La vida de las pensiones exige más empleo ya

La confianza de los ciudadanos en que el final de su vida laboral desembocará en una jubilación segura constituye una premisa fundamental para la estabilidad y el crecimiento de las economías. De esa tranquilidad dependen las decisiones de ahorro y de consumo de los trabajadores y sus familias. Si el futuro es incierto, el gasto se contrae; si, por el contrario, el horizonte se aclara, el consumo se mantiene e incluso se estimula. Alemania aprendió esa elección a principios de la última década del pasado siglo, cuando el azote de la crisis económica y las dudas sobre la viabilidad de su sistema de previsión social se conjugaron como una tormenta perfecta. Los alemanes afrontaron entonces una dura reforma de las prestaciones sociales con la idea de sacrificar el presente para construir el futuro. Asumieron que trabajarían más tiempo, que trabajarían más duro y que las prestaciones y subsidios sociales se verían severamente recortados. Con esa medicina amarga, que incluyó también una drástica reforma laboral, se colocaron los engranajes para recuperar la confianza y poner al país en camino hacia el futuro.

En medio de una crisis económica sin precedentes, los últimos datos de ejecución de cuentas de la Seguridad Social en España hacen inevitable plantearse seriamente cuáles son los límites de sostenibilidad del sistema. Tras quince años de superávit ininterrumpido, el año pasado la caja de las pensiones volvió a los números rojos. Afortunadamente, los excedentes generados durante los años de superávit han permitido alimentar el fondo de reserva, que acumula ya 65.000 millones de euros -un 6,5% del PIB-, lo que garantiza el pago de las pensiones en un caso de urgencia. Sin embargo, ni este ni ningún otro fondo es eterno si el sistema no es sostenible. Y los últimos datos sobre afiliación reflejan el brutal impacto que la crisis económica y el incremento del desempleo están teniendo en el equilibrio de las cuentas de la Seguridad Social.

Mientras el pasado noviembre las aportaciones por cotizaciones descendían casi un 1,5% en términos interanuales, el gasto en pensiones y prestaciones crecía un 4%. Ello se explica porque a la vez que el número de pensionistas crece a ritmo elevado, el número de cotizantes baja y lo hace a un ritmo aún mayor. A ello hay que sumar el hecho de que las nuevas pensiones que llegan al sistema son más altas y se percibirán durante más años que las antiguas. Si a largo plazo el oscuro horizonte demográfico que a todas luces aguarda a España no permite ser demasiado optimista -de 2020 a 2040 habrá tres millones menos de personas en edad de trabajar y cinco millones más de mayores de 65 años-, el presente tiene sus propias y acuciantes necesidades. La sangría que el desempleo está provocando actualmente se ha saldado con la pérdida de 2,5 millones de empleos desde que comenzó la crisis, a los que hay que sumar el medio millón más, que según el Banco de España, se destruirá este año. Todo ello ha llevado al límite el ratio de sostenibilidad del sistema -que actualmente es de 2,1 cotizantes por cada pensionista- y lo ha acercado peligrosamente a su mínimo histórico.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó el año pasado una importante reforma del sistema de pensiones con el objetivo de garantizar su estabilidad financiera al menos hasta 2040. Dado que la reforma fue diseñada bajo previsiones de crecimiento y empleo que ya son papel mojado, parece necesario revisar sus plazos de transitoriedad y hacerla plenamente efectiva antes de lo previsto. Sin embargo, la batalla más urgente para garantizar la sostenibilidad de la Seguridad Social se libra en el terreno empleo. Solo si se flexibiliza profunda y contundentemente la legislación laboral, con la rebaja de todos y cada uno de los costes laborales y el rediseño del modelo actual de negociación colectiva, será posible poner un dique al paro y comenzar a crear empleo. No es la única tarea que espera en España, pero sí la más importante y urgente. No solo para alimentar la sostenibilidad de un sistema de pensiones que no puede vivir del aire, sino para dar a la ciudadanía la seguridad que permita invertir y consumir normalmente y así contribuir a la recuperación del país.