La reforma eléctrica y el sector porcino
El sector porcino español es el segundo en importancia en la Unión Europea y, dentro de la economía nacional, un sector puntero con más de 90.000 explotaciones en funcionamiento, 25 millones de cabezas, un PIB superior a los 6.000 millones de euros y 175.000 puestos de trabajo directos. Todo esto le confiere una relevancia fundamental desde el punto de vista social, económico y territorial, además de un papel muy significativo en nuestra balanza de pagos. Está, sin duda, destinado a ser motor destacado e insustituible en la difícil tarea de superar la presente crisis económica.
En este sentido, una de las principales preocupaciones es el tratamiento de las deyecciones ganaderas del porcino, denominadas purines, por su dimensión y naturaleza altamente contaminante. La propia estructura del sector hace que la generación de purines no se pueda asumir de forma autónoma por las explotaciones en muchas de las áreas geográficas donde tiene mayor nivel de desarrollo.
Por este motivo, a partir de principios del presente siglo, de forma pactada entre los Ministerios de Industria y Agricultura, se pusieron en marcha las plantas centralizadas de tratamiento de purines con cogeneración asociada, que resolvían los problemas ambientales, en combinación con complejos y eficientes sistemas de gestión desarrollados por los propios ganaderos. Estas instalaciones han representado en los últimos 10 años la única solución viable para la gestión de estos residuos en zonas de elevado nivel de producción y gran riesgo de contaminación en zonas rurales, caracterizadas por la ausencia de otras alternativas de impulso económico y laboral.
En la actualidad existen en España 29 plantas de tratamiento de purines con cogeneración asociada, que tratan 2,5 millones de toneladas de purines y, adicionalmente, evitan la emisión de 700.000 toneladas de CO2. Es incuestionable que estas centrales dan un servicio insustituible al sector porcino y a la defensa del medio ambiente, pero su subsistencia depende de que se mantenga un régimen estable en la retribución eléctrica. La ley 15/2012, que implanta una nueva estructura fiscal para la producción eléctrica y para la generación con gas natural, supuso un duro revés para la viabilidad de las plantas y un enorme desequilibrio para las expectativas de rentabilidad razonable de los inversores que habían desarrollado tecnologías singulares, sin mayor expectativa de rentabilidad que la que producían las unidades autorizadas. No obstante, el sector industrial asimiló el golpe, se adaptó y respondió a la demanda de sacrificio del gobierno para paliar la crisis.
Sin embargo, el RDL 9/2013 y las sucesivas normativas que emanan del mismo, que ya están en fase de borrador y próximas a su publicación, van a sentenciar a las plantas de tratamiento de purines de porcino a una situación de quiebra total, con la imposibilidad incluso de devolver las cantidades de retribución ya percibida, puesto que esta normativa se aplicaría con efectos retroactivos desde el mes de julio de 2013, fecha de publicación del citado RDL 9/2013.
De no obrar rectificación sobre los parámetros retributivos ahora contemplados en el borrador de la orden ministerial, las plantas se cerrarán de forma irremediable e inmediata, además de las consecuencias sobre más de 4.200 puestos de trabajo, directos e indirectos, así como sobre los inversores industriales, que se encuentran con pérdidas imprevisibles y desprovistos de toda seguridad jurídica, la clausura de las plantas de purines generará un efecto difícilmente superable sobre el sector porcino por estimarse que directamente desaparezcan más de 325 millones de PIB. Todo ello sin contar con los costes por daños medioambientales, que van a ser cuantiosos y muy complicados de valorar por las secuelas que reportarán a lo largo de los años venideros.
Por ello, la ADAP (Asociación de Empresas para el Desimpacto Ambiental de los Purines) insta al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que impida el cierre inmediato de la totalidad de las plantas, evitando, además de un daño irrecuperable a la industria y al sector porcino, perjuicios irreparables al medio ambiente. Solicitamos, por tanto, un cambio en la orden ministerial enviada a consultas, así como en el RD que la precede, que equiparan estas centrales con la cogeneración convencional sin tener en cuenta el desimpacto ambiental que realizan. Asimismo, requerimos que se mantenga una estructura de retribución y un régimen jurídico estable, que permita, cuando menos, la viabilidad del sector, tal como era el compromiso establecido en todas las normativas anteriores.
Josep Capdevila es presidente de ADAP.