Recuperar los derechos de los trabajadores
Decir que la reforma laboral ha generado empleo y ha reducido el paro, argumento que sostiene el Gobierno desde su publicación en el BOE el 11 de febrero de 2012, es falso. No se sustenta con los datos de la evolución del empleo y de las condiciones de trabajo. Sus medidas, en especial el hecho de dar mayor facilidad a la hora de despedir, generaron más desempleo a posteriori: el número de personas paradas no bajó de 5,8 millones y la tasa de paro superó el 25% en seis trimestres consecutivos.
Cuatro años después, la realidad es que hoy hay en España menos personas ocupadas que antes de la reforma. Una situación preocupante, a pesar de la llegada de la recuperación económica desde mitad de 2014, impulsada por factores externos a las políticas aplicadas en nuestro país (como la política monetaria del BCE y la bajada de los precios del petróleo), y totalmente ajenos a la reforma laboral.
Cobra protagonismo en este nuevo ciclo económico que está comenzando el subempleo, bajo diferentes modalidades. La reforma laboral ha impulsado la precarización de las condiciones laborales, tanto de las personas con contrato temporal como de aquéllas con indefinido. Hasta diciembre de 2015, la contratación temporal ha crecido más del 66%, mientras hay casi medio millón menos de personas asalariadas con contrato indefinido. La tasa de temporalidad se vuelve a alzar por encima del 25%, confirmando que la reforma laboral no ha conseguido reducir la temporalidad de nuestro mercado de trabajo. Eso sí, los contratos temporales son cada vez más cortos (es alarmante que una cuarta parte tiene una duración máxima de una semana), mientras los indefinidos recogen unas condiciones más precarias e inestables (con 33 días de indemnización por año trabajado y un contrato indefinido de apoyo a emprendedores que ofrece la posibilidad de utilizarlo como uno temporal sin costes por despido).
Cuatro años después, la realidad es que en España hay menos personas ocupadas que antes de la reforma
Tampoco ha acabado la reforma laboral con la dualidad. Por el contrario, los problemas estructurales que teníamos en el mercado de trabajo, lejos de desaparecer, se han profundizado. Por otro lado, se han enraizado elementos surgidos al amparo de la reforma y de las políticas económicas y de empleo aplicadas en estos cuatro años que ahondan en esta dualidad y evidencian el fracaso. Muchos son los ejemplos: las desigualdades mujer-hombre, la parcialidad involuntaria, los falsos autónomos, los procesos de emigración en busca de oportunidades de empleo, el efecto desánimo fundamental entre jóvenes y mayores de 55 años, la extensión del desempleo de larga duración, la caída en la cobertura de prestaciones o el déficit de la Seguridad Social provocado por la precariedad del empleo y la devaluación salarial.
Si lo que pretendía la reforma era sustituir flexibilidad externa (despidos) por medidas de mantenimiento del empleo, tampoco lo ha conseguido (así lo constata el propio MEySS en su Encuesta Anual Laboral). De la misma forma que ha introducido inseguridad y conflictividad en los convenios colectivos por las inaplicaciones, por la pretendida supresión de la ultraactividad y ante la imposición de la prevalencia del ámbito de empresa. Los acuerdos entre las organizaciones empresariales y sindicales han apostado claramente por el convenio sectorial, que es el que más se adapta a sus necesidades frente a la desvertebración e individualización de la reforma.
¿Qué ha conseguido entonces la reforma? La respuesta es clara para sus defensores: ha mejorado la competitividad de las empresas gracias a la devaluación salarial; a costa de la pérdida de peso de la remuneración de los asalariados a favor de los excedentes empresariales en el reparto del PIB. Así es, trabajando en la pobreza se encuentran 5,9 millones de personas. Es preocupante que los efectos de este camino han traspasado el mercado laboral y su impacto se ha asentado en los hogares de nuestro país. Las familias han perdido un 7,3% de su renta en estos años y la población en riesgo de pobreza y exclusión social se encamina ya al 30%.
Es imprescindible el compromiso político para dar un giro a las políticas económicas y fiscales
No es esta vía de competitividad la que España necesita en el siglo XXI. Se olvida que nuestro modelo productivo debe ser capaz de competir en innovación, diseño y calidad de los productos, para lo cual son necesarias las inversiones públicas y privadas en educación, formación e I+D+i, mejorando la calidad del empleo y la productividad. Que se asienten en un patrón de crecimiento estable y sostenible social y económicamente.
Es imprescindible el compromiso político para dar un giro a las políticas económicas y fiscales. Pero para ello se requiere la flexibilización de los objetivos de déficit, para priorizar la lucha contra el desempleo, por la igualdad y la inclusión social, que venga acompañado de la potenciación de las políticas públicas de empleo y de protección, que aseguren la cobertura y mejoren la empleabilidad de las personas en el mercado de trabajo y que, en última instancia, terminen con los procesos de privatización y desregularización de los servicios públicos.
La derogación de la reforma laboral no sólo es prioritaria, sino urgente. Tan urgente como reponer los derechos laborales y sociales y abrir una vía al diálogo social, basado en el respeto de la autonomía colectiva. En este nuevo marco político y económico en el que estamos adentrándonos, será clave el papel que jueguen los interlocutores sociales en la construcción de un sistema de relaciones laborales equilibrado y participativo.
Toni Ferrer Sais es Secretario de Acción Sindical confederal de UGT