Lo que sabemos de los fijos discontinuos y de sus consecuencias
Distorsionan las cifras de paro real, no logran reducir la precariedad económica y elevan el coste de la protección
La obsesión del Gobierno por cambiar la legislación laboral que había convertido la contratación del trabajo en algo parecido a un mercado ha propiciado un buen número de cambios formales, pero no ha superado los niveles de precariedad y rotación preexistentes, sino que los ha potenciado, aunque oficialmente no se admita y se combata con mensajes de muy cuestionable euforia. Se pueden cambiar las normas y las nomenclaturas, pero no se puede cambiar la naturaleza del mercado, que tiene un elevado perfil coyuntural en media docena de actividades muy intensivas en el uso del factor trabajo.
El gran invento normativo de la ministra de Trabajo para justificar una reforma laboral ideológica que superase la que había impuesto el PP en 2012 y que pareciera que se superaba definitivamente la elevada temporalidad, fue poner en órbita el contrato fijo discontinuo, que ya existía, pero sobre cuyas chulísimas virtudes nadie había reparado tanto como Yolanda Díaz.
El problema fue que los vicios que encerraba este tipo de relación laboral, utilizada para vincular de forma duradera a empresa y trabajador, aunque la actividad se limitase a unos cuantos meses y se cargase al erario público el subsidio de los periodos de inactividad, se multiplicaron absorbiendo la contratación de multitud de actividades que antes se cubrían con contratos por obra y servicio y relaciones temporales de fomento de empleo.
Y dificultad añadida fue que durante los periodos de inactividad los contratados como fijos discontinuos no se consideraban parados (activos o no era una elección personal) y reducían artificialmente las cifras de desempleo. No sospechamos: constatamos desde hace tiempo que la alta velocidad a la que circula el empleo respecto a la parsimonia a la que ha caminado la producción amparaba más reparto del empleo que creación de nuevo trabajo, con descenso alarmante de la productividad. Y detrás de este fenómeno estaba en parte la figura estrella del fijo discontinuo, así como el avance de la contratación a tiempo parcial en actividades en las que antes carecía de penetración.
A fin de cuentas, aunque su naturaleza jurídica no lo diga, el contrato fijo discontinuo no es otra cosa que una relación laboral a tiempo parcial, pero con la jornada anualizada, en vez de expresada en cómputo diario, como es lo habitual en el tiempo parcial tradicional. Pues bien, además de mantener o deteriorar los niveles de precariedad laboral, el contrato fijo discontinuo mete un elevado grado de confusión en las cifras de empleo y de paro. Hasta el punto de que nadie puede decir con plena certeza cuanto empleo hay y cuanto paro queda.
La excusa es que no es posible conocer cuántos trabajadores con contrato fijo discontinuo están en inactividad en cada momento, ni conocer su situación registral ni de cotizaciones. El Gobierno lleva ya dos años negando conocer tales datos, pese a que la Seguridad Social los tiene con puntualidad diaria. La ministra de Trabajo ha ofrecido dos cifras diferentes, ambas tan distantes que cuestionan su credibilidad. La comunidad de analistas económicos, los inversores y la ciudadanía tiene derecho a saber cuál es tal cifra, y, por tanto, conocer cuál es el desempleo real, que debe incorporar al detectado por el registro los fijos discontinuos no activos.
Fedea ha publicado un detalladísimo informe de Florentino Felgueroso que se acerca a la verdad del fenómeno como nadie lo había hecho antes, y las conclusiones son de tal cuantía que modifican el marchamo de unas cuantas variables en los dos últimos años. El informe detecta para el final de 2022 (con año y medio de vida de la reforma Díaz) 1,4 millones de contratos fijos discontinuos, separando en dos partes prácticamente iguales los que están trabajando de los que no lo hacen, además de identificar a una buena parte de ellos pluriempleados.
Así, cerca de 600.000 trabajadores con tal relación deberían considerarse parados mientras no están en actividad, lo que llevaría el desempleo real muy cerca de los 3,5 millones de personas, en vez de muy por debajo de los tres millones que cantan ahora las cifras del registro. Lógicamente, en los trimestres no contabilizados, y de los que sí tiene información el Gobierno, el fenómeno de los fijos discontinuos habrá avanzado en muy buena parte como réplica de la contratación temporal abusiva.
Porque conceptualmente cambian más variables que el paro registrado, precisamente aquellas que se pretendían corregir con la reforma de 2021. Cambia la percepción sobre la precariedad, concepto muy ambiguo que puede medirse jurídica o salarialmente, pero que resiste algunas cuantificaciones. Fedea constata que los asalariados temporales (2,9 millones), que habrían descendido hasta cerca del 13% según la Seguridad Social, volverían a tasas del 19% sumándole los fijos discontinuos en actividad. Al concepto de precariedad debería sumarse parte del colectivo, también creciente, del tiempo parcial (ahora en 2,9 millones), que en las encuestas revela que preferiría el tiempo completo.
Hay un efecto secundario añadido por la alargada sombra de los discontinuos, y que se alargará más en el porvenir. Incrementa la protección por desempleo, un derecho y un gasto a la vez, porque engorda el colectivo con seguro o subsidio durante la inactividad. Siempre ha llamado la atención que provincias de elevada intensidad turística tuviesen cobertura plena por desempleo, y que incluso allí donde el paro en sectores ajenos al turístico era residual, la cobertura superase el 100% de los parados.
No es un milagro: es que hay más gente cobrando seguro o subsidio de la que hay apuntada en el registro como demandante de empleo. Baleares: 29.662 parados inscritos, y 72.223 cobrando desempleo, con cobertura del 243%; Girona: 30.700 parados, y 31.870 cobrando seguro, con cobertura del 103,8%. Son climas en los que el fijo discontinuo ha echado raíz desde hace muchos años, y que se extenderá como una mancha de aceite a otras zonas.
De hecho, un vistazo a la estructura de la protección por desempleo permite ver cómo en los dos últimos años, pese a la intensa creación de empleo, los parados que perciben subsidio, que exige periodos de cotización muy cortos, se amplía notablemente, mientras se estanca el que conforman los que perciben seguro, con mayores exigencias de cotización. El trasvase es lento, porque buena parte de los fijos discontinuos prefieren acumular cotización para percibir en el futuro el seguro, y renunciar temporalmente a la renta del subsidio, más limitada. Es el paradigma de la precariedad: el avance de la rotación entre empleo, subempleo y protección.
José Antonio Vega es periodista
Sigue toda la información de Cinco Días en Facebook, X y Linkedin, o en nuestra newsletter Agenda de Cinco Días
