Estado autonómico, diez años bloqueado
La reforma del modelo de financiación no solo es una exigencia legal ni un compromiso del Gobierno, sino una necesidad nacional sentida tanto por socialistas como por populares
Poco a poco, nos vamos acostumbrando a que los políticos incumplan reglas que garantizan el correcto funcionamiento de las instituciones y así, mueren las democracias. Empezamos, tal vez, en la época reciente, prorrogando dos años consecutivos los Presupuestos de 2018 o, ahora, los de 2024. Así, aquella norma no escrita de que no aprobar Presupuestos implicaba la convocatoria electoral, como ha pasado esta semana en Cataluña o pasó cuando se rechazaron los de 1996, ha dejado de ser habitual porque, según dijo el ministro de entonces, se prorrogan y “no pasa nada”.
El caso de la no renovación del CGPJ es más conocido, por más mediático. Pero no es el único. El modelo de financiación de las comunidades autónomas, el que paga, entre otras cosas, nuestra sanidad, educación y servicios sociales, lleva una década caducado.
¿Será, de nuevo, la necesidad de los votos de Junts y de Esquerra en los próximos Presupuestos lo que forzará a mover ficha en este campo? En el acuerdo de investidura se hacía una referencia: Junts pretende “la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña”, mientras el PSOE solo se compromete a “un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre Cataluña”. Los primeros piden un cupo catalán, los segundos aceptan hablar del “déficit fiscal” con Cataluña.
Con Esquerra, los acuerdos incluyeron “la asunción por el Estado de parte de la deuda autonómica” contraída entre este y la Generalitat (deuda del FLA) en torno al 20% de la deuda viva (compromiso extensible a todas las comunidades autónomas); mejorar la financiación de aquellos servicios singulares de Cataluña (mossos, prisiones…) y corregir la baja ejecución de inversiones del Estado en Cataluña.
Cumplir estos compromisos, a los que se han sumado una veintena de organizaciones económicas y empresariales catalanas y que pueden verse afectados por el resultado electoral del 12 de mayo, se puede hacer sin abrir el proceso general de negociación del modelo de financiación de las comunidades del régimen común, todas, menos las forales. El actual marco constitucional de la bilateralidad permite que, a través de la Comisión Mixta, se aborden estos asuntos sin necesidad de modificar la Ley de Financiación Autonómica. Si así ocurriera, seguiríamos con el modelo caducado, se invitaría a las demás comunidades a apuntarse a la reducción de deuda como caramelo y, a cambio, se daría un importante paso adelante en el reconocimiento de una singularidad bilateral con Cataluña, demandada por los indepes desde hace años. Las costuras del modelo autonómico se romperían, todavía más, en un sentido confederal y la brecha entre los grandes partidos que gobiernan en el resto de las Comunidades seguiría ampliándose. Eso es lo que está en juego.
Vetar por dos veces en el Senado el techo de gasto para 2024 enviado por el Gobierno ha sido una gran torpeza por parte del PP, salvo que piense que el escenario anterior le favorece electoralmente, aunque quiebre, todavía más, a la ya cansada sociedad española. Torcer la mano del Gobierno en la única ley que debe aprobarse tanto en el Congreso como en el Senado, le obliga a refugiarse en las cifras enviadas hace meses a Bruselas, que son mucho peores para comunidades y ayuntamientos. Se pegan un tiro en el pie para obtener una pírrica victoria parlamentaria.
Las comunidades con gobiernos del PP no se han mantenido calladas ante estos movimientos. Las 12 comunidades con presidente popular denunciaron al unísono lo que consideran trato de favor a Cataluña (“rompe el espíritu de consenso” que ha imperado en estos asuntos hasta la fecha) y exigieron al Gobierno en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de diciembre pasado que ponga en marcha ya la reforma del sistema de financiación.
Luego, llegó la ley de amnistía y no hubo nada más. Seguimos, por tanto, sin saber cuál es el plan del Gobierno para abordar uno de los mayores asuntos nacionales, de esos que ayudan, o no, a unir y a cohesionar a España, un asunto de Estado, ya que es imposible aprobar un nuevo modelo de financiación sin un consenso amplio que incluya acuerdos transversales PP-PSOE, lo que choca, de nuevo, con la polarización vigente.
La Comunidad Valenciana es, quizá, la que con mayor insistencia viene reclamando la reforma del modelo en vigor. Como muestras, la moción aprobada por el Congreso en 2021 a instancias de Compromís, con apoyo del Partido Socialista del País Valenciano, instando al Gobierno a presentar una propuesta de reforma y los recientes posicionamientos del presidente Mazón exigiendo “una excepcionalidad valenciana” por la constatada infrafinanciación que arrastra la Comunidad “desde hace dos décadas”, como demuestra el ser “la comunidad con peor financiación per cápita de España”, asunto en el que el presidente socialista Puig ya insistió, al ser una reivindicación de toda la sociedad valenciana.
Así, podemos concluir que la urgente reforma del modelo de financiación autonómica no solo es una exigencia legal, ni un compromiso electoral y de investidura para el Gobierno, sino una necesidad nacional sentida tanto por aquellos socialistas, como por populares que ejercen en esa España que está “más allá de la M-30″ madrileña. Refinanciar la deuda, al margen de esta negociación, sería un error grave.
Tenemos un modelo muy avanzado de financiación del Estado autonómico con tres patas principales: impuestos propios, participación en impuestos del Estado (con cierto margen de autonomía) y mecanismos de nivelación estatal, aunque limitados por el dudoso principio de ordinalidad. Pero la evidencia demuestra que el actual modelo es innecesariamente complejo; no aborda la integración adecuada de las comunidades en una Agencia Tributaria federal; y genera un resultado desigual por comunidades: no todos los españoles tienen la misma financiación para asegurarse servicios básicos.
Hay que reforzar los principios legales de suficiencia, autonomía y solidaridad, detrás de los cuales se encuentra el respeto a la diferencia (bilateralidad) sin privilegios y la garantía de igualdad entre españoles, como consagra la Constitución. Ni más, ni menos.
Jordi Sevilla es economista
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