Tribuna

I+D, una asignatura pendiente de Europa

La profunda crisis que actualmente azota a la UE tiene uno de sus orígenes en las divergencias productivas existentes entre sus estados miembros. Esta evidencia, que ya fue puesta de manifiesto por diversos analistas mucho antes de entrar en la actual crisis económica, se “oficializó” en 2008, haciendo emerger la necesidad de afrontar un intenso proceso de transformación productiva en los países tecnológicamente menos avanzados. Existe un amplio consenso en que una de las principales líneas de actuación para avanzar hacia ese cambio pasa porque los países menos avanzados potencien las actividades de I+D, lo cual debería permitir su aproximación, en términos de productividad y competitividad, a los más avanzados.

Sin embargo, del análisis de los datos de Eurostat, y si nos ceñimos a los países de la UE más desarrollados, se desprende que son los países especializados en productos de alta y media-alta tecnología los que históricamente realizan un mayor esfuerzo en I+D (medido como gasto en I+D en relación al PIB, y que incluye tanto los gastos públicos como los privados en estos ámbitos).

Esta constatación pone de manifiesto que la dinámica de la I+D en la UE no ha contribuido a avanzar hacia una mayor convergencia productiva y tecnológica a los países menos avanzados del grupo (España, Grecia, Irlanda, Italia y Portugal). Es evidente que si partiendo de una situación de desequilibrio, el que va delante invierte más que el que va detrás precisamente en el componente del gasto que permite avanzar en la escala de contenidos tecnológicos de sus producciones, el objetivo de convergencia se aleja.

Con el propósito de hacer frente a este hecho, la Comisión Europea estableció como uno de los cinco objetivos prioritarios del programa Europa 2020 alcanzar un esfuerzo en I+D del 3% del PIB de la UE para ese año. Para alcanzar esta cifra, y considerando los puntos de partida de cada uno de los países, se estableció de forma consensuada su respectivo target. Si desglosamos los esfuerzos en I+D según sus fuentes de financiación, observamos dos hechos. En primer lugar, que en los países tecnológicamente más avanzados el principal agente financiador de la I+D es el sector empresarial privado (por encima del 60% del total de inversión en este ámbito), mientras que en los países del sur europeo, el peso del sector público como agente financiador de la I+D es mucho más elevado. Y, en segundo lugar, que a lo largo de los años de crisis, en todos los países, salvo algunas y muy modestas excepciones, la importancia relativa del sector empresarial privado ha disminuido, compensándose en general con un aumento de la importancia relativa de la financiación pública.

Esta compensación, sin embargo, se ha dado de dos formas muy distintas, según se trate de los países tecnológicamente más avanzados o de los países del sur. En el primer grupo, el aumento de la importancia relativa del sector público ha sido resultado de aumentar sus presupuestos en estos conceptos (carácter anticíclico de las políticas de I+D), mientras que en los países tecnológicamente menos avanzados el aumento de la importancia relativa del sector público tiene lugar a pesar de los importantes recortes presupuestarios que, tanto en términos generales como específicamente en el ámbito de la I+D, han venido sufriendo estos países desde el año 2011 (carácter procíclico de los gastos públicos).

Los países del sur de Europa, aunque siempre lejos de los niveles de gasto en I+D llevados a cabo por los países europeos tecnológicamente más avanzados, habían ido aumentando progresivamente sus esfuerzos, especialmente por parte de sus sectores públicos, a lo largo de los últimos diez o quince años, acercándose a sus compromisos con la UE de alcanzar un determinado nivel de esfuerzo en I+D en el año 2020. Esta tendencia se revirtió a partir de 2011 como consecuencia de las medidas de austeridad impuestas por las propias autoridades e instituciones comunitarias. En consecuencia, el actual marco de restricciones presupuestarias impuesto por las autoridades europeas –y no parece plausible esperar que sea el sector privado el que lo vaya a compensar– impide que los países sureños de Europa alcancen sus compromisos de esfuerzo en I+D pactados con esas mismas instancias. Esta situación, además, impide avanzar hacia una mayor convergencia productiva con los países más avanzados tecnológicamente, consolidándose unas divergencias que dificultan enormemente la gobernanza macroeconómica de la eurozona.

Albert Puig es Director del Máster Universitario de Análisis del Entorno Económico de la UOC.

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