¿Cuándo descubrió el supervisor “los muertos” de Bankia?
Los peritos acercan a la excúpula del Banco de España al banquillo "La CNMV tuvo delante de sus ojos” contradicciones que no evitó
Las conclusiones finales de los peritos judiciales del caso Bankia, ratificando que la entidad salió a Bolsa de forma “fraudulenta” utilizando “información falsa”, no solo instan a abrir juicio oral sobre la gestión de la entidad que requirió el mayor rescate financiero de la historia del país sino que amenazan con sentar definitivamente en el banquillo de los acusados a los máximos responsables de supervisión de la época.
Una oportunidad para esclarecer el papel del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el episodio. Los peritos, dos inspectores del Banco de España designados por el juez instructor Fernando Andreu a los que no les ha temblado el pulso a la hora de rebatir las declaraciones de quienes eran sus superiores hasta hace poco, exponen en sus informes que la labor de quien debía vigilar no solo no evitó la debacle sino que pudo contribuir a elevar en cientos de millones de euros el agujero que luego tapó el contribuyente.
“A mí me llega, digamos, lo de enterrar a los muertos, me llega lo de la salida a Bolsa de Bankia”, declaró ante el juez instructor, Fernando Andreu, el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, a mediados de marzo, tras ser imputado junto a otros cinco exaltos cargos del supervisor y los dos máximos exresponsables de la CNMV.
“La pregunta inmediata es, ¿cuándo descubrió el declarante a los muertos del sistema bancario español?”, plantea en su informe el perito judicial Víctor Jesús Sánchez Nogueras, recordando que Ordóñez era gobernador desde 2006, cinco años antes del debut bursátil de Bankia. El perito plantea así la cuestión clave en la búsqueda de responsabilidades de los supervisores en el caso Bankia: ¿En qué momento supieron de las irregularidades?
En opinión de los peritos, con tiempo suficiente como para evitar su salida a Bolsa. A su parecer, así lo demuestran, entre otras cosas, la “claridad, la innegable nitidez del mensaje emitido” meses antes por el inspector de cabecera de Bankia, José Antonio Casaus, que alertó a sus superiores de que el grupo BFA-Bankia “era inviable” y que sacarlo a Bolsa era un paso hacia la nacionalización.
“El grupo estaba muerto. Yo creo que nadie lo discutía”, testificó el inspector Casaus, explicando que “la solución que se tomó fue, bueno, pues si la manzana está podrida, eh, el gusano está por aquí arriba, pues cortemos el gusano por arriba y saquemos la parte de la manzana que no está tan aparentemente tan podrida”.
“¿Cómo se puede defender en estas condiciones la imagen fiel de los estados financieros?”, se preguntan los peritos, si el inspector Casaus admitió la falta de capacidad del supervisor admitiendo que “el Banco de España si hubiera tenido recursos hubiera hecho una inspección específica” sobre la refinanciación a promotores.
Casaus, de hecho, revela al juez que ante la falta de información fiable sobre los riesgos de crédito y saneamientos de Bankia, su superior Pedro González, imputado, sugirió a los inspectores incluir en sus informes “una cosa así un poco genérica” como que “se puede cubrir la pérdida esperada dos años y más adelante ya se verá”, relató al juez. “Yo lo que recuerdo, insisto, me puede fallar la memoria, es que a nosotros se nos dijo que el tema de la salida a Bolsa tenía que ser sí o sí”, concluía Casaus.
Los peritos no comprenden cómo tras los avisos del inspector los responsables del supervisor han podido manifestar al juez que la entidad debutó en el parqué con una situación “relativamente cómoda”. Más allá, entienden que el Banco de España evitó remitir al juez instructor “información sensible”, al no facilitar por ejemplo correos de la inspección de julio a septiembre de 2011 (Bankia salió a Bolsa en julio).
Más allá, los peritos denuncian que un informe de la Comisión Ejecutiva del Banco de España de 11 de abril de 2011, firmado por los imputados González y Pedro Comín, sostuviera que “descuentos por encima del 40% del Valor Técnico Contable del banco cotizado pueden cuestionar la propia solidez del proyecto” sin que ningún informe posterior recordara esta advertencia pese a que el precio real de salida a Bolsa de Bankia se fijó finalmente con un descuento del 74%.
Finalmente, los peritos atacan que se permitiera al grupo cargar pérdidas a cuenta de reservas, pues “la decisión de la Comisión Ejecutiva del Banco de España”, que no exigió a cambio restricción o cautela alguna, “provocó un deterioro y descapitalización del grupo BFA cuantificado en una cifra no inferior a 456 millones”, estiman.
También consideran “especialmente grave” que se permitiera pagar 112 millones en bonus a los directivos de las cajas, ya asistidas, que dieron lugar a Bankia en 2010 o se les prejubilara con el 95% del sueldo.
Dejando a un lado al Banco de España, al analizar las declaraciones del expresidente de la CNMV Julio Segura y su entonces segundo, Fernando Restoy, los peritos concuerdan que “la CNMV tuvo delante de sus ojos” información sobre “contradicciones” entre las provisiones que Bankia dijo tener al salir a Bolsa; que “debería haber solicitado ciertas explicaciones” sobre el valor de Bankia, a su juicio “inflado”, y que no emitió sanción alguna sobre la entidad cuando se revelaron irregularidades.
Los 735 folios que suman los informes de los inspectores no tienen desperdicio. En ellos se refieren a las prácticas contables del grupo BFA-Bankia, auditado por Deloitte y supervisado por el Banco de España, como “truco contable”, “triquiñuela y de las buenas”, “maquillaje contable”, “más ingeniería contable”, “coartada contable” o, directamente, como “fraude”. “Que los inversores acudieron a la Oferta Pública de Suscripción con información viciada está muy claro”, aducen. “¿Cómo se pudo aprobar la salida a Bolsa en estas condiciones?”, se preguntan sobre el papel de los organismos supervisores.
Los documentos de los peritos dan la réplica también a los “contrainformes de 10 catedráticos y de un inspector excedente, las declaraciones de altos cargos de la CNMV y las de varios miembros de la alta administración del Banco de España y de su personal directivo” que hasta la fecha se han utilizado para tratar de “desacreditar” sus conclusiones.
Se les ha acusado, recuerdan, de “desconocimiento de la normativa y de la práctica contable y auditora, de falta de rigor, de sesgo retrospectivo y demás”. “En fin, suponemos que se trata de gajes del oficio y que va incluido en el sueldo. Queremos decir en el sueldo de los peritos de parte”, ironizan, aseverando que están “asombrados de la facilidad con que se manipulan nuestros informes”.
Los inspectores rebaten la tesis de las defensas de que la entidad sí que tenía provisiones suficientes cuando salió a Bolsa, en forma de genéricas. “¿Es que la inspección del Banco de España no sabía de la existencia de esas provisiones?”, dicen, preguntándose por qué no se usaron para mitigar las pérdidas reveladas en 2012.
También cargan contra la acusación de que trabajan con sesgo retrospectivo, conociendo ahora lo que entonces no se sabía. “Los administradores y directivos conocían esa información mucho antes de la formulación”, sostienen, tomando como prueba “la nueva información aportada por el Banco de España”. Lo que sugiere que también los supervisores lo sabían. Está por ver si eso les costará sentarse con los gestores en el banquillo.
