El ciclo de la austeridad no ha terminado
España ha relajado el perfil que tenía marcado y comprometido con Europa para reducir su déficit fiscal hasta hace un año: ahora dispone de dos años más, hasta 2016, para llevar el desequilibrio de sus cuentas por debajo del 3% del PIB, y el esfuezo anualizado estará en torno a un punto porcentual, toda vez que en el primer año de Gobierno de Rajoy hizo un esfuerzo muy considerable en la reducción del déficit de carácter estructural. Al principio de la primavera se encendieron las alarmas en las capitales europeas con el riesgo cierto de estrangular, más allá de la economía, la propia construcción del proyecto europeo, si se persistía en la austeridad a toda consta para recuperar el crecimiento.
El resultado preocupante de las elecciones italianas, en las que grupos cerradamente críticos con los partidos tradicionales ocuparon una parte importante de su espacio, hizo girar a Europa hacia calendarios más relajados de consolidación fiscal. Tras los esfuerzos de 2012 en varios países, el BCE mostró a los mercados su artillería y la voluntad de utilizarla en defensa del euro si era preciso, y los mercados abandonaron las posiciones especulativas y rupturistas.
Ahora una nueva oleada de confianza ha invadido los mercados observando la recuperación de la economía tras año y medio de recesión, y bien estaría aprovecharla para que, cuando pase el ciclo electoral alemán, se ponga en marcha todo aquello que falta para consolidar institucionalmente el euro, y despejar toda duda sobre su futuro. Solo así los inversores volverán a confiar en Europa y ejercerá una función de tracción determinante para los países que por sus elevados grados de deuda pública y privada se han quedado con menos herramientas para cebar su demanda.
Ése es el caso de España, que carece de los impulsos que durante las dos últimos decenios impulsaron su crecimiento. Amén de un incremento que podría ser puntual de la demanda turística por la crisis política de algunos países del norte de Africa, como Egipto, España no tendrá impulso demográfico en una temporada, no tendrá demanda inmobiliaria y no tendrá la posibilidad de utilizar el keynesianismo del presupuesto público para sustituir la falta de demanda privada, muy condicionada por el endeudamiento. Tiene que buscar, por tanto, las fuentes de crecimiento en otras políticas.
La primera debe seguir siendo la consolidación fiscal. España no ha resuelto el vertiginoso crecimiento de su deuda pública, que está ya en un nivel (90%) peligroso para la financiación privada por el efecto exclusión que generan los tipos de financiación de las emisiones públicas. Con un déficit cerca del 7%, difícilmente puede reducir la rentabilidad de su bono a diez años por debajo del 4,5%, lo que dificultará tanto la financiación pública como la derivada para la banca y las empresas privadas. Debe seguir reduciendo los tipos de sus emisiones para dejar espacio a la inversión privadas; pero debe seguir reduciéndose para controlar una partida de gasto, la factura de intereses, que es ya la más elevada del presupuesto, con la excepción de las pensiones. Todo lo que se reduzca esa partida, serán recursos que se liberan para otros capítulos de gasto que reactiven la economía. Cuando se financia deuda, se financia el gasto del pasado, pues el déficit actual no es consecuencia de inversión púbica, sino del crecimiento pasivo de los estabilizadores automáticos, que debe ser controlado.
Las cuentas de 2014 tienen que ser, por tanto, austeras, en las que las grandes partidas con capacidad de movilizar el gasto, se contengan, y lleven el tamaño del sector público, tanto en funciones como en personal, a un nivel financiable sin agobios por el sector privado. Las regiones, que han aceptado a regañadientes los planteamientos austeros del Gobierno, deben coplaborar en ello para recuperar la sostenibilidad de unas finanzas expulsadas de los mercados, que les habían asignado primas de riesgo desorbitadas. Y solo una vez que se recupere el superávit primario del Estado podrá plantearse una reducción de los impuestos que movilice la actividad económica, y que, a la vez, recomponga los niveles de ingresos que una economía con un PIB como el español debe tener. Y en paralelo, hacer cuantas reformas amplíen el crecimiento potencial de la economía, aunque remuevan dolorosamente privilegios de colectivos protegidos.