Un año más para cambiar la supervisión en España
Los grupos políticos creen muy complicado que puedan consensuar unas conclusiones. Los diputados consideran que los cambios que puedan sugerirse para evitar otra crisis no se desarrollarán hasta 2019.
Si hubiera que poner letra y música a lo que está sucediendo en la comisión de investigación de la crisis financiera en el Congreso de los Diputados una de las que mejor le iría sería el éxito de Gabinete Galigari, La Culpa fue del Cha Cha Chá. De los 36 ponentes que ya han pasado por esta comisión no llegan a una decena los que han expresado alguna autocrítica sobre lo que ha sucedido en la última década en el sistema financiero español, que ha costado a los españoles 60.000 millones de euros, a los que se suman otros 170.000 millones a los accionistas, según datos de Rodrigo Rato, expolítico y banquero. Por no hablar del empleo, como recordó también en esta comisión Fernando Restoy, que acudió en calidad de exsubgobernador del Banco de España y exvicepresidente de la CNMV. “Tardaremos años en recuperar el empleo” que se ha perdido durante la crisis, explicó.
“¿Esto es un saqueo? No. Es el mercado, amigo”, fue la respuesta de Rato al diputado de Ciudadanos, Toni Roldán.
Quedan aún unas 30 intervenciones más, pero, de momento, parece muy complicado que esta comisión cumpla su objetivo, que sus conclusiones sean como el libro blanco con soluciones que eviten en un futuro crisis como la sufrida en los últimos 10 años y que han terminado con más de la mitad del sistema financiero español. Los portavoces de economía de los diferentes partidos políticos tienen previsto finalizar con las ponencias entre junio y julio, para realizar las conclusiones del paso de expertos, políticos y banqueros por la comisión en noviembre con su consiguiente aprobación por el Congreso. Entremedias, sin embargo, tienen que decidir si sería conveniente que algún que otro ponente repitiese su paso por esta reunión. “Ahora haríamos, por ejemplo, otras preguntas al exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, tras lo que hemos escuchado después de su intervención”, señala uno de los portavoces de esta comisión.
Las conclusiones no solo serán, eso, conclusiones, en las que se intentará buscar algún responsable de la crisis. La idea es que al final se logre plasmar en modificaciones de la estructura de los supervisores o en la legislación. Lo ideal sería que estas conclusiones se adoptasen por consenso, pero todos los partidos políticos son conscientes de lo casi imposible del objetivo. Cada uno defiende la actuación de su partido durante la gestión de la crisis. De ahí que se lleve a cabo votos particulares de cada relato, explica un portavoz.
De momento, están pendientes cambios sustanciales en el organigrama de los supervisores, que según coinciden todos los grupos políticos, tendrán que esperar hasta el año que viene para que se lleven a cabo. Una de las reformas anunciadas por el ministro de Economía, Luis de Guindos, hace justo un año, cuando confirmó que se integraría en la CNMV el organismo que vigila a los auditores y elabora la normativa contable, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), es el más adelantado, junto al de la fórmula para nombrar a los supervisores.
Pero si se hace caso a los proyectos de los grupos políticos, la idea es que estas modificaciones se lleven a cabo tras haberse cerrado la comisión de investigación. Fuentes políticas aseguran que además hay que tener en cuenta que puede que haya cambios en el Gobierno, y justo en el ministerio de Economía, si finalmente se confirma la candidatura de Luis de Guindos para ocupar la vicepresidencia del Banco Central Europeo (BCE).
Cambios en la inspección del Banco de España, como reclaman los inspectores, o de su estructura, o la creación de una gran agencia para la defensa del consumidor son proyectos que siguen congelados a la espera de que se desatasque las diferencias políticas y se cierre la comisión de investigación. Eso sí, la necesidad de que cambios son evidentes, y reclamados por prácticamente todos los exsupervisores que han pasado por la comisión de investigación, tanto nombrados por el PP como por el PSOE.
La semana pasada pudo considerarse el punto álgido de la comisión. Comparecieron nada más ni nada menos que tres ex vicepresidentes del Gobierno que representaron a tres de las etapas de la dramática crisis financiera cuyas secuelas aún prevalecen. Rodrigo Rato, ministro de Economía y Hacienda y más tarde vicepresidente del Gobierno de José María Aznar (1996 hasta 2004), además de exdirector general del Fondo Monetario Internacional (FMI) y expresidente de Bankia, recuperó la arrogancia que le caracterizó durante sus años como político y banquero. En su intervención quería dominar el escenario, dirigir la situación, y lo consiguió.
Fue otra vez su gran día al lograr su objetivo, que una gran parte del Gobierno de Mariano Rajoy no quitase ojo a su intervención. Puso en marcha el ventilador, y sin un ápice de arrepentimiento o autocrítica expulso por su boca todo lo que llevaba tiempo digiriendo, según apuntó todo un complot de sus antiguos colegas del PP (Luis de Guindos, ministro de Economía, Cristóbal Montoro, responsable de Hacienda, Rafael Catalá, de Justicia, y Fátima Báñez, de Empleo,) para meterle en prisión. “El gobierno me quiere en la cárcel”, resonó como un estruendo en la Sala Ernest Lluch del Congreso.
La combatividad de su intervención chocó a prácticamente todos los portavoces políticos presentes en la comisión. Algunos justifican la rudeza de sus palabras en el hecho de que esta misma semana se espera que el Tribunal Supremo confirme la sentencia de la Audiencia Nacional sobre las tarjetas black y que puede suponer la entrada automática de Rato y de otros 17 exconsejeros y directivos de Bankia en la cárcel. También es cierto que su intervención sorprendió por otra razón. “No eludió ninguna respuesta. Contestó a todas las cuestiones que se le plantearon los distintos portavoces, sin evasivas”, coinciden dos portavoces de la comisión de muy diferentes grupos políticos.
Estas mismas fuentes ponen en contraste su declaración con la de Elena Salgado, vicepresidenta responsable de Economía entre 2009 a 2011 con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, quien quiso demostrar que durante el mandato del PSOE todo lo que se hizo fue para evitar el rescate de España “a la griega”, y la exclusión de la capa de la sociedad más desfavorecida.
Pedro Solbes, su antecesor en el cargo entre 2004 a 2009, puede que fuera, también según varios de los portavoces de Economía del Congreso, el más sincero de los asistentes a la comisión. “Todos somos conscientes de que dejó su cargo por las discrepancias con Zapatero, sobre todo desde que Miguel Sebastián se convirtió en el hombre de confianza del presidente y era el que marcaba los criterios de la economía en España”, recuerda un diputado, quien añade que “una cosa era conocer sus discrepancias y otra oírlo de él mismo. Solbes ha sido hasta ahora el que ha hecho más autocrítica en la crisis”.
Mañana será otro de los días claves de la comisión. Pasará por ella el actual ministro de Economía, Luis de Guindos, el protagonista del rescate de la banca española y, según Rato, de su dimisión en Bankia y de la elevada inyección de capital acordada para la entidad que ahora reside José Ignacio Goirigolzarri.
Puede que tras su comparecencia se puedan aclarar varias de las cuestiones que, pese a los ya intervinientes, han quedado abiertas y solo tienen ahora respuesta en clave política. Cada partido político hace la suya.
Habrá que esperar y confiar en que al final los ambiciosos objetivos con los que nació en febrero de 2017 esta comisión puedan plasmarse en unas conclusiones consensuadas que pongan las medidas para evitar lo que vaticinan varios expertos, una nueva crisis financiera.
