Sendas para reformar más el mercado laboral
Es indispensable la reestructuración del sector público para aumentar su competitividad: el 21,9% de sus asalariados son temporales
Las buenas perspectivas económicas, refrendadas por un crecimiento sostenido del PIB en el segundo trimestre del año, incluso superior a las previsiones de diversos organismos internacionales, nos sitúan en una posición idónea para continuar con las reformas necesarias para la dinamización del mercado laboral. Con la posibilidad de formar un Gobierno aún en el aire, el comienzo del nuevo curso académico sirve como punto de partida para ponernos manos a la obra en una labor, aún inacabada, que derivará en mejoras para trabajadores, empresas y sociedad en general.
Nuestro objetivo primordial, así como el del resto de agentes sociales, debe ser continuar con la recuperación de las tasas de empleo en España, hasta hacerlas sostenibles y equiparables a los resultados de países de nuestro entorno. Para conseguir satisfacer las demandas y las nuevas exigencias del mercado laboral, serán cruciales varias grandes sendas o líneas de trabajo.
En primer lugar, debemos tener en cuenta que España sufre un grave problema de paro estructural. El paro de larga duración (dos años o más) se ha disparado desde el tercer trimestre de 2008. A pesar de los avances, según la última EPA publicada, el 47% de los desempleados en España son de larga duración, y los servicios públicos de empleo continúan siendo aquellos que, aún hoy, mantienen prácticamente el monopolio en la intermediación y gestión de estos desempleados. Esta situación es contraria a lo que sucede en otros países donde se ha apostado por la colaboración público-privada con empresas de trabajo temporal y agencias privadas de empleo para garantizar el aumento de la empleabilidad de los parados y una mejor orientación, formación y colocación.
La segunda área a explorar es la del desempleo juvenil, que está directamente relacionada con la cualificación. En este sentido, la destrucción de empleo tras la crisis concentró en el segmento de población más joven (18-25 años). Solucionar el problema del paro juvenil requiere de la reducción del abandono escolar, potenciar una formación adecuada y llevar a cabo reformas laborales que favorezcan la incorporación de los nuevos entrantes al mercado laboral, facilitando su contratación y haciendo compatible la formación con la experiencia laboral. De esta manera, resulta determinante la adaptación de los esquemas de formación a la realidad actual, marcada por la globalización y el progreso técnico. Es necesario adecuar el perfil profesional de los jóvenes a las nuevas demandas de las empresas, que requieren cada vez más perfiles técnicos, los conocidos como STEM por su acrónimo en inglés (Science, Technology, Engineering & Mathematics). La demanda de estos profesionales aumentará en 150.000 al año; sin embargo, solo el 7% de los estudiantes españoles está cursando estudios científico-tecnológicos. España, Italia y Polonia son los países europeos con mayor desajuste.
"Debemos romper la falsa asociación entre temporalidad y precariedad, ya que la flexibilidad será la seña de identidad del mercado laboral del futuro"
Es indispensable, además, la reestructuración del sector público para aumentar su competitividad. Del total de asalariados del sector público, un 21,9% son trabajadores temporales. La necesidad de temporalidad de este sector es cada vez mayor, lo que hace preciso un control estricto del volumen de empleo público así como una gestión profesional de su temporalidad. Dicha gestión debe ser llevada a cabo por expertos que proporcionen trabajadores formados y perfectamente cualificados para cada vacante temporal. El sector público se financia por todos los contribuyentes y por ello debe ser ejemplo de eficiencia y profesionalidad.
Por último, debemos romper la falsa asociación entre temporalidad y precariedad, ya que la flexibilidad será la seña de identidad del mercado laboral del futuro. La temporalidad formal y legal aporta niveles de flexibilidad esenciales para el buen funcionamiento de un mercado como el español, caracterizado por la estacionalidad y con un gran peso de sectores como el turismo, la hostelería y el comercio minorista. A pesar de ello, hay una tendencia política generalizada a controlar la temporalidad, reduciéndola y poniéndole límites, lo que resulta contraproducente. El objetivo debe ser luchar contra la temporalidad ilegal, no contra las necesidades temporales legales y necesarias. Según diversas estimaciones de organismos independientes, como la OCDE, por ejemplo, en España la economía sumergida representa más del 18% del PIB. Esta es la verdadera precariedad. La temporalidad ilegal reduce al mínimo la calidad del trabajo, desprotege al trabajador, favorece la competencia desleal y pone en peligro la sostenibilidad financiera de los sistemas de protección social.
En conclusión, el reto fundamental que nos plantea la globalización es el de la competitividad, lo que afecta también y en gran medida a los mercados de trabajo nacionales. Pensar que esto implica necesariamente la desprotección del trabajador representa un ejercicio de miopía política que, además, no está soportado por la evidencia empírica. Es más, la globalización impone y eleva los niveles de exigencia, de talento, de cualificación y, en definitiva, de empleabilidad. España, al igual que Europa, debe adaptarse a las crecientes necesidades y no renunciar a la experiencia probada de las ETT, como forma de gestión de la temporalidad legal y con garantías para empresas y trabajadores. Ello nos hará más competitivos frente a nuestros socios europeos.
Luis Pérez es director de relaciones institucionales de Randstad.