A grandes males, grandes remedios
La segunda reestructuración del sistema financiero que acomete el actual Gobierno debería ser la definitiva y permitir al sector un gradual saneamiento, alejar cualquier duda sobre su solvencia y que fluya mayor crédito a la economía productiva.
Para que así sea, deben cumplirse las siguientes condiciones. En primer lugar, que se despeje cuanto antes la incógnita sobre cuáles serán las entidades independientes y externas que valorarán los activos de los bancos y cajas españoles. Para disipar el nerviosismo que se ha generado en torno a nuestro sistema financiero, sería aconsejable la participación en el proceso de valoración de técnicos de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) y del FMI. La ABE desconfiaba con razón a principios de febrero de los planes de recapitalización presentados en enero por la banca europea.
En segundo lugar, que el Gobierno ponga al frente de las entidades intervenidas a gestores de reconocido prestigio ajenos a la política cuya remuneración se ajuste a la austeridad imperante en el país. En tercer lugar, que las provisiones que se exijan a las entidades españolas estén alineadas con el core Tier 1 del 9% que la UE fijó el año pasado para los bancos sistémicos europeos.
En cuarto lugar, que las comisiones correspondientes del Congreso y del Senado tengan acceso a toda la información que les permita supervisar la gestión de las entidades intervenidas y depurar responsabilidades. En quinto lugar, que el objetivo primordial de dichos gestores sea sanear y privatizar las instituciones en el menor plazo posible y salvaguardar los intereses de los depositantes, empleados y accionistas. En sexto lugar, que el Ministerio de Economía y los reguladores nacionales decidan de manera coordinada cuándo pueden volver a manos privadas las entidades intervenidas. Y, finalmente, que los gestores consigan el mayor retorno posible para la aportación de dinero público.
Esperemos que el ministro de Economía haya acertado en la exigencia de 30.000 millones de euros en provisiones adicionales. Si apuntaba demasiado bajo corría el riesgo de tener que pedir mayores provisiones e inyectar más fondos públicos en pocos meses, con el consiguiente deterioro de la confianza en nuestro sistema financiero. Si apuntaba demasiado alto, estaba aumentando innecesariamente la deuda pública ya que las entidades que no consigan generar las provisiones con fondos propios recibirán ayuda pública mediante acciones o bonos convertibles con interés del 10%. El tiempo dirá si las provisiones de febrero sumadas a las del último decreto-ley (84.000 millones de euros en total) y la obligatoriedad de traspasar los activos inmobiliarios a sociedades externas apuntalarán el sistema financiero español. Los más pesimistas argumentan que con una tasa de desempleo del 24% y la economía sumida en recesión, las tasas de morosidad de los créditos no inmobiliarios también seguirán aumentando.
La actuación del Gobierno en relación con la intervención de Bankia ha sido sometida a numerosas críticas. La mayoría procede de sectores interesados en desviar la atención de su propia responsabilidad (un PSOE que durante siete años fue incapaz de contener la burbuja inmobiliaria y gestionar su pinchazo) y generar más contestación social contra unas reformas estructurales y medidas de ajuste que el actual ejecutivo debe adoptar con urgencia debido a la pasividad del anterior Gobierno.
La reciente aportación de 430.000 millones de dólares al FMI, sumada a los 925.000 millones con los que cuenta el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera y el Mecanismo Europeo de Estabilidad, han creado un cortafuegos de 1,4 billones de dólares. Este arsenal financiero, unido al billón de euros inyectado por el BCE en el sistema bancario europeo y las reformas y ajustes aprobados por España e Italia, había tranquilizado a los mercados. La calma se truncó cuando se constató que las medidas de austeridad agudizarían la recesión y alejarían a los países periféricos de la eurozona de sus objetivos de reducción de déficit. Se suscitó un sano debate sobre cómo combinar austeridad, medidas de estímulo al crecimiento y generación de empleo a corto plazo y reformas estructurales que fomenten la competitividad a medio plazo.
Pero la victoria del socialista François Hollande en las presidenciales francesas con un mensaje contrario a la austeridad y el hundimiento de los partidos griegos favorables al rescate pactado con el FMI y la UE dieron al traste con meses de delicadas negociaciones. Hollande se ha convertido en el estandarte de una izquierda europea que quiere renegociar el pacto fiscal y reabrir el debate sobre la austeridad. Si Grecia es incapaz de formar un Gobierno que continúe aplicando las reformas pactadas, su salida de la eurozona es más que probable.
Alexandre Muns. Profesor de la Escuela Superior de Comercio Internacional. Universidad Pompeu Fabra