La banca encara más de un año de contabilidad paralela
El sector debe adaptar sus cuentas a la normativa transitoria del Banco de España y llevar otras al estilo del BCE Fráncfort asume que la nueva metodología contable tendrá un impacto negativo
A la vez que lucha por algo de rentabilidad en un entorno de tipos de interés al 0%, por reducir gastos, por adaptarse a la revolución digital y por mejorar su reputación, la banca encara el reto añadido de pasar hasta 2018 con una doble contabilidad.
De un lado, adaptando la que ya vienen aplicando las entidades a la metodología provisional que introduce el Banco de España en la Circular 4/2016 del 27 de abril y, de otro, adelantando la contabilidad europea IFRS 9, que el sector debe aplicar oficialmente desde el 1 de enero de 2018, pero que las entidades deben comenzar a recoger desde el 1 de enero de 2017 para posteriores comparaciones.
Adaptarse a esa nueva contabilidad europea, explicaba ayer José Alberto Toribio, Consultor en IFRS, Fondo Monetario Internacional y Profesor del CEF, supondrá para la banca dejar de basar su valoración del riesgo en la morosidad registrada y poner su atención en las pérdidas esperadas para anticipar los problemas.
Toribio lo expuso así en el Foro Abierto de Valoración, una jornada organizada por el despacho de abogados Uría Menéndez y por Sociedad de Tasación, para debatir el impacto en el sector financiero de la nueva normativa contable española y europea.
El Banco Central Europeo trabaja ya en el análisis de la implementación de su nuevo modelo de control de riesgos, según avanzó por teleconferencia desde Fráncfort en este mismo foro Jacobo Varela Couceiro, jefe de sección y director general de microsupervisión II en el BCE.“Se espera que haya un impacto negativo en la implantación, al cambiar a un modelo de pérdida esperada, pero de momento no hay estimación fiable de cuál puede ser el impacto”, avanzó Varela.
Miguel Ángel López, inspector del Banco de España y uno de los impulsores de la reforma transitoria, que modifica sustancialmente el llamado anejo 9 sobre provisiones, recordó que la norma española entra en vigor el 1 de octubre.Sin embargo, apuntó, como la nueva regulación obliga a hacer tasaciones más frecuentes y detalladas de las garantías inmobiliarias cuanto mayor es su riesgo, se ha dado hasta el 31 de diciembre para que el sector retase sus carteras.
Después de todo la nueva regulación afecta especialmente al riesgo inmobiliario del sector financiero, que aún supone unos 600.000 millones de euros en el balance de la banca, cuantificó José Manuel Gómez de Miguel, secretario de la Asociación Española del Valor (AEV), asumiendo que el del valor inmobiliario de las inversiones de la banca “no ha sido uno de los análisis más exitosos que hemos hecho”.
El secretario de la plataforma que reúne a las principales tasadoras del país también subrayó que la nueva normativa hace más responsables a los consejos de administración de la banca de la adecuada tasación de las garantías inmobiliarias de sus créditos. Durante el foro se destacó que la nueva regulación exige valoraciones ECO, con visita in situ, para la concesión de hipotecas de inmuebles de más de 250.000 euros –frente a los 500.000 actuales y los 110.000 que sugería inicialmente el Banco de España– que hasta ahora solo eran obligatorias para su titulización.
Un modelo que ya está disparando el número de tasaciones que encarga la banca pero que el sector valorador está en condiciones de aceptar, defendió el representante de la AEV destacando que sus asociados ya hicieron 872.000 valoraciones completas, con visita física al inmueble, en 2015, y otros 4,7 millones de valoraciones con modelos estadísticos.
Descontento en el sector
Más allá, sin embargo, adaptarse a esta nueva regulación requerirá a cada entidad 3.800 horas de desarrollo informático por lo que el exinspector del Banco de España y actual subdirector general de control global de riesgo de Cajamar, Fernando J. Fernández, expuso que esta exigencia de los reguladores “no es la mejor ayuda en un momento de flojera en los resultados”.
“Lo que supone la transición para los sufridores de la norma”, prosiguió en referencia a la aplicación de la regulación europea, es una doble contabilidad, puesto que “comenzamos a contabilizar en enero de 2017 porque se nos exige un año de contabilidad en paralelo para en enero de 2018”, cuando entre oficialmente en vigor, tener datos comparables.
Fernández criticó, además, que la regulación del Banco de España no comparte exactamente el espíritu de la pérdida esperada que incorpora la normativa europea por lo que el periodo transitorio de adaptación es un sobreesfuerzo que no ayuda a confluir luego con la regulación definitiva.
Todo eso cuando “lo que me cuesta vivir es más de lo que genera mi negocio principal”, el de los préstamos, ilustró. “Es un momento que es muy duro para las entidades no creo que nadie pueda decir que está feliz. Este tema contable de transición es costoso. Igual somos los más prudentes del cementerio”, advirtió.
Rafael García Llaneza, socio del área de derecho fiscal de Uría Menéndez, recordó a su vez, sin embargo, que la nueva regulación europea trata de prevenir una nueva crisis financiera.