Las contradicciones de los acusados por las tarjetas ‘black’ de Caja Madrid y Bankia
Algunos procesados cambiaron en el juicio la versión que dieron antes
El juicio a los 65 acusados de apropiación indebida y administración desleal por el uso de las llamadas tarjetas black de Caja Madrid y Bankia, a las que cargaron 12 millones de euros en gastos de todo tipo entre 2003 y 2012, quedó visto para sentencia el pasado jueves. Aunque la decisión del tribunal que preside Ángela Murillo se basará en el juicio oral celebrado en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares, es decir, en las declaraciones, testimonios y pruebas analizadas por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal desde finales del pasado septiembre, el proceso ha puesto sobre la mesa llamativas contradicciones frente a las manifestaciones realizadas por varios de los acusados durante la investigación previa. La línea común planteada por las estrategias de las defensas, que ha ido homogeneizándose según pasaba el tiempo, también ha chocado con algunos de los principales documentos oficiales aportados a la causa. Estas son algunas de las principales diferencias que surgen entre las últimas versiones escuchadas en la sala y las presentadas anteriormente o las notas discordantes que suenan al comparar las declaraciones de la defensa con determinadas pruebas:
Sin rastro documental
Uno de los argumentos a los que más acusados se sumaron durante la celebración del juicio oral, y del que hizo bandera el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, es la tesis de que fue su antecesor en el cargo, Jaime Terceiro, quien ideó e impulsó las tarjetas black. Una premisa que llevó al estrado a Terceiro, en calidad de testigo, quien aseveró que durante su etapa las tarjetas era “white”, pues se usaban para gastos de representación, con prudencia y sin ocultarlas al fisco. Más allá del cruce de acusaciones, lo cierto es que la documentación generada por los órganos de gobierno de uno y otro revela una importante diferencia entre las dos presidencias: mientras que en los ocho años de la etapa de Terceiro (1988 a 1996) se menciona hasta en seis ocasiones la existencia de unas tarjetas para gastos de representación, durante los 13 ejercicios de la era Blesa (1996 a 2009), los que investiga la justicia, no se hace mención alguna a unas visas que el secretario del consejo Enrique de la Torre bautizó como “black a efectos fiscales” en un correo enviado al presidente de la entidad. La existencia o naturaleza de las visas tampoco fue mencionada por los órganos de gobierno bajo el mandato de Rodrigo Rato.
La importancia de una coma
Pese a esta sospechosa ausencia documental durante los últimos 15 años de existencia de las visas, las defensas de los acusados han tratado de poner el foco en las menciones a tarjetas que sí se hicieron en la etapa de Terceiro. Así, por ejemplo, ante las actas del consejo de administración de Caja Madrid del 24 de mayo de 1988, reunión en que se manifestaba la necesidad de “dignificar la función de consejero”, algunos letrados de la defensa destacaron que en él se decía que era necesario un modelo que cubriera “al menos” los costes en que se incurre por el ejercicio de la función, poniendo el acento en que esta expresión deja margen para cubrir también otros gastos. Sin embargo, según consta en las diligencias previas, solo ocho líneas más abajo se aclara que la idea es “buscar un sistema que compense de los gastos en que se pueda incurrir por el ejercicio de la función, estableciendo incluso una cifra mensual máxima”, es decir, circunscribiendo la iniciativa a gastos de representación.
También se miró con lupa en el juicio un acta del consejo de administración del 30 de octubre de 1995, a finales de la presidencia de Terceiro, en el que se estipula que a los consejeros se les facilitaban dietas por asistencia a las reuniones, pólizas colectivas de seguros, una línea especial de préstamos, y que se había dado una “tarjeta visa de empresa a los miembros del consejo y de la comisión de control exclusivamente, para gastos de representación”. La situación de esta coma ha llevado a los abogados de la defensa a argumentar que “exclusivamente” se refería a los receptores de las tarjetas y no al uso de las mismas, pese a que el apellido final impone igualmente un uso restringido de las visas a gastos ligados a labores para la entidad.
De visa de empresa a personal
En cuanto a los cambios observados en las declaraciones de los acusados durante el juicio oral frente a las palabras que pronunciaron previamente ante el juez Fernando Andreu en la fase de instrucción, una de las alteraciones más recurrentes corresponde a la explicación dada sobre la naturaleza de las tarjetas. Si numerosos exconsejeros y directivos de Caja Madrid las calificaron inicialmente como visas para gastos de representación ligados a su actividad en la entidad, el criterio varió de forma general cuando acabaron sentados en el banquillo, momento en que las visas parecieron transmutar ya en tarjetas destinadas a gastos personales, según alegaron la mayoría. Un giro en el posicionamiento de las defensas que llegó después hacerse pública la hoja de Excel aportada por Bankia con el desglose de los gastos de cada usuario, que revelaba cargos de todo tipo, incluyendo copas, lencería o arte sacro, entre otros conceptos difícilmente achacables a gastos de representación.
Aunque los procesados han cargado contra esta prueba, alegando que ha sido manipulada y que contiene “cientos de errores”, ningún procesado se ha atrevido a contradecir todos y cada uno de los gastos que se les imputan y algunos admiten abiertamente una parte de ellos así que hay apuntes solo son justificables bajo el dogma de que la visa era un complemento salarial.
El año de entrega
También resulta llamativa la distancia entre lo que declaró Ildefonso Sánchez Barcoj, que fue director financiero de Caja Madrid, y lo que dijo luego su abogado. Barcoj declaró durante la instrucción que la primera tarjeta le fue entregada en 1999 cuando Blesa le indicó que era parte de su retribución pues a los miembros del comité de dirección “se les iba a pagar así”. No dijo haber recibido la visa antes pese a que ya había pertenecido al comité de dirección bajo la presidencia de Terceiro entre 1995 y 1996. Posteriormente, ante los mails aportados por Bankia que indican que Barcoj se hizo cargo de la gestión de estas visas, su abogado expuso en el alegato final del juicio que “no es posible atribuir” a su defendido “tan relevante protagonismo en un sistema que se inició en 1988”.
La justicia dictaminará en breve cuáles de estas contradicciones son relevantes, si las tarjetas eran de representación o para gastos personales, si se cometió algún delito y hasta aclarará la importancia de una coma.
Los testigos ausentes
Una de los giros más sorprendentes del juicio se dio al constatarse que las distintas acusaciones olvidaron citar por su cuenta a buena parte de los testigos previstos, confiando en que las defensas los llevarían a declarar. Al darse cuenta los letrados de los acusados de la situación, renunciaron a escuchar a todos los testigos que podrían haber perjudicado a sus defendidos.
La ausencia de varios testigos privó al tribunal de testimonios clave para aclarar el momento de entrega de las visas o su naturaleza. Es el caso de José María García Alonso, que pasó 15 años en el comité de dirección de Caja Madrid (ocho con Jaime Terceiro y siete con Miguel Blesa), y declaró a El Mundo que “nadie me dio una tarjeta en 1994 para uso de libre disposición”. “Me la dieron en 1999”, dijo, explicando que con esta tarjeta no tenía que justificar los gastos. Pero su voz, como la de otros, no fue escuchada en el juicio.
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