajo de calificación seguirá siendo el mismo para las agencias. No viven de los rating soberanos sino de los corporativos. Y por tanto, cualquier agencia tiene que dar el soberano si quiere calificar a una compañía. Si además quieres ser agencia de referencia, estás obligado”, apuntan fuentes de mercado. Así, S&P no tiene firmados contratos con los estados de numerosos países a los que califica igualmente y entre los que aparecen las principales economías de la zona euro, que también han prescindido de sus servicios. Es el caso de Alemania, Italia, Reino Unido, Holanda, Bélgica, Suecia y Portugal, además de Turquía y Arabia Saudí.

El Ayuntamiento de Madrid también anunció, no sin una fuerte polémica, la ruptura en 2015 con las agencias Fitch y S&P, argumentando el ahorro de costes por un pago anual a ambas agencias que alcanzaba los 107.500 euros. “La decisión del Tesoro no es una cuestión de costes”, defienden fuentes de mercado.

La ruptura definitiva con las tres principales agencias de rating llega en un momento de clara recuperación económica y cuando Fitch acaba de mejorar la calificación financiera al nivel previo al del rescate bancario de 2012. La renuncia al rating no era en cambio planteable durante la crisis, cuando los inversores exigían la máxima transparencia a las cuentas públicas españolas y a pesar de que las agencias castigaron con dureza el perfil crediticio de España.

S&P concede ahora un rating BBB+ a la deuda soberana a largo plazo española, aprobado alto. La mejoría de la economía española creó meses atrás una fuerte expectativa de subida de rating, Pero S&P optó a finales de septiembre por mantenerlo, argumentando las fuertes incertidumbres por la crisis política en Cataluña. Esas dudas se han moderado y Fitch ha destacado la fortaleza de la economía pese al desafío independentista y sí ha decidido elevar el rating. S&P volverá a pronunciarse sobre la revisión del rating soberano español el próximo 23 de marzo.

La decisión adoptada por el Tesoro responde a una cuestión económica. “Las agencias cobran un tipo fijo a cada emisor. A esto se une el pago de unas tasas por cada emisión, algo acordado entre las agencias y el rating”, señala Francisco Chambel, responsable de mercados de deuda de UniCredit. En paralelo, otras fuentes señalan que España atraviesa una situación macro dulce que le otorga poder para cuestionar el trabajo de las agencias en los años de la crisis. “Las firmas de rating tienen demasiada influencia, pero también se equivocan. En su momento no miraron los fundamentales y se dejaron llevar por la presión que vivía el mercado en donde se cuestionó la solidez del euro”, explican.