Editorial

El riesgo de destruir la confianza

El Rey, en el XIX Congreso Nacional de la Empresa Familiar.
El Rey, en el XIX Congreso Nacional de la Empresa Familiar.

Los más de 300 días que España lleva con un Gobierno en funciones han conseguido quebrar de forma abrupta la confianza de las empresas. Así lo revela la encuesta realizada ayer a 500 empresarios renunidos en el XIX Congreso de la Empesa Familiar, que arroja unos resultados profundamente pesimistas sobre el futuro económico del país en los próximos meses. El 24% de las compañías cree que en 2017 el crecimiento económico será frágil y no se creará empleo, mientras un abrumador 70% apuesta por un “moderado” aumento de la actividad y una “limitada” creación de empleo. La frialdad de ese diagnóstico contrasta con las previsiones mantenidas por el Gobierno en funciones en el plan presupuestario remitido a Bruselas el pasado sábado, unas cifras que únicamente respaldan el 6% de los entrevistados.

Solo en dos ocasiones anteriores los resultados del sondeo han sido más pesimistas: en el año 2008, cuando se produjo el repunte de casos de corrupción, como el Púnica, y en 2009, con la crisis financiera mundial, el aumento del déficit público y las medidas restrictivas que fueron necesarias para hacerle frente. En fuerte contraste con este pesimismo severo, los empresarios valoran de forma muy positiva la coyuntura económica actual, con crecimientos anuales del 3%, un cifra de creación de empleo cercana a los 500.000 puestos de trabajo y un acceso más fluido al crédito. La nota otorgada por las empresas es de 5,3 sobre 9, la mayor de la serie histórica de la encuesta.

La hoja de peticiones de los empresarios para el próximo Gobierno comienza por una vieja asignatura de la economía española que sigue siendo un lastre para la actividad: la falta de unidad de mercado. A ello le sigue la reclamación de un pacto por la educación que cree un sistema educativo sólido y con vocación de perdurabilidad. La consolidación fiscal figura en último lugar, probablemente debido al adelanto de los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades, una medida que ha supuesto una factura de 8.000 millones de euros para las grandes empresas.

Los empresarios necesitan confianza y estabilidad institucional, regulatoria y económica para desarrollar su actividad y ejecer de motores del empleo. La primera de esas condiciones –la estabilidad institucional– ha fallado estrepitosamente en España, debido a una clase política que se ha mostrado repetidamente incapaz de alcanzar un acuerdo de gobierno. Ello ha provocado también una paralización regulatoria que ha impedido poner en marcha las reformas legales necesarias para seguir impulsando el crecimiento. Aunque, de momento, todo ello no ha pasado todavía una factura a la economía, sí ha destruido la confianza de los empresarios, un elemento esencial para seguir creciendo y apuntalar la recuperación.

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