El déficit autonómico superará en 5.000 millones el objetivo fijado por Hacienda
El órgano supervisor reclama que se aplique las medidas de la Ley de Estabilidad Presupuestaria Defiende que las previsiones de ingresos del Estado para 2015 son muy exigentes
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha publicado hoy su informe sobre los proyectos y líneas fundamentales de los presupuestos de las Administraciones Públicas. El documento que analiza las cuentas para 2015 advierte que las comunidades autónomas incumplirán el objetivo de déficit de este año y fijado en el 1% del PIB. El órgano supervisor prevé que el desfase se sitúe en niveles similares a los del ejercicio anterior, cuando las autonomías cerraron con un déficit del 1,5%. Así, la Autoridad Fiscal estima que los números rojos superarán en unos 5.000 millones de euros el objetivo fijado por Hacienda.
Fuentes del organismo presidido por José Luis Escrivá evitan cargar las tintas contra los Ejecutivos autonómicos y recuerdan que, por sus competencias, la mejora económica no se traduce en un menor gasto. Ello así porque el gasto en sanidad o educación, las dos mayores parcelas gestionadas por las comunidades, no tiene un componente cíclico. Por otra parte, la mejora de los ingresos por la mayor actividad siempre se traslada con cierto retraso al sistema de financiación que aporta el 70% de los recursos autonómicos.
De hecho, la Autoridad Fiscal señala que el margen de maniobra de las comunidades tanto por el lado de los ingresos como del gasto es muy limitado. Aunque sí lanza una crítica al Ministerio de Hacienda al recomendar que se aplique con toda su intensidad la Ley de Estabilidad Presupuestaria. En concreto, el supervisor reclama un mayor seguimiento por parte del Gobierno de la ejecución y también lamenta que no se emitan advertencias cuando resulta evidente que comunidades como Cataluña o Comunidad Valenciana incumplirán el objetivo.
A pesar del desvío de las comunidades autónomas, la Autoridad Fiscal prevé que el conjunto de las administraciones públicas cumplirá el objetivo, fijado en el 5,5%. Ello será así porque el Estado central y, sobre todo los ayuntamientos, se quedarán por debajo del límite. Las entidades locales, que tienen la obligación de cerrar en equilibrio, están en condiciones de registrar un superávit del 0,4%.
Para el próximo ejercicio, el supervisor alerta de que el objetivo de déficit marcado del 4,2% para el conjunto del sector público es muy exigente. Su cumplimiento requerirá "una ejecución estricta de los presupuestos, que permita materializar los márgenes de ahorro que parecen existir en algunos subsectores".
Sobre los Presupuestos generales del Estado para 2015, que actualmente se encuentran en tramitación parlamentaria, la Autoridad Fiscal defiende que las previsiones de ingresos son ambiciosas, aunque alcanzables. Este es uno de los puntos que ha recibido más críticas y algunos expertos han alertado de un exceso de optimismo en las estimaciones de recaudación tanto de la Administración central como de la Seguridad Social.
Si bien el organismo público sostiene que es factible cumplir la previsión de ingresos, no oculta que el riesgo de desvío es relevante en caso de que el crecimiento sea inferior al previsto. El parón que están sufriendo las principales economías europeas supone una amenaza también para España y su sector exportador.
¿Bajar la deuda pública al 60% del PIB en 2020? Imposible
El órgano encargado de supervisar las cuentas públicas insiste en su recomendación de modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria con el fin de fijar una senda de reducción de la deuda pública realista.
El texto aprobado en 2012 contempla que el nivel de pasivo debe descender hasta el 60% del PIBen el año 2020. Un reto que, simplemente, resulta inviable si se tiene en cuenta que la deuda pública cerrará este año por encima del 97% del PIB y, según las previsiones del Gobierno, superará el umbral del 100% a partir del próximo año. Teniendo en cuenta que durante los próximos ejercicios el sector público seguirá gastando más que lo ingresado, no es factible rebajar el umbral de pasivo a corto plazo ni tampoco llegar al nivel del 60% del PIB en 2020.
Ya en julio, la Autoridad Fiscal emitió una nota de opinión firmado por el director de análisis económico del organismo, José Marín Arcas, apuntando que un plazo razonable para situar el pasivo en el 60% sería en torno a 2030. Fuentes del supervisor señalan que la propia legislación contempla la posibilidad de revisar en 2015 la senda de consolidación fiscal. Señalan que supone un coste político modificar la normativa para reconocer que cumplir el objetivo resulta inviable, sin embargo, apuntan que un escenario peor es mantener una meta que, con toda seguridad, se incumplirá. Así, recomiendan que se inicien los trabajos para fijar la nueva senda y que ésta sea aprobada ya el próximo año en el Congreso de los Diputados. Hacienda, que en privado también reconoce que no es posible rebajar la deuda al 60% del PIBen 2020, no se plantea de momento modificar la Ley de Estabilidad.
