La resistencia sindical al cambio

Hasta siete veces han llamado los sindicatos a la población a la huelga general desde que en 1985 lo hiciera por vez primera Marcelino Camacho (Comisiones) contra una reforma de pensiones que logró salvar la viabilidad financiera del sistema público de retiro. Y en cada uno de ellas han perdido razones y clientela por su resistencia a la metamorfosis natural que ha experimentado toda la sociedad. Parecen desconocer que la economía española está muerta si no se transforma.

La economía española empezó a jugar en los mercados abiertos en 1959, con el Plan de Estabilización que enterró una autarquía franquista que mantenía paralizada la actividad, la renta de la gente, las expectativas vitales de la ciudadanía. La apertura inundó España la inversión extranjera, de divisas y de truristas, y experimentó una explosión de crecimiento comparable al que había experimentado en la postguerra la Europa occidental. Pero la Dictadura aseguró una legislación proteccionista para los trabajadores, para compensar la falta de libertad política. La llegada de la democracia trató de ajustar las normativas económicas a la realidad, fundamentalmente la entrada en la Unión Europea mediada la década de los ochenta, pero se prevervó el proteccionismo laboral defendido por los sindicatos.

Todos los sectores económicos y todas las instituciones normativas se adaptaron con cierta celeridad al mercado abierto, mientras que la resistencia sindical a europeizar la legislación laboral iba fraccionando el mercado de trabajo con parches normativos que facilitasen la contratación. Además de adaptar las normas de libertad sindical a los criterios sindicales, más de una UGT que estaba en pañales cuando llegó la democracia que de unas Comisiones Obreras bien enraizadas en la oposición política y laboral al franquismo, con una Ley Orgánica de Libertad Sindical que consagraba el poder sindical con una menguada afiliación y representación, los primeros años de democracia lograron abrir algunas vías para permeabilizar la normativa de las relaciones laborales.

En los primeros ochenta la resistencia sindical a modificar la normativa de despido forzó al Gobierno de González, cierto que con un apoyo de la UGT que ha pretendido hacernos olvidar después, a crear los contratos temporales: una puerta de contratación con despido cero para dar oxígeno a una economía paralizada tras la crisis industrial de los setenta y ochenta. Ya en los noventa, con González aún en el Gobierno, Trabajo flexibilizó el desarrollo interno de las relaciones laborales en la empresa de una forma bastante parecida a como se ha hecho ahora, salvo que conservando la tutela adimistrativa en los despidos objetivos. Los sindicatos se encargaron de que no funcionase tal reforma, con la aquiescencia de los jueces, haciendo pasar por la horquilla de los 45 días por años con 42 mensualidades todos los despidos en España.

Posteriormente, ya a fianles de los noventa, con el Partido Popular en el Gobierno, y tras alguna huelga general decepcionante para los sindicatos, se redujo el despido a 33 días por año para determinados colectivos si eran contratados previamente con un porrón de subvenciones públicas, lo que suponía una doble bajada del coste laboral, tanto en las cotizaciones como en el despido si finalmente se producía. La UGT y CC OO también firmaron aquella reducción, de la que sólo unos meses después la UGT comenzó a renegar públicamente porque resultó que creaba empleo estando la derecha en el Gobierno.

Y allí terminaron los intentos por reformar la ley laboral, con una pequeña excepción en 2002 donde se pretendía movilizar a la resistencia de parados refugiados en la rotación de empleo y subsidio, y que fracasó por media huelga general.

Ahora la situación es diferente. España tiene 5,2 millones de parados y muy pocas expectativas de mejora en unos cuantos trimestres, a menos que se modifiquen las maneras de funcionar de unos cuantos mercados de bienes, servicios y factores. Por ello el Gobierno de Rajoy, tras unas pequeñas bromas del Gobierno de Zapatero con la legislación laboral, ha hecho una reforma digna de tal nombre. Y esta es la que ha provocado esta séptima llamada a las barricadas de unos sindicatos que se resisten a la metamorfosis natural.

Como se resisten a la metamorfosis natural, a la modernización de la legislación, a una adaptación a la realidad económica cambiante, en la que capital, trabajo y tecnología viajan a velocidad de la luz y penetran dentro de ti sin que te des cuenta, tenían poca justificación para evitar el conflicto. Pero tendrán la medida de su respaldo en la calle este jueves, en el que lograrán parar el transporte y la poca industria pesada (un paro laboral) pero no lograrán parar a la sociedad, ni al comercio, ni a la administración.

Los sindiactos están fuera de juego, porque ellos mismos se han quedado quietos mientras veían adelantarse a la defensa. El ejercicio que en los ochenta y noventa tanto UGT como Comisiones hicieron para despolitizarse y enraizarse con la defensa de los derechos laborales, dejando a los partidos políticos su espacio natural, ha desaparecido. La UGT nunca tuvo firmes conviciones autonomistas y solo las ejercitó cuando el PSOE de González trataba de utilizar al sindicato como una correa de trasnmisión del Gobierno, tal como el leninismo lo entendía. Desde entonces, y cada vez que el PSOE ha estado en la oposición, el sindicato se ha dedicado a recomponer la estrategia del partido, y en ello está ahora empeñada la UGT de Méndez.

Y a tal empeño ha embarcado a Comisiones Obreras. Como dice un destacado y cualificado dirigente de Comisiones, "esta vez en Comisiones Obreras se ha impuesto el PSOE y nos ha arrastrado a la huelga, cuando lo necesario, para todos, era la negociación". Comisiones Obreras, que caminaba desde Antonio Gutiérrez por el camino del sindicalismo real, ajeno a la política, ha vuelto a quebrar el rumbo con Fernández Toxo, pese a que él mismo se siente incómodo con la situación a la que ha llevado al sindicato en los últimos años, sobre todo viendo como lo absorbe una UGT que llevaba camino de la irrelevancia.

España no está para huelgas generales, y sí está para reformas como la que ha hecho el Gobierno. Hay que dar una oportunidad a los millones de parados, jóvenes y contratados temporales, que hoy no encuentran trabajo o un trabajo mejor por el simple hecho de que la norma reformada, y los sindicatos, defienden los privilegios de quienes están dentro del mercado como fijos, mientras mantienen a millones fuera y como temporales. Esta situación inmoral que amenaza el futuro protegiendo con privilegios del pasado una situación insostenible, es lo que hoy tratan de defender los huelguistas convocados por UGT y Comisiones Obreras. Es su particular manera de resistirse a la metamorfosis natural de la europeización.