Irlanda convierte el lío fiscal mundial en 24.000 millones de oro
El acuerdo de la OCDE para un tipo mínimo global del 15% no funciona sin la participación de Washington
Jack Chambers tiene un problema inusual para un ministro de Economía: demasiado dinero. El irlandés dijo la semana pasada que esperaba un superávit presupuestario de 24.000 millones de euros (el 7,5% de la renta nacional bruta) en 2024, gracias a la factura de impuestos atrasados de Apple y al aumento de los ingresos de otras grandes multinacionales estadounidenses.
Si los recientes esfuerzos por sanear el sistema mundial del impuesto de sociedades hubieran funcionado, la feliz situación de Chambers no debería ser posible. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) logró en 2021 un histórico acuerdo, que se suponía que reduciría los incentivos para el traslado de beneficios empresariales a países de baja tributación, como Irlanda, y pondría fin a la carrera a la baja de los tipos impositivos mundiales. Por suerte para Dublín, hay pocos indicios de que las cosas vayan a cambiar.
Las abultadas arcas irlandesas de este año son, hay que reconocerlo, inusuales. El superávit que las Cámaras tienen previsto empezar a repartir se debe en gran parte a una sentencia del Tribunal Europeo que obliga a Apple a entregar unos 13.000 millones de euros a Dublín, en recompensa por lo que Bruselas califica de acuerdo fiscal histórico y ventajoso. Sin embargo, Irlanda, que no quería el dinero, seguiría teniendo un cómodo superávit sin los fondos del fabricante del iPhone.
El Ejecutivo anunció el día 1 recortes fiscales y aumentos del gasto por valor de 10.500 millones para 2025. El presupuesto también incluía planes a largo plazo sobre el uso de los 13.000 millones de Apple, para mejorar las infraestructuras del país. Según el Gobierno, el superávit caerá al 2,9% en 2025.
El Fondo Monetario Internacional espera que la Isla Esmeralda tenga un saldo positivo durante muchos años. Y está claro que Irlanda es una excepción internacional. Su tipo general para las empresas es de solo el 12,5%, frente a una media mundial del 23%, según la Tax Foundation. Esa diferencia ha atraído a los gigantes de EE UU, que a menudo declaran en el país una proporción desorbitada de sus beneficios internacionales. En 2023, el impuesto de sociedades representó más de una cuarta parte de la recaudación total del Estado, frente a menos de una décima parte en Gran Bretaña.
El Consejo Asesor Fiscal irlandés señaló que, en 2022, 10 grandes empresas representaron por sí solas el 60% de la recaudación del impuesto de sociedades, y que tres de ellas aportaron un tercio del total. El organismo de control fiscal independiente no nombró a las empresas, pero es probable que la lista incluya a algunos de los gigantes de EE UU con gran presencia en ciudades como Dublín o Cork, entre ellos Apple, Alphabet, Meta, Pfizer e Intel.
El resto del mundo ha intentado complicarle la vida a Irlanda. El acuerdo auspiciado por la OCDE, firmado inicialmente hace tres años, había atraído en junio de 2023 a 139 signatarios, incluidas todas las principales economías. Tenía dos elementos. El primero era un nuevo principio de fiscalidad digital que facultaba a los países para aplicar gravámenes en función del lugar donde se generan los ingresos, en vez del lugar donde una empresa basa sus operaciones. En teoría, eso permitiría a Francia o Alemania reclamar algo de dinero a Meta o Alphabet, aunque las empresas apenas reportaran beneficios a París o Berlín.
El segundo elemento era un nuevo “impuesto mínimo” del 15%, que en teoría debería de eliminar el incentivo para que los paraísos fiscales cobren menos de ese nivel. La OCDE calculó que el total de beneficios obtenidos por las grandes empresas en jurisdicciones de baja tributación, definidas como países con un tipo inferior al 15%, se reduciría en un 80% como consecuencia de ello, lo que implicaría que la evasión fiscal de las empresas quedaría prácticamente resuelta.
Como demuestra el presupuesto de Chambers, es evidente que no ha sido así. Un gran problema para el esfuerzo de la OCDE es que EE UU no ha aplicado el impuesto mínimo. Dado que muchas de las mayores empresas del mundo son de allí, pero declaran gran parte de sus beneficios en el extranjero, el sistema tal y como está concebido no funciona sin la participación de Washington. Y con un Congreso dividido tras las elecciones de noviembre, es difícil que se produzcan cambios en este frente.
Otra dificultad es que el 15% apenas supera el tipo del 12,5% de Irlanda. La consecuencia es que un nuevo impuesto mínimo, aunque se aplique en todo el mundo, podría no cambiar demasiado los incentivos de las empresas. Según una persona implicada en las negociaciones de la OCDE, Dublín consiguió que se eliminaran del acuerdo las palabras “al menos”, lo que sugiere que el tipo global podría mantenerse en un nivel con el que Irlanda pueda vivir.
La otra pata del plan de la OCDE también está empantanada. Se supone que el nuevo derecho fiscal digital permitirá a los Gobiernos sacar dinero de los gigantes tecnológicos sin presencia física local. Pero, hasta ahora, los países no se ponen de acuerdo sobre cómo aplicar esas normas. De nuevo, la intransigencia de EE UU es un problema. Estimaciones recientes del Comité Conjunto de Impuestos del país sugieren que este punto de las reformas de la OCDE podría hacer perder a EE UU 57.000 millones de dólares en ingresos fiscales en 10 años. Es difícil convencer de eso a cualquier Administración. Y a falta de un acuerdo en ese frente, es probable que países como Francia y España mantengan los impuestos digitales nacionales preexistentes, lo que provocaría un nuevo pulso con Washington que, en última instancia, dejaría intacta la parte actual del pastel que corresponde a Irlanda.
En teoría, los vecinos europeos de este podrían presionar a Chambers y al primer ministro, Simon Harris. En el pasado, Bruselas ha hablado de impuestos digitales en todo el bloque y de otras medidas que podrían mermar el atractivo de Dublín por sus bajos impuestos. Es posible que los crecientes problemas fiscales de Francia y otros países obliguen al resto de la UE a perder la paciencia con Irlanda. Pero el éxito de las medidas fiscales a escala del bloque es poco frecuente, y no está claro que Bruselas disponga de muchas otras formas de hacer que Dublín se ponga a tono.
El resultado es que Chambers y Harris pueden estar tranquilos. El Gobierno irlandés debe convocar elecciones antes de marzo, por lo que es un buen momento para disponer de mucho dinero de sobra. Un buen uso de los fondos sería invertirlos en solucionar la escasez crónica de viviendas o construir un servicio de metro subterráneo en Dublín. Es probable que el derroche enfade a los vecinos más necesitados. Pero como el proceso de la OCDE sigue estancado, no está claro por qué debería importarle a las Cámaras.
Los autores son columnistas de Reuters Breakingviews. Las opiniones son suyas. La traducción, de Carlos Gómez Abajo, es responsabilidad de CincoDías
