En pensiones, el FMI también se equivoca

El organismo debería recomendar implantar un sistema de cuentas nocionales como el sueco

Christine Lagarde
La directora gerente del FMI, Christine Lagarde.

Los hombres de negro han vuelto. Y esta vez para hacer su diagnóstico sobre la situación de las pensiones dentro del contexto español. Así, en julio, el personal técnico del Fondo Monetario International (FMI), al terminar su visita oficial (o misión), publicó su informe, dentro del marco del artículo IV del Convenio Constitutivo del FMI.

El FMI defiende en su informe que se mantengan íntegramente las reformas de la Seguridad Social de 2011 y 2013 para afrontar la presión del gasto en pensiones derivada del envejecimiento poblacional. Incluso sugiere seguir retrasando la edad de jubilación. En cuanto a la revalorización de las pensiones, el FMI argumenta que solo suban un 0,25% anual para la sostenibilidad del sistema. Aquí se destilan tres cuestiones conexas:

La primera es la referida a la defensa que hace el FMI del nuevo índice de revalorización de las pensiones que, en sí mismo, lo que hace es condenar al sistema a una pérdida significativa de poder adquisitivo que en solo cuatro años superará el 10%. Su fórmula, que sustituye al IPC, se basa en un ajuste en función del equilibrio entre ingresos y gastos del sistema. Si hay déficit, la subida será del 0,25%, independientemente de la inflación. Un reciente estudio de la Autoridad Independiente Fiscal (Airef) estimó el índice entre 2018 y 2022, siendo su resultado del 0,25%, cifrando el déficit de la Seguridad Social al cierre de 2022 en 16.144 millones de euros, lo que significará que más allá del 2022, el índice seguirá siendo del 0,25%. Una condena a cadena perpetua; si no, tiempo al tiempo.

La segunda cuestión es la defensa concreta que el FMI hace sobre retrasar más aún la edad de acceso a la jubilación. El FMI piensa que la medida de retrasarla de 65 a 67 años debería ser más incisiva todavía y, en consecuencia, seguir retrasándola. Hasta dónde, no lo han dicho, pero es fácil intuir: hasta los 70. ¿Por qué el FMI –que defiende el principio de economía de mercado– impone una edad para tener acceso a las aportaciones realizadas al sistema de jubilación en un modelo contributivo? ¿Por qué alguien de 57 años que llevara trabajando desde los 20 –por tanto, con 37 años cotizados– no puede acceder ya a la jubilación y, sin embargo, un compañero suyo que hubiera entrado a trabajar el mismo día, pero con 30 años de edad, transcurridos esos mismos 37 años cotizando, por el hecho de cumplir los 67, sí tiene acceso al 100% de la pensión? Es comprensible que con 57 años se deba cobrar bastante menos, pero calcúlese actuarialmente cuánto menos y permítasele jubilarse si así lo decide, sin que el sistema se aparte ni un ápice de “los principios de contributividad, proporcionalidad y equidad” que, según el BOE, “caracterizan el sistema español de Seguridad Social”. Ya se contempló en la normativa la necesidad de recalcular los coeficientes correctores en caso de jubilación anticipada, que permitiría adecuar la pensión a cada edad en función de lo cotizado. Ni está, ni se le espera.

La tercera cuestión es la defensa que el FMI hace de las reformas acometidas en 2011 y 2013. Un proceso que está conllevando una bajada de las pensiones pero que no se aproxima a lo que el FMI define en su informe como “un sistema de pensiones financieramente sostenible y socialmente aceptable”. Así, primero los socialistas en 2011 y, después, en 2013, los populares sometieron al sistema a una intensa reforma paramétrica, lo que se tradujo en ambas ocasiones en una bajada de las pensiones, de modo que, sumándose ambas reformas, los que se jubilen en 2027 recibirán un 30% menos que con las normas previas a la reforma. Dichas reformas se centraron en modificar los parámetros del sistema sin afrontar una reforma estructural del modelo. Llama la atención que el FMI no mencione explícitamente que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social se agotará durante 2017, cuando hace 17 años aplaudió su creación; ni tampoco el importe del déficit estructural motivado por el futuro envejecimiento poblacional.

En conclusión, equivocadamente el FMI apoya el actual modelo, aportando una visión continuista, buscando ahondar en cambios paramétricos –como retrasar más la jubilación o semicongelar las pensiones sine die– como solución al déficit estructural. Por tanto, según avancen las décadas, más reformas paramétricas injustas al canto. Sin embargo, urge cambiar estructuralmente el sistema mediante una reforma basada en el principio de equidad que lo haga más equilibrado y más justo, lo que lo hará más sostenible. Y eso se llama sistema actuarial de Cuentas Nocionales.

Un sistema de Cuentas Nocionales es un modelo público, de reparto, contributivo y de aportación definida. Cada trabajador paga sus contribuciones con las que se financian las pensiones presentes, si bien todas y cada una de esas contribuciones serán exactamente las que se tendrán en cuenta para la pensión futura, que se irán acumulando durante toda la carrera laboral en cuentas individuales, bajo el principio de que cada euro de contribución se acumula hasta la jubilación y los trabajadores conocerán en cada momento lo que tienen acumulado. En la jubilación, esos derechos acumulados generarán una pensión en función de su edad de jubilación y de su esperanza de vida, garantizándose así el equilibrio actuarial necesario del sistema.

Es el modelo implantado ya desde hace décadas en Suecia, que pasó de un sistema paramétrico –como el español– a un sistema de Cuentas Nocionales, aportando ventajas en términos de transparencia, ecuanimidad, flexibilidad, anticipación y cuentas claras para trabajadores y pensionistas. Todo esto, además, coincide con el informe del FMI donde indica que “en beneficio de los jubilados presentes y futuros, será fundamental la plena transparencia sobre cómo se consigue la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones y las consiguientes implicaciones para la renta de jubilación”.

¿Alguien pone en duda que los suecos cuidan su agenda social? Entonces, ¿por qué el FMI no lo recomienda?

Luis María Sáez de Jáuregui es director de Distribución de AXA.

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