Aberri Eguna
Iñigo Urkullu, Juan José Ibarretxe y Andoni Ortuzar, en Bilbao en 2013 durante la celebración del Aberri Eguna

El mercado quiere la vía vasca para Cataluña

Lo primero es salvar el Estado de derecho.

Después, habrá que hablar de pacto fiscal

En Polonia o Hungría se está reduciendo y eliminando poco a poco la democracia, pero con el enorme apoyo de una mayoría. La palabra democracia suena muy bien, pero lo decisivo es el Estado de derecho, la separación de poderes. Hitler llegó al poder democráticamente, apoyado por una gran mayoría, pero el que alguien sea elegido por mayoría no es lo bueno; lo bueno es que exista la separación de poderes”. El filosofo Rudiger Safransky reflexionaba así en febrero (en una entrevista con Berna González Harbour para El País) sobre el “populismo que se define como una especie de democracia de base, de Twitter”.

No puede haber democracia sin Estado de derecho. Sin imperio de la ley, sin reglas claras, sin acatamiento de lo que resuelvan los tribunales. Lo sabe bien la UE, que empieza a tomar medidas contra Polonia (que pretendía controlar a los jueces desde el Gobierno) y contra Hungría (que desobedece sentencias de la justicia europea sobre refugiados escudándose en un referéndum). Sentenció esta semana el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Junker, que el Estado de derecho “no es una opción, es una obligación”. Un mensaje a Polonia, a Hungría... y a esta Cataluña desobediente a todas las legalidades, metida en una vía revolucionaria que tiene arraigo histórico en aquella tierra pero no traerá nada bueno.

En la pretendida república catalana solo cuenta la mayoría parlamentaria, ni siquiera reforzada. La mitad más uno de los votos sirve para cualquier cosa. Para derogar la Constitución y el Estatut. Para anunciar que se van a incautar todos los bienes del Estado allí. Para poner, a la húngara, a los tribunales al servicio del poder político. Para establecer por ley que, aunque en el seudorreferéndum del 1 de octubre votara solo una pequeña parte del censo, y no se cumpla ninguna garantía, sería vinculante y se proclamaría la independencia exprés.

Lo llaman la “revolución de las sonrisas”, y la adornan con discursos amables, a veces naíf. Pero se quiere demoler las bases de la convivencia. Invocar la democracia para eso es un insulto a la bella idea de los griegos antiguos y a los principios de la Ilustración.

Lo más irritante del procés es que se haga en nombre de los derechos humanos. Puigdemont homenajeó a Rosa Parks en la víspera de la Diada, como si los catalanes fueran los negros obligados a ceder su asiento en el autobús a los blancos, como en la Alabama de 1955. La resistencia de aquella mujer a las injustas leyes de segregación racial en el transporte triunfó en el Tribunal Supremo y dio lugar al movimiento por los derechos civiles que cambió la historia de EE UU. Otras veces el independentismo ha citado a Mahatma Gandhi y a Nelson Mandela como sus ejemplos. Mal elegidos: Gandhi no celebró la descolonización de India porque le amargó la (sangrienta)partición de Pakistán. Nelson Mandela fue todo un estadista. Salió de prisión sin rencor y cuidó la concordia, llevando de la mano a las élites blancas en el proceso político de la Sudáfrica salida del apartheid. Son justo la concordia y los derechos de las minorías lo que se pone en peligro ahora en Cataluña. Ya se ven las fracturas en los municipios y en las instituciones, en algunos partidos, nos tememos (ojo) que en los Mossos.

Rosa Parks
Rosa Parks monta en autobús en Alabama en 1956, cuando la justicia derogó la segregación racial en el transporte público.

Puigdemont apela a Rosa Parks, como si los catalanes fueran negros obligados a ceder el asiento a los blancos en el autobús

¿Por qué esa fijación del independentismo con los héroes de la lucha por los derechos humanos? Pues porque la autodeterminación es, dice el preámbulo de su ley de referéndum, “el primero de los derechos humanos”. Por ahí no paso. Perdonen, pero el artículo 1 de la Declaración de los Derechos Humanos (Naciones Unidas, 1948) es este: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.

Donde figura la autodeterminación (y es para sacudirse situaciones coloniales o de ocupación, no aplicables aquí) es en la Carta de las Naciones Unidas, que no trata de derechos humanos sino de relaciones entre Estados. Entre los objetivos de la Carta (artículo 1, segundo párrafo): “Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otros medidas adecuadas para fortalecer la paz universal”. Que en el siguiente artículo se aluda a la “integridad territorial” de los Estados suele ser obviado por los nacionalismos. Es más rotundo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966: “Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación”, empieza. El punto 3 se dirige a los Estados “que tienen la responsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso”. Y el artículo 2 aclara que los países protegerán este derecho “con arreglo a sus procedimientos constitucionales”.

Las personas tienen derechos antes que las naciones (uno de esos mitos compartidos que facilitan la cooperación entre grupos de desconocidos, como bien las define Harari). Los derechos humanos nacieron para defender al individuo del poder, no para tomar el poder.

La primera Declaración de Derechos del Hombre se puso por escrito en Virginia, en 1776, en plena guerra de independencia contra la metrópoli británica. Desde el principio se decía (artículo V): “Que los poderes legislativo y ejecutivo del Estado deben estar separados y distinguirse del judicial”. Los revolucionarios franceses hicieron lo mismo en su Declaración de Derechos Humanos de 1789. Artículo XVI: “Toda sociedad en la que la garantía de los derechos no esté asegurada, ni la separación de poderes determinada, no tiene Constitución”.

Las declaraciones de derechos humanos no consagran la autodeterminación, sino la separación de poderes

Lo primero, ahora, es restablecer el Estado de derecho en Cataluña. Que nadie entienda esta defensa de la legalidad como un elogio del inmovilismo. Las leyes se reforman gradualmente o de forma más ambiciosa cuando hay una mayoría consistente para ello. Por desgracia no existen hoy consensos amplios, pero nunca los habrá si no empezamos a explorarlos. Si España hubiera abordado hace unos años la reforma de su modelo territorial, incluida la financiación, quizás no habríamos llegado hasta aquí. Cabe suponer que si Mariano Rajoy pudiera rebobinar su trayectoria, se ahorraría ese recurso contra el Estatut que desató los demonios. No sé si admitiría que también fue un error dar portazo sin más al pacto fiscal con que se plantó Artur Mas en La Moncloa. Ahora, sin embargo, el Gobierno se muestra comedido ante el desafío: recurre a la justicia, claro, pero ni pide detenciones (no quiere regalarles esa foto) ni persigue por sedición (15 años) o rebelión (30 años). Nada del artículo 155. Por ahora.

Cuando pase el 1-O, algo tiene que moverse. Así lo están entendiendo los empresarios, los bancos, las agencias de calificación, aquellos que mueven los mercados. Su apuesta es clara: no va a haber independencia a corto ni medio plazo. La probabilidad de una secesión inmediata es “extremadamente baja” según Barclays, “altamente improbable” para DBRS. “El escenario central es que Cataluña continuará formando parte de España”, dice Standard &Poor’s. Para Fitch, la situación “no va a resultar en una disrupción significativa” económica ni política.

El mercado lo ve así. Ante una ruptura del Estado, la prima de riesgo estaría por las nubes (no pasa de 120) y los capitales huirían. Ni siquiera está en revisión a la baja la nota de España, pero sí la de Cataluña (ya bono basura), porque la confrontación puede resultar en “una reducción o retirada del apoyo del Estado” (Fitch), como está produciéndose ya ante la negativa de la Generalitat a rendir cuentas a Hacienda pese a la evidente necesidad de su auxilio.

A ojos de los que mueven el dinero, la salida a este enredo no está en la autodeterminación, sino en un acuerdo fiscal. Y los informes internacionales resultan más optimistas que los análisis que se escuchan en España. Fitch prevé “un movimiento hacia más transferencias con gran autonomía fiscal” para Cataluña. Más explícito: “Una solución duradera debería satisfacer algunas de las principales demandas catalanas, en particular las relacionadas con más recursos fiscales”, pero siempre “respetando las restricciones de la Constitución española”.

Un escenario prometedor:la presión por la independencia “puede relajarse más adelante”, dice DBRS, según mejore la economía, se negocie una nueva financiación y suba la inversión estatal en la comunidad. La firma percibe “una actitud más abierta a reconocer las diferencias regionales en el Gobierno nacional”.

Las agencias de calificación esperan un movimiento hacia una mayor autonomía fiscal de Cataluña

Sí, debe amainar la tensión. Una vez ablandadas las intransigencias a uno y otro lado, la crisis podría encauzarse por la vía vasca, que no es extrapolable tal cual pero puede servir de referencia. El País Vasco (como Navarra) obtuvo en la Constitución de 1978 el reconocimiento de “derechos históricos”, incluido el de recaudar los principales impuestos en sus tres territorios. Luego hace cuentas con el Estado de forma bilateral (y se calcula el llamado cupo). Esto no sirvió entonces para que los vascos apoyaran la Constitución, ni para evitar décadas de terrorismo, pero a la larga ha dado gran estabilidad.

Hay fuertes resistencias políticas a eso que llaman “federalismo asimétrico”, pero el modelo de 1978 ya era muy desigual. El País Vasco puede permitirse más gasto educativo o sanitario por habitante porque vive con más desahogo (quizás también porque gestionen mejor).

Muchos expertos creen que España puede soportar un trato fiscal especial, o privilegiado, para el País Vasco y Navarra porque no suman tanta población (16%) y PIB (19%) como Cataluña. Que sin Cataluña el sistema fiscal general estaría muy desequilibrado. Pero el problema no estaría en realidad en que las Haciendas locales recauden sus impuestos, sino en la forma en que se calcula su aportación al Estado. De Cataluña, dada su riqueza, cabe esperar un compromiso mayor con la solidaridad con el resto de comunidades. Por cierto, en el nacionalismo vasco no hace demasiada ilusión que se exporte su modelo, no sea que implique una revisión del que tienen ellos.

Un pacto fiscal con Cataluña no podría ser igual a los conciertos vasco y navarro. Pero es que ni siquiera se ha estudiado una fórmula que pudiera responder a sus peculiaridades. En contra de un acuerdo así pesa la dinámica del café para todos que vive España desde la transición. Como si el Estado autonómico no se hubiera diseñado en 1978 principalmente para resolver el encaje de los territorios con identidad más diferenciada. Algún día tendrá que vencerse ese temor. No todos los territorios ansían el mismo autogobierno. No hacen falta 17 marcos igual de distintos.

Avanzar en este sentido obliga a sacudirse el cortoplacismo que domina la política. Todos hicieron cálculos electoralistas. La entonces Convergència se sumó al independentismo, en un giro de 180 grados, cuando vio las calles llenas de esteladas. En el PP, una actitud impasible trataba de aparentar firmeza;se temía que cualquier concesión fuera vista por los suyos como debilidad. Con ese espíritu nunca habría sido posible la transición.

Puede parecer ingenuo esperar que un nuevo marco fiscal resuelva el ansia por la independencia. Desde luego, no bastaría. A los catalanes les han prometido una república, y cualquier otra cosa decepcionará a los más entusiastas. Pero quizás un acuerdo fiscal junto a otras reformas, que incluyan competencias mejor precisadas y cambios en la Constitución, irían moviendo el péndulo al atraer a los moderados del nacionalismo a posiciones más realistas. Si el suflé independentista subió tanto en poco tiempo (porque se atizaron las brasas irresponsablemente desde sus instituciones, y por la inacción desde el Estado), también podrá irse desinflando más lentamente.

En este terreno hay otras lecciones que aprender de Euskadi. Cuando Juan José Ibarretxe impulsó el plan que llevaba su nombre (no del todo independentista, sino de “libre asociación”), al menos respetó los procedimientos y los plazos. Esa frustrada reforma del Estatuto se debatió a fondo en Vitoria, se aprobó por los pelos (necesitó los votos de media Batasuna, la otra media en contra) y se llevó al Congreso, donde el propio Ibarretxe la defendió con solemnidad, en febrero de 2005. El Congreso dijo no.

Tres años después Ibarretxe intentó desbloquear el asunto mediante una ley de consultas (no vinculantes) que el Constitucional anuló. Hubo protestas, pero nunca se llamó a las urnas a las bravas. Tampoco existía la excitación festiva que en las calles de Cataluña provoca el procés, porque en Euskadi aún se sentía miedo al terror y la kale borroka.

El fiasco se pagó después: las elecciones autonómicas de 2009 dieron la presidencia al socialista Patxi López y el PNV selibró de su visionario lehendakari. Desde entonces manda en el partido gente pragmática: primero Josu Jon Imaz y ahora Iñigo Urkullu (quien no para de desmarcarse de la vía catalana). Como la prioridad en el País Vasco es consolidar la pacificación (y la prosperidad), el nacionalismo moderado se cuida mucho de aventuras irresponsables. Logran mucho más pactando en Madrid (como con los Presupuestos) que sacando multitudes a la calle. Otra constatación: el clima político mejora cuando se forman pactos transversales (gobiernan PNV y PSE) en vez de trincheras demarcadas por el sentimiento nacional.

No vale más tener la mayoría que respetar las reglas. La democracia no es “queremos votar”. Tenemos derecho al Estado de derecho. Rosa Parks merecía que pusieran su imagen en los billetes de 20 dólares, como estudió el Tesoro (al final eligió a otra afroamericana, Harriet Tubman). El secesionismo catalán podría referirse, mejor, a Safransky. O, más fácil, fijarse en cómo sus hermanos del PNV salieron del lío en que les metió Ibarretxe.

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