Garoña: la historia de un esperpento

Un efecto del proceso ha sido el cuestionamiento de la imprescindible independencia del CSN

central nuclear garoña
Acceso principal de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos).

El anuncio del ministro Nadal desestimando la renovación de la autorización de la central nuclear de Garoña –a pesar del informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), aprobado con mi voto en contra–, cierra una larga historia que puede calificarse, sin exageración, como esperpéntica.

Esperpéntica, porque ha puesto de manifiesto el empeño, sin ningún tipo de escrúpulo, del Gobierno de Rajoy, dispuesto a cumplir su promesa electoral (“Garoña se mantendrá activa con un gobierno del PP”), a pesar de la evidente falta de consenso social y político, no solo de los partidos de la oposición (véanse hoy los tuits entusiastas de Alfonso Alonso y de Javier Maroto, notables dirigentes del PP) e, incluso, a pesar de la reticencia de Nuclenor, en particular de su accionista Iberdrola, ante las elevadas inversiones exigidas por el CSN para la reapertura de la planta.

Nada extraño. A pesar de la catástrofe de Fukushima, el PP se presentó a las elecciones en 2011 con una propuesta de política energética basada en un informe de la FAES, que podía resumirse en “Muerte a las renovables y larga vida a las nucleares” y que, en efecto, se tradujo en la inmediata paralización de los incentivos a las energías renovables, así como en el empeño de prolongar la actividad de la central de Garoña, a la que el Gobierno socialista había concedido una autorización solo hasta 2013, aunque Nuclenor había pedido operar hasta 2019.

La historia ha resultado también esperpéntica porque, para conseguir el preceptivo informe favorable del CSN , este organismo regulador, de merecido prestigio internacional hasta la fecha, ha aceptado modificar sus propias prácticas y contribuir a cambios legislativos, para hacer un “ traje a medida “en el caso de Garoña, que, voluntariamente, había decidido cesar su actividad a finales de 2012, aduciendo razones económicas. La propia vicepresidenta del Gobierno, en una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, reconoció que “’se estaba modificando la legislación vigente para facilitar la reapertura de Garoña”.

Y así, entre otras cosas, el Consejo aceptó, por primera vez, tramitar un expediente de renovación en el que el titular solicitaba operar otros 17 años, a pesar de que, desde 1999, informaba tales expedientes por un máximo de 10 años. Quien escribe este artículo, entonces consejera, solicitó sin éxito, en repetidas ocasiones, que se explicaran las razones, en términos de seguridad nuclear y protección radiológica, para introducir ese cambio, que, en la práctica, permitiría que una central nuclear española alcanzara por primera vez los sesenta años de actividad.

Y, para seguir con el esperpento, dicho cambio quedó definitivamente aprobado tras modificarse una guía del CSN , a instancias de la patronal eléctrica, Unesa, que , de forma expresa, pedía que desapareciera cualquier referencia sobre la citada práctica, “para que no interfiriese en la tramitación de la renovación de Garoña”.

No acaban aquí las excentricidades. Una vez establecidas por el CSN las importantes medidas a adoptar por parte de Garoña, para garantizar la necesaria seguridad de esta planta (la más antigua de España y de características similares a la de Fukushima), el director técnico del organismo remitió una carta a Nuclenor en la que se le exigían las medidas que, en todo caso, debían implementarse antes de que se evacuara el correspondiente informe sobre la renovación.

El propio presidente del CSN, Fernando Marti, aseguró en el Parlamento la vigencia de dichas exigencias. Pero, por el contrario, el informe favorable del CSN se aprobó finalmente sin que la empresa hubiera cumplido tales requerimientos, esgrimiéndose entonces que la carta del director técnico no tenía validez jurídica.

Una de las consecuencias más negativas de todo este proceso ha sido por tanto, a mi juicio, el cuestionamiento público de la imprescindible independencia del organismo regulador, al que le corresponde regular y supervisar en un sector oligopolista, con el único cometido, según la legislación vigente, de garantizar la máxima seguridad nuclear y protección radiológica a todos los ciudadanos.

Como tuve ocasión de recordar en mi última comparecencia parlamentaria como consejera del CSN, las instituciones que velan por el interés general, como la mujer del césar, no solo tienen que ser honradas sino además parecerlo.

De todo lo anterior se deduce que mi discrepancia con el informe favorable a la reapertura de Garoña se basa exclusivamente en la calidad de los procedimientos, al margen , por tanto, de mi convicción personal sobre la conveniencia de la desaparición gradual del uso de la energía nuclear en nuestro país. Este debe ser acorde con las propuestas reiteradamente presentadas por el PSOE en las dos ultimas legislaturas para establecer un calendario de cierre, de forma que operen como máximo hasta cumplir los 40 años, y siempre bajo estrictas condiciones de seguridad.

El ministro Nadal ha invocado, nada menos , que “ignorancia” e “irresponsabilidad” en materia de política energética por parte de las fuerzas políticas que apostamos por el cierre gradual de las centrales nucleares. Y ello, a pesar de que solo tiene que mirar hacia nuestros países vecinos Francia y Alemania, ambos con gobiernos conservadores, que ya han iniciado una transición energética que reduce el uso de la energía nuclear: en el caso de Francia , desde el actual 75% de la producción de electricidad al 50% en 2025; y, en el caso de Alemania, avanzando hacia el cierre de todas sus plantas nucleares en el horizonte de 2022.

Le guste o no al Gobierno del PP, la energía nuclear ha comenzado su declive en muchos países occidentales, a causa de los costes económicos crecientes de sus necesarias garantías de seguridad así como de la gestión de sus residuos radioactivos. Y, por el contrario, los costes de la utilización de las energías renovables siguen reduciéndose rápidamente, con expectativas ciertas de convertirse en el principal recurso para la producción de electricidad y, con ello, también, de la energía necesaria para un transporte libre de combustibles fósiles.

Lo peor de toda esta esperpéntica historia es el desamparo de miles de habitantes del entorno de Garoña, a los que se prometió la continuidad de la planta, sin considerar opción alguna para la creación de empleo en la comarca, como se había establecido por parte del último Ejecutivo socialista.

Ahora, la prioridad de este Gobierno debería ser precisamente la de retomar ese plan de reindustrialización de la zona, recuperando tanto tiempo perdido y poniendo en marcha un proceso de transición justa como el que proponemos desde el PSOE para todas las áreas con circunstancias análogas.

Y en todo caso, recordemos que el desmantelamiento de Garoña, que debería ser inmediatamente solicitado por Nuclenor, supondrá al menos 10 años de tareas muy complejas, que requerirán empleo y generarán actividad. Ahí está el ejemplo de la central nuclear de Zorita, en fase final de desmantelamiento, que ha llegado a contratar más personas de las que allí trabajaban cuando la instalación se encontraba en pleno funcionamiento.

Cristina Narbona, presidenta del PSOE y exconsejera del Consejo de Seguridad Nuclear

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