Tribuna

Abaratar el coste de la deuda pública española

 La deuda pública española ha sufrido un crecimiento sustancial en los últimos años como consecuencia del doble efecto que la crisis económica ha tenido en las cuentas del Estado: aumento insaciable del gasto social (prestaciones desempleo y ayudas extraordinarias) y disminución de ingresos impositivos (caída de rentas del trabajo y del capital, disminución del consumo, etc.).

El resultado ha sido un incremento en términos absolutos y, también, en mayor medida y alimentado por la caída y/o estancamiento del PIB, en términos relativos respecto a éste.
En la vertiente positiva, la ventajosa situación de partida de la deuda pública española está permitiendo que, aún a día de hoy, el coste medio de la deuda en circulación, es decir, los intereses que se pagan por la deuda en manos de los acreedores, se mantenga en niveles inferiores al de gran parte de los países de la UE, incluyendo a Alemania, Francia o el Reino Unido.

En la vertiente negativa, los elevados spread con la deuda alemana están provocando que desde hace ya cinco años, los altos precios que el Estado tiene que asumir para financiar sus necesidades de caja estén creciendo de forma sostenida, ocasionando un incremento lento pero constante del coste medio conjunto.

Los peores momentos se vivieron en los mercados en el verano de 2012, cuando la prima de riesgo superó los 600 puntos básicos y España estuvo al borde del rescate. Sin embargo, la intervención del gobernador del Banco Central Europeo en el mes de septiembre, afirmando que el BCE haría todo lo necesario para asegurar la supervivencia del euro, trajo calma a los mercados, y los diferenciales con el bono alemán comenzaron a relajarse, permitiendo que el Tesoro pudiera llevar a cabo todas las emisiones necesarias en 2012 y a precios relativamente razonables.
Es evidente que se atravesó un periodo en el que los mercados, con fines especulativos o no, estresaron el euro con la finalidad de probar la resistencia y el compromiso de la eurozona con su moneda y, por ende, con su proyecto común. El Banco Central Europeo, con su ofrecimiento de adquisición de deuda pública a los países que lo solicitaran (llamémoslo rescate blando), consiguió desactivar el rescate de España.

Desde entonces, el escenario ha sido de constante volatilidad, con subidas, bajadas o movimientos laterales de la prima de riesgo, sin pautas definidas y habitualmente sobre-reaccionando en respuesta a eventos no siempre relacionados con los países más afectados (como ejemplo reciente, la subida de la prima de riesgo española tras las elecciones en Italia).
Este escenario complejo supone que España, si bien no está teniendo problemas de demanda para colocar su deuda, siga pagando precios muy elevados, lo que, unido al propio aumento de la deuda, convierte los intereses al servicio de ésta como la principal partida de gasto de los Presupuestos Generales del Estado.

En este contexto, los esfuerzos exigidos a la población para reducir el déficit público (vía recorte o encarecimiento de servicios sociales y esenciales o vía subidas de impuestos) no proporcionan todos los resultados que de ellos cabría esperar.

La solicitud de la ayuda ofrecida por el Banco Central Europeo permitiría un respiro al Estado y se traduciría en una paulatina relajación del mercado secundario, que acabaría por hacer innecesaria la ayuda a corto plazo una vez que los mercados se estabilizasen.

Asimismo, la caída del coste de la deuda tendría un doble efecto. En primer lugar, reduciría la partida de intereses y, por ende, de los gastos del Estado, facilitando una bajada de IRPF que incrementaría la renta disponible de los ciudadanos, activaría el consumo, haría crecer el PIB y disminuiría el cierre de empresas y el número de desempleados, lo que a su vez provocaría un incremento en los ingresos impositivos y una caída de los gastos por prestaciones sociales. En segundo lugar, facilitaría la financiación de empresas y banca al eliminar el efecto crowding-out que en la actualidad provocan los altos tipos de interés de las emisiones del Tesoro.
El precio a pagar sería un nuevo Memorandum of Undestanding, pero ¿no estamos ya monitorizados desde el rescate a la banca?

Óscar Martínez es cocio de Augeo Consulting Group

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