Inconsistencia temporal
El autor califica de zozobra regulatoria las progresivas soluciones y la improvisación de la que han hecho gala las autoridades financieras enlos últimos años.
El sábado se publicó el RD-L 18/2012 sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero. Lo primero que le llama a uno la atención es que en mayo de 2012, España aún tenga que seguir renovando su estrategia de acción para el saneamiento del sector bancario. Si algo hay que exigirle a una reforma financiera en España es que acabe con este goteo, lo que equivale a ser certeros respecto a qué es suficiente. La última reforma introduce nuevos elementos de reconocimiento de pérdidas actuales y potenciales, así como diferentes instrumentos para atajar situaciones contingentes de deterioro, con aportación de recursos públicos (aunque sean reembolsables). Sin embargo, los recursos que se han estimado que supondrán la primera acometida derivada de esta reforma serán probablemente insuficientes y algunos elementos contenidos en la propia reforma (como las valoraciones independientes) pueden señalizar claramente esa carencia. Y esta prolongada zozobra regulatoria no beneficia a nadie porque emite una extraña señalización sobre la capacidad de diagnóstico, porque los ciudadanos tienen que conocer hasta dónde es preciso aportar recursos de una vez por todas y porque las entidades financieras deben contar con una reglas del juego más estables para poder realizar planteamientos estratégicos coherentes.
La idea fundamental es, por lo tanto, tratar de acabar con la inconsistencia temporal, con la sucesión de soluciones y la improvisación de otras nuevas cada vez que las anteriores no alcanzan los objetivos. Existen, al menos, cuatro elementos que conviene tener en cuenta para evaluar la consistencia de la nueva reforma:
l El deterioro y su señalización: con la nueva reforma se estima que el sector va a tener que realizar provisiones adicionales por 30.000 millones que se añadirán a los más de 50.000 millones ya exigidos en la anterior reforma del pasado mes de febrero (RD-L 2/2012). Son cantidades muy importantes que se refieren, sobre todo, al crédito promotor. Lo que ocurre es que hace tres años se decía que no hacían falta apenas recursos adicionales, hace dos que hacía falta un poquito y el año pasado que algo más. Y este año se comenzó ya a reconocer unas necesidades de saneamiento importantes pero, en apenas tres meses, como vaticinábamos muchos analistas, han tenido que ser incrementadas. Hay que tener cuidado con la señal que se emite a los mercados porque los diagnósticos incompletos se consideran como un goteo incesante hacia el verdadero reconocimiento. En este punto, un elemento de interés de la nueva reforma es que apunta hacia mecanismos que pueden ponerse en marcha para la aportación de recursos públicos -en forma de capital contingente (cocos)- en caso de que las entidades no puedan afrontar por ellas mismas las nuevas exigencias de saneamiento. Esto permite actuar sin tener que aprobar nuevas medidas pero lo que no se sabe es hasta qué punto hay que hacer más cosas. De hecho, se ha abierto una nueva vía de agua en el buque del sector bancario español y es que son cada vez más las voces que alertan de que el próximo problema de saneamiento vendrá de la morosidad en las carteras hipotecaria minorista -con el aumento del desempleo-y la de préstamos a empresas, pero el problema más acuciante ahora es el de terminar con el deterioro derivado de la promoción inmobiliaria, el lastre más pesado.
l Los nuevos recursos aportados: a la señalización tampoco le ayuda que se realicen estimaciones de la necesidad de recursos que parecen aún reducidas. Por ejemplo, se estima que la cantidad de recursos que habría que aportar en forma de cocos es de apenas 15.000 millones de euros. Entendemos que el Gobierno -y el país en definitiva- están algo constreñidos a la disciplina presupuestaria que imponen Bruselas y los mercados y que la aportación de recursos públicos -aunque no engrosen el déficit al ser reembolsables- se siga viendo como un cierto tabú. Pero es fácil adivinar que previsiblemente la necesidad de aportación de recursos podría ser (bastante) mayor. Entre otras cosas, porque aún queda por determinar la magnitud del deterioro, algo que se va a hacer a través de dos estudios de expertos independientes.
l Los resultados de las dos auditorías independientes: es un punto crucial que hay que valorar positivamente como señal de transparencia pero hay que tener muy claras las consecuencias. Si los resultados están en consonancia con la mayor parte de los estudios independientes realizados hasta la fecha -y a falta de otra información-, el deterioro estimado (recordemos que la valoración será para el conjunto de activos y no sólo el inmobiliario) puede ser muy importante y bastante mayor del hasta ahora considerado. Conviene tener en cuenta que una valoración independiente puede generar -pensemos en Irlanda-, dos tipos de problemas potenciales. O la estimación se queda corta y carece de credibilidad o es mucho mayor que la esperada y supone tener que buscar cuanto antes recursos adicionales más allá de donde se esperaba. Esto último es lo que puede suceder en el caso de España y entonces los cocos tendrían que ser más bien los supercocos, con las consecuencias que ello tuviera. Y con un tipo de interés al 10%, estos instrumentos suponen un coste demasiado importante para algunas entidades por lo que su conversión a capital sería la consecuencia más lógica y con ello habría nuevas nacionalizaciones parciales o totales de bancos españoles.
l La coherencia estratégica: es lo que se espera de una reforma que aspire a ser definitiva. Aunque ya no hay tiempo para lamentaciones, resulta difícil de entender cómo se ha podido postergar tanto esta situación cuando en España ya hemos pasado por situaciones similares, por ejemplo, la de los años setenta en España fue una de las cinco grandes crisis bancarias mundiales de la historia reciente. El problema surge, además, porque la falta de consistencia temporal ha demorado demasiado tiempo la normalización de los flujos de crédito y, sin la necesaria cura, el enfermo no puede volver a funcionar. Hará falta que la macroeconomía también ayude pero si el deterioro no se resuelve, el crédito no fluirá en España durante bastante tiempo.
En definitiva, se ha aprobado una reforma que quiere atajar el deterioro con un conjunto de instrumentos poderosos (valoraciones independientes, provisiones genéricas y capital contingente) pero que probablemente requerirá mayores recursos de los esperados. Y esa es la esencia y el filtro que marca el éxito de una reforma bancaria: las garantías o backstop que reflejen hasta qué punto las pérdidas potenciales podrán cubrirse y, sobre todo, de dónde van a salir los recursos necesarios para ello. Me temo que esto último aún no está del todo claro.
Santiago Carbó. CATEDRÁTICO DE ANÁLISIS ECONâMICO DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA