Criteria lleva demasiados sombreros
Su proteccionista atracón de operaciones corporativas puede acabar produciendo rentabilidades inferiores
Uno de los principales actores de las fusiones y adquisiciones en España es también uno de los más inusuales. Criteria Caixa, el brazo inversor de 22.000 millones de euros de la fundación benéfica La Caixa, está adquiriendo participaciones en empresas cotizadas, al tiempo que ha hecho sentir su presencia en Telefónica y Naturgy. El grupo presentará un nuevo plan estratégico el 17 de junio.
El presidente de Criteria, Isidro Fainé, parece empeñado en proteger a los paladines nacionales de las incursiones extranjeras, lo que podría enfriar las fusiones en España. Un nuevo ejemplo se produjo el lunes, cuando Taqa, de Abu Dabi, retiró su opa por Naturgy, con lo que las acciones cayeron más de una décima parte. Su informal misión política está, además, en desacuerdo con la oficial del grupo de preservar y aumentar la riqueza de su organización benéfica matriz.
Las raíces de la entidad se remontan a la fundación de una institución de ahorro con sede en Barcelona en 1904 por el abogado Francesc Moragas. Durante muchos años, estuvieron bajo un mismo techo una rama benéfica, un banco minorista y un holding de inversiones, hasta que se produjo una serie de reorganizaciones a partir de los años 2000. Los gestores del grupo, entre ellos Fainé, acabaron por dividirlo en tres partes: la fundación filantrópica La Caixa, propietaria al 100% del área de inversión CriteriaCaixa, que a su vez posee una cartera de acciones que incluye una participación de un tercio en CaixaBank, valorada en 38.000 millones de euros. Fainé preside la fundación y el holding, pero dimitió como presidente del consejo de CaixaBank en 2016.
Tras unos años centrada en la reducción de la deuda, Criteria parece estar ahora en modo expansión. El nuevo CEO, Ángel Simón, comenzó su trabajo en febrero y rápidamente se embarcó en una ola de compras, embolsándose participaciones en cotizadas por valor, calculamos, de 2.500 millones, durante abril y mayo. Esto incluye su participación en la OPV de Puig, la compra de un 9% de ACS, casi doblar su participación en Telefónica hasta el 5%, y el aumento de su participación en Colonial hasta el 17%.
Pero eso no es todo. Criteria también está considerando aumentar su participación en Telefónica hasta el 10%, y estaba planeando aumentarla en Naturgy del 27% a alrededor del 35% como parte de una adquisición conjunta con Taqa. No está claro si esa idea seguirá adelante ahora que se ha cancelado la compra conjunta. Pero esas dos operaciones costarían 2.900 millones en total, con lo que el gasto posible este año ascendería a 5.400 millones, estimamos.
Esta oleada complica la vida a los banqueros españoles especializados en fusiones, que intentan averiguar qué adquisiciones extranjeras tienen posibilidades de prosperar en el país. Criteria afirma ser apolítica, pero desde fuera Fainé parece estar en sintonía con el Gobierno. El grupo ha ido aumentando su participación en Telefónica junto con el fondo estatal Sepi, lo que ha ayudado al grupo de Fainé a ganarse el apodo de “SEPI privada” entre los financieros españoles. Ambos actuaron poco después de que lo hiciera Saudi Telecom Company (STC), que en septiembre dijo haber comprado el 4,9% de las acciones de Telefónica, e instrumentos financieros por valor de otro 5%.
Tanto en Telefónica como en Naturgy, donde los grandes accionistas del capital riesgo están buscando una salida, Criteria quiere ayudar a estabilizar la propiedad de las empresas, al tiempo que impulsa su presencia directiva, según una fuente cercana. El problema es que parece cada vez más difícil juzgar qué busca exactamente Fainé. Criteria, según varios medios, está considerando la posibilidad de presentar una oferta conjunta para contrarrestar la políticamente controvertida oferta del consorcio húngaro Ganz Mavag por Talgo. Puede que Fainé lo vea como una cuestión de reputación e influencia. El riesgo es que acabe pluriempleado para el Gobierno español, pero sin la seguridad jurídica ni la responsabilidad de una intervención estatal formal en las fusiones.
El otro problema de las operaciones de Criteria es financiero. No está claro cómo están financiando Fainé y Simón el derroche, pero hay pocas opciones buenas. Tras haber logrado reducir a más de la mitad su endeudamiento neto hasta el 15% del valor total de sus activos en 2023, desde el 32% de 2016, el grupo se arriesga a deshacer gran parte de ese progreso si recurre a la deuda. Su calificación crediticia es BBB+ por parte de Fitch y Baa2 por la de Moody’s, tres y dos escalones por encima de basura, respectivamente.
La venta de participaciones sería otra posibilidad. Por ejemplo, Criteria dijo el martes que se había deshecho de unos 600 millones en acciones de Cellnex. Pero esa participación es pequeña en comparación con su participación de 12.100 millones en CaixaBank y de 5.500 millones en Naturgy. La venta de cualquiera de ellas plantearía problemas. La energética es un objetivo difícil de vender, y el banco también, debido a su papel como buen pagador de dividendos. Criteria debería de obtener alrededor de 1.000 millones del dividendo de CaixaBank de 2024 por sí solo, calculamos a partir de datos de Visible Alpha. Es cierto que esa entrada de efectivo ayudará a reducir el apalancamiento en el margen, pero una gran parte se destina al llamado “dividendo social” a la fundación matriz. El pago fue de 400 millones en 2023 y está previsto que aumente este año, ya que la fundación presupuestó una cifra récord de 600 millones para gasto social.
Por último, no está claro cómo se supone que el activismo de Fainé y Criteria en materia de fusiones encaja con su misión principal: “preservar y aumentar” el patrimonio de la fundación. Tomado al pie de la letra, eso implicaría evitar las acciones españolas, ya que el Ibex 35 ha ofrecido una rentabilidad total del 50%, incluidos los dividendos reinvertidos, en la última década, frente al 140% del MSCI All Country World y el 230% del S&P 500. Las ramas de inversión de otras organizaciones sin ánimo de lucro, como el británico Wellcome Trust o los fondos de dotación de las universidades de EE UU, se han convertido en sofisticados actores internacionales que invierten fuera de sus mercados nacionales y en activos alternativos como el capital privado. La lógica en estos casos es que la optimización de todo lo que no sea rentabilidad financiera significa perjudicar a la fundación.
Está claro que Fainé y Criteria no lo ven así. Pero si su proteccionista de operaciones corporativas acaba produciendo retornos inferiores, no serán solo los banqueros de inversión los que tengan motivos de queja.
Los autores son columnistas de Reuters Breakingviews. Las opiniones son suyas. La traducción, de Carlos Gómez Abajo, es responsabilidad de CincoDías
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