El Parlament aprueba la Ley del Referéndum pese al cerco judicial
Rajoy pide al Tribunal Constitucional que ponga freno a los independentistas Arrimadas anuncia que presentará una moción de censura contra Puigdemont
Llegó el choque de trenes. El Parlamento de Cataluña ha aprobado esta noche, tras una jornada marcadamente bronca, la Ley de Referéndum que fija las bases para la pretendida consulta soberanista del 1 de Octubre. La norma, cuya mera tramitación contraviene la doctrina del Tribunal Constitucional, como advirtieron los propios letrados del Parlament, salió adelante con 72 votos a favor (los que suman Junts pel Sí, la CUP y el no adscrito Gordó) y 11 abstenciones en una Cámara de 135 miembros.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que consideró la sesión como “una patada a la democracia” informó de que el Ejecutivo ya ha puesto el asunto en manos del Tribunal Constitucional, que tiene previsto abordarlo el jueves.
La tensión fue in crescendo desde primera hora de la el viernes cuando el Parlament aprobó alteración del orden del día para tramitar de urgencia la Ley del Referéndum con el apoyo de los independentistas de Junts pel Sí y la CUP y entre sonoras quejas de la oposición. El resto de grupos pidieron conocer de primera mano la advertencia de inconstitucionalidad emitida por los letrados del Parlament, lo que les fue denegado.
Así las cosas, el secretario del Parlament se negó a firmar la tramitación de la norma, que fue incluida en el boletín por otros parlamentarios. Luego, la Mesa del Parlament, presidida por Carme Forcadell, se resistió a dar tiempo a los grupos para preparar sus enmiendas –cediendo solo la hora del almuerzo– y se negó a aceptar aquellas a la totalidad. Finalmente obvió la advertencia de la Comisión de Garantías Estatutarias de que era preceptivo un informe sobre la legalidad de la norma que habría obligado a posponer la votación.
La ley se votó finalmente pasadas las 21.30 horas con la ausencia de PP, PSOE o Ciudadanos, que en protesta abandonaron la Cámara. El Govern tenía previsto reunirse acto seguido para convocar el referéndum. La portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, anunció que presentará una moción de censura.
La respuesta del Gobierno
“El Gobierno no va a permitir que se incumpla la Ley en España”, clamó a medio día la vicepresidenta del Gobierno pidiendo “tranquilidad a los ciudadanos de Cataluña. “Querer imponer a toda costa una decisión contraria a la Constitución y la democracia demuestra que quienes están al frente del Parlament y de la Generalitat se acercan más a los regímenes dictatoriales que a una democracia”, remachó, anunciando que el Ejecutivo dejará “nulos y sin efecto los acuerdos adoptados”.
Lo hará en dos pasos. De un lado, expuso, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, remitió un escrito ayer mismo a la Abogacía del Estado solicitando que se interponga un incidente de ejecución de sentencia ante el Tribunal Constitucional por la tramitación de la legislación secesionista, que contraviene sus fallos.
De otro, por la norma en sí, cuyo recurso ante el Constitucional será solicitado inmediatamente por Rajoy, reclamando previamente un informe al Consejo de Estado. La medida será solicitada en las próximas horas para que el Tribunal pueda estudiar el recurso el jueves por la mañana.
La vicepresidenta no detalló qué medidas se pedirán al Tribunal, quien tiene nuevas atribuciones para inhabilitar a cargos públicos, por ejemplo, pero sí avanzó que se pedirán responsabilidades penales para los responsables, incluyendo a Forcadell. “Durante su mandato ha muerto la democracia”, llegó a decir la vicepresidenta en una dura intervención.
Reacciones
Rajoy tiene previsto reunirse este jueves con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el responsable de Ciudadanos, Albert Rivera, para tratar el asunto, del que ha mantenido al tanto al Rey durante la jornada de hoy.
Mientras, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, trasladó al Gobierno su apoyo en estas actuaciones contra la “mascarada groseramente orquestada” contra la democracia en el Parlament.
Por su parte, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, acusó a la vicepresidenta de “amenazar e insultar” a todos los catalanes, y defendió el derecho de estos a decidir.
La Fiscalía y el Constitucional
Poco después, trascendía que la Fiscalía Superior de Cataluña se querellará contra Forcadell y los miembros de la Mesa del Parlament por desobediencia y prevaricación al admitir a trámite la ley de referéndum.
El Tribunal Constitucional concluyó su pleno de este miércoles antes de recibir la notificación de Rajoy, registrada a eso de las tres de la tarde, por lo que prevé abordarla el jueves. La mera admisión a trámite supondría la suspensión cautelar de las leyes, explica Ricardo de Rabassa, socio del bufete Cremades & Calvo-Sotelo.
Antes, sin embargo, el pleno del Constitucional deberá abordar la recusación presentada este miércoles contra todos sus miembros por la presidenta de la Mesa del Parlament, que les acusa de “falta de imparcialidad”. Se da la situación de que si el pleno no pudiera evaluar el recurso que recae sobre sí mismo, esta labor podría recaer sobre el Tribunal Supremo.
La jugada daría unos días de margen a los independentistas en los que las normas tramitadas por el Parlamento catalán en las sesiones ordinarias de este miércoles y el jueves, o la extraordinaria convocada para el viernes, no serían analizadas bajo la lupa constitucional y seguirían vigentes. Fuentes judiciales apuntan, en todo caso, que este recurso tiene poco recorrido y que previsiblemente el Constitucional lo rechace.
De momento, el Parlament aprobó este miércoles la ley del referéndum de independencia previsto para el 1 de Octubre, pero queda en el aire tramitar la Ley de Transitoriedad, ideada como el marco legal que imperaría en la región desde la consulta a la consumación de su independencia. El Gobierno también prevé recurrirla ante el Constitucional.
Las sanciones por el 9N
Por otra parte, sobre el referéndum independentista que se prepara sobrevuela desde el martes la amenaza de una sanción económica para sus promotores. Así lo ejemplifica la sanción que pende sobre los responsables del precedente más directo, la consulta del 9 de Noviembre de 2014. En concreto, el Tribunal de Cuentas estudia imponer una fianza de unos 5,1 millones de euros por la malversación de fondos asociada a los gastos del 9N.
El organismo fiscalizador ha citado para el próximo 25 de septiembre al expresident de la Generalitat Artur Masy a otra decena de ex altos cargos de su Govern. El Tribunal matiza, en todo caso, que de momento la cita se establece para que los responsables del 9N conozcan la documentación asociada al proceso y puedan presentar alegaciones, lo que no supondrá la inmediata exigencia de la fianza planteada. Todo un precedente para los responsables de convocar el 1 de Octubre.
De la moción de censura a la advertencia de los jueces
Arrimadas: La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, sostuvo este miércoles que hay “muchos catalanes preocupados por la tensión social” derivada de la convocatoria de un referéndum “ilegal” y ante el hecho de que los independentistas “faltan al respeto a los que no participamos de sus ilegalidades”. Arrimadas advirtió al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que estaba “a punto de cometer el error más grande y grave de la historia de la democracia” provocando un escenario de absoluta “inestabilidad”. Arrimadas anunció tras la votación que presentará una moción de censura contra Puigdemont.
Los jueces: Las secciones catalanas de la Asociación Profesional de la Magistratura, de la Asociación Francisco de Vitoria y del Foro Judicial Independiente han defendido su “inquebrantable fidelidad” a la Constitución ante la ley del referéndum del 1 de octubre y la de transitoriedad jurídica que el Parlament tiene previsto debatir y aprobar. “Nos hemos comprometido no sólo a cumplir, sino a hacer cumplir la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, administrando recta e imparcial justicia”, defendieron en un comunicado conjunto.
Colau: La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, defendió que lo ocurrido este miércoles en el Parlament de Cataluña, y las multas de más de cinco millones de euros que podrían imponerse a los organizadores de la consulta del 9 de Noviembre de 2014, “demuestran el fracaso del gobierno Rajoy, incapaz de dialogar y de ofrecer soluciones políticas”.
