El Banco de España ante el precio de la vivienda
De forma insistente, sobre todo en los últimos tres años, los informes emitidos por el Servicio de Estudios del Banco de España se refieren al precio de la vivienda en nuestro país en términos que pueden suscitar alarma en un sector de nuestra economía, el inmobiliario y la construcción, que es uno de los pilares fundamentales del crecimiento económico de éstos años, gracias, además, al apoyo inestimable del sistema crediticio. Por ello, convendría atemperar los pronunciamientos graves en la materia, al menos mientras no se enuncien alternativas creíbles a la situación.
Es de sobra conocido que el crecimiento de los precios de la vivienda en España en porcentajes superiores a la media de la UE causa preocupación, porque tales precios se van alejando progresivamente de la realidad económica de nuestro país. A pesar del crecimiento de los últimos años, los niveles medios de renta no justifican el mantenimiento de una demanda creciente del sector de la vivienda con tasas de aumento de valor superiores al 15% anual.
Parece, pues, que sin el concurso de nuestro sistema crediticio, no estaríamos donde estamos: la bajada de tipos de interés y una generosa política de tasaciones, acompañada del alargamiento de los plazos de las hipotecas, han hecho posible, entre otras cosas, que el sector inmobiliario represente alrededor del 10% del PIB del pasado año y que una parte muy significativa de los activos del sistema crediticio esté constituida por las hipotecas.
Como es sabido, España siempre se ha distinguido por la debilidad y escasez de su parque de viviendas de alquiler, cuyo nivel no llega ni a la mitad del de países como Francia, Alemania y el Reino Unido, por la convergencia de dos factores tradicionales: uno de carácter cultural, que lleva a identificar vivienda con propiedad y seguridad, y otro, a mi juicio más importante, de carácter político, que es la débil actuación pública en la materia. Hasta el punto de que la vivienda se ha convertido en un instrumento de financiación privilegiado de las corporaciones locales, supervisadas por las comunidades autónomas, que, salvo casos aislados y simbólicos, han abandonado las iniciativas sociales en vivienda bien de alquiler bien de propiedad.
No digamos ya el propio Estado, que, falto de competencias en la materia, se encuentra incapacitado para impulsar y desarrollar programas públicos de vivienda. Las dificultades del recreado Ministerio de la Vivienda son una muestra elocuente de ello.
Por su dimensión económica y social la cuestión de la vivienda no puede convertirse en el expediente perenne de denuncia de los males que aquejan al país, sobre todo cuando aquellos que denuncian forman parte del poder público. Creo que las protestas de preocupación de bastantes responsables y organismos públicos debían pasar del puro ejercicio retórico a la ejecución de acciones y puesta en marcha de políticas encaminadas a restaurar los equilibrios perdidos.
Para ello resulta conveniente reconsiderar el régimen competencial en materia de suelo y urbanismo, sin excluir la atribución de competencias a Administraciones más alejadas, concretamente al poder central, lo que, sin duda, iría en beneficio de la objetividad, al tiempo que se cortaría la gangrena de corrupción que envuelve a muchas corporaciones locales y regionales.
En cuanto al sistema crediticio, el Banco de España, sin perjuicio de sus facultades de supervisión, siempre ha gozado de un nivel de interlocución y consejo que podría resultar muy útil para concertar algunas pautas de actuación con las entidades de crédito, encaminadas a suavizar las aristas que presenta el mercado de la vivienda, aprovechando la inflexión de oferta que ya empieza a producirse. Para evitar males mayores, conviene actuar con la precisión y eficacia de un relojero sin estar dando constantemente tres cuartos al pregonero.
Cuando por la influencia exterior y la falta de iniciativas domésticas podemos sospechar la cercanía del estancamiento económico, hay que tratar con sumo cuidado aquellos sectores productivos que, a pesar de sus problemas, sostienen nuestro crecimiento económico y son el refugio de la inversión y el ahorro de las familias españolas.