Tribuna

Gobierno corporativo igual a ventaja competitiva

Hace décadas las investigaciones académicas sobre gobierno corporativo, principalmente de países anglosajones, se limitaban a describir las diferentes medidas anti OPA. Por aquel entonces había dos grandes corrientes de pensamiento en cuanto a sistemas de gobierno corporativo, directamente correlacionadas con la población de sus mercados financieros: la de los países anglosajones (EE UU y Gran Bretaña), con empresas cotizadas de elevada capitalización y gran dispersión en la propiedad de sus acciones era la del enfoque accionarial, la de los países de Europa continental era la de empresas cotizadas de menor capitalización y más concentración en la propiedad (normalmente, con un accionista de control).

La necesidad de transparencia en las sociedades para impulsar la competitividad de las economías ha favorecido asimismo que se amplíe el radio de acción del gobierno corporativo, originariamente en el ámbito de las empresas cotizadas, desarrollando iniciativas similares para la rendición de cuentas adaptadas a otro tipo de entidades como las fundaciones o el sector público. La creciente preocupación de las instituciones vinculadas a los mercados financieros (supervisores, reguladores y el propio mercado) por su reputación y la defensa de los derechos de los accionistas ha favorecido que se impulse el gobierno corporativo desde diferentes ámbitos, favoreciendo también la proliferación de estudios muy heterodoxos.

Entre las principales áreas de análisis cabría destacar al menos las siguientes: el papel de las medidas anti OPA, la estructura de los consejos de administración, la remuneración y los incentivos de los directivos y consejeros, los costes de agencia, el mercado de los consejeros, los fraudes, la litigación, las diferentes estructuras de propiedad y la regulación. Tradicionalmente, las definiciones más populares de gobierno corporativo se clasificaban en tres grandes líneas de pensamiento: las basadas en el análisis de la distribución de las rentas generadas en cada empresa, las de garantizar la rentabilidad de las inversiones de los accionistas y las de los sistemas de control (interno o externo) de la ejecución de sus consejeros/directivos. Hoy en día, el enfoque es mucho más holístico, las sociedades han cambiado y en la economía digital es mucho más fácil para los accionistas ejercer sus derechos. Para cualquier economía un buen sistema de gobierno corporativo no consistirá solo en una determinada regulación, sino que también deberá incluir un sistema de garantías sobre la protección legal de las empresas cotizadas y supervisión de su propiedad, y además de ello, en el largo plazo una planificación estratégica para el desarrollo de sus mercados financieros.

En este recorrido, la economía española ha sido testigo de varios códigos de buen gobierno (Olivencia, Aldama, Conthe, Rodríguez), de cumplimiento voluntario, influenciados por la evolución de las directivas Europeas, y las empresas cotizadas en los mercados financieros españoles han ido aprendiendo a mejorar sus sistemas de gobierno corporativo. En consonancia con ello, la composición de los consejos de administración y el perfil de los consejeros también ha ido cambiando.

La madurez del gobierno corporativo de las empresas cotizadas españolas llegará cuando no sean necesarios los códigos de buen gobierno, pero de momento, los informes anuales de gobierno corporativo están mostrando los incumplimientos y las posibles correcciones. Los incumplimientos recurrentes muestran problemas culturales que deberán afrontarse cambiando hábitos y conductas.

La realidad social ha ido evolucionando y el activismo accionarial ha sido la principal novedad, siendo ya una tendencia controvertida, pero global; aunque todavía haya escasa evidencia empírica sobre la incidencia de dicho activismo y sus resultados todavía sean muy heterogéneos por países.

Toda economía democrática debe considerar el gobierno corporativo como ventaja competitiva. Su avance es imparable, y entre sus principales ventajas cabría destacar las siguientes: a escala microeconómica la mejora de la gestión empresarial y a escala macroeconómica el desarrollo de los mercados financieros (con una reducción de los costes de financiación) y la maximización del bienestar de toda la sociedad (con una mejora en la distribución de las rentas generadas), en lugar del de cada individuo. Razones todas ellas de suficiente calado como para que los gobiernos lo tengan presente en su hoja de ruta.

Isabel Giménez Zuriaga es Directora General. Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros.

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