El juicio por las tarjetas ‘black’ queda visto para sentencia
La Fiscalía pide para los acusados un total de 171 años de cárcel y 3,7 millones de euros en multas por delitos de apropiación indebida
Tres años después de que el escándalo saltara a la luz pública, y tras cuatro meses sentados en el banquillo de la blindada sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares, el juicio contra los 65 usuarios de las llamadas tarjetas black de Caja Madrid y Bankia, que arrancó el 26 de septiembre de 2016, ha quedado hoy visto para sentencia.
El tribunal de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, presidido por la magistrada Ángela Murillo, deberá dictaminar ahora si quienes hasta hace solo unos años eran algunos de los máximos representantes del mundo político, empresarial, financiero o sindical del país cometieron algún delito cargando 12 millones de euros entre 2003 y 2012 a las visas que les entregaron en las entidades financieras de las que eran consejeros y directivos.
Para el fiscal Alejandro Luzón, ha quedado demostrada la actitud “depredadora”, de “pillaje y rapiña”, de los acusados en el uso de unas tarjetas emitidas fuera del circuito habitual de la entidad, y a las que habrían cargado durante año gastos personales, sin control y sin declararlo a la Hacienda Pública.
Peticiones de pena
La Fiscalía pide para los acusados un total de 171 años de cárcel y 3,7 millones de euros en multas por delitos de apropiación indebida. Destacan las condenas solicitadas por el Ministerio Público para el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, para el que el fiscal pide seis años de prisión, y los cuatro años y medio de cárcel solicitados para el expresidente económico del Gobierno Rodrigo Rato por su papel como presidente de Caja Madrid, primero, y Bankia, después.
Las acusaciones particulares, Bankia y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), y las acusaciones populares, ejercidas por la Confederación Intersindical de Crédito, que preside Gonzalo Postigo y representa el letrado Andrés Herzog, y la Confederación General de Trabajadores (CGT), añaden al delito de apropiación indebida el de administración desleal.
Atenuantes
Las partes, eso sí, disienten en las peticiones de condena (desde los 60 años de cárcel que pide en total Bankia a los 402 años de prisión que reclama CIC) y los atenuantes a conceder a los acusados, a buena parte de los cuales exonera Bankia al considerar que eran empleados a las órdenes de quien diseñó las tarjetas.
El fiscal, por su parte, solo admite como circunstancia atenuante la situación de quienes devolvieron el dinero gastado con sus tarjetas black antes del arranque del juicio. Así, aunque 31 de los 65 procesados han reintegrando 4,3 millones de euros por sus cargos o los han consignado ante un juzgado, Luzón solo aceptó reducir las peticiones de pena a los 18 que devolvieron el dinero antes de la apertura del juicio oral.
El dinero
Aunque los datos recopilados indican que los consejeros y directivos de Caja Madrid y Bankia llegaron a gastar 15,5 millones de euros mediante el uso de las tarjetas black entre 1999 y 2012, la prescripción de los posibles delitos investigados hace que la causa se centre en los 12 millones que gastaron entre 2003 y 2012. Un dinero que tanto Bankia como el FROB pugnan por recuperar una vez que dicte sentencia el tribunal, que deberá pronunciarse también respecto a este punto.
La prueba de cargo
Las cuatro decenas de abogados de los 65 acusados, que incluyen a algunos de los más destacados letrados de los más prestigiosos bufetes del país, llevaban desde comienzos de diciembre formulando sus alegatos finales de defensa. El principal argumento común de los procesados es que la considerada como prueba de cargo de la acusación, la hoja de Excel aportada por Bankia con el detalle de los gastos de cada procesado, se obtuvo de forma ilegítima, supone una manipulación de los datos contables de la entidad e incluye “cientos de errores”. Tesis a la que se han aferrado las defensas pese a que los testigos citados por la acusación manifestaron que la tabla es un calco, tratado para hacerlo legible, de la contabilidad de Caja Madrid o que supuestas incongruencias, como que haya cargos de negocios diferentes a la misma hora, se deben a que los cargos en las visas no se hacen inmediatamente, aparte de que varios de los procesados sufrieron la clonación de sus tarjetas sin siquiera saberlo, lo que según el fiscal atestigua su falta de control.
Las defensas
Más allá, un nutrido grupo de acusados se ha adherido a la tesis de Blesa –pese a mantener declaraciones diferentes durante la fase de instrucción– sostiene que el creador de las tarjetas fue su antecesor al frente de Caja Madrid, Jaime Terceiro, quien declaró ante el tribunal que en su época se trataba de tarjetas “white”, únicamente para gastos de representación.
Rato, por su parte, asegura que al crearse Bankia acabó con estas visas e introdujo otras, solo para un puñado de altos cargos, como instrumento de liquidez que les permitiera acceder a sus sueldos. El que fue su segundo, Vicente Verdú, uno de los pocos que renunció a la visa, le contradijo y le acusa de mala praxis. El fiscal, por su parte, sospecha que Rato instauró este nuevo sistema para sortear los límites salariales impuestos en las entidades asistidas con dinero público.
El fallo
Los acusados, que en los pasillos de la Audiencia vienen dejando caer que se temen un fallo ejemplarizante que les haga pagar por todos los desmanes financieros de la crisis, reclaman que la sentencia se ciña a sus gatos con las visas y que el tribunal no juzgue toda una era o la debacle de las cajas. El fallo se hará esperar aún unas semanas.
